El 21 de agosto de 2020, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández anunció la suspensión hasta fin de ese año del aumento de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Esta medida -sustanciada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020- definió como servicios públicos, esenciales, y estratégicos en competencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y como servicio público a la telefonía móvil.
En el contexto de pandemia, con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) la necesidad de conexión a internet se convirtió en una urgencia para que la ciudadanía argentina pueda continuar su vida, sobre todo estudio y trabajo, en el entorno digital. La creación del decreto se justificó en estos términos como una política concreta para un escenario extraordinario.
Las cooperativas y PyMEs que brindan estos servicios están siendo perjudicadas ya que no han judicializado el decreto 690, por lo que reciben de manera tardía autorizaciones por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para los aumentos de los abonos que resultan insuficientes para la sostenibilidad de los servicios. La medida afecta a las cooperativas y PyMEs, ya que algunas de las grandes licenciatarias del sector de las TIC recurrieron a amparos y medidas cautelares ante los tribunales judiciales para poder incrementar el valor de sus servicios y de esta manera evitaron ser alcanzados por las disposiciones del ENACOM.
En este contexto, COLSECOR, una entidad de primer grado integrada por cooperativas y pymes argentinas que brindan servicios de telecomunicaciones en 270 localidades de 21 provincias, se expresa a través de un comunicado:
La improvisación y el daño del decreto 690 del Gobierno nacional
Desde la promulgación de la decisión presidencial que estableció a las telecomunicaciones como servicio público esencial e instrumentó la intervención del Estado en la regulación de los precios, la integración cooperativa COLSECOR viene observando una sucesión de desaciertos en la aplicación práctica de las políticas que se impulsan desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Lejos de resolver los problemas estructurales de las comunicaciones en Argentina, se advierte el repetido fracaso y el consecuente daño ocasionado a la sostenibilidad de los servicios digitales de calidad que necesitan las personas y las familias que habitan en nuestras comunidades.
No se resolvieron las asimetrías existentes en un país que, todo indica, sigue siendo federal sólo en la formalidad constitucional. Hay una enorme distancia entre quienes ejercen las responsabilidades actuales de gobernanza y el entendimiento urgente de las equidades geográficas que requieren ser aplicadas para armonizar el hábitat en cada pueblo, en el que se desarrolla desde hace décadas, la obra cooperativa organizada por la gente, que se auto presta los servicios con esfuerzos propios y ayuda mutua.
La medida adoptada trajo incertidumbre a la mesa de trabajo de la autonomía cooperativa, instalando el desorden operativo y desacelerando la inversión. A ello debe sumarse un contexto inflacionario, que atenta contra las iniciativas productivas y extenúa las ideas de progreso que nuestro sector de la economía social demuestra con hechos en cientos de localidades en la Argentina profunda.
Nuestra Nación está siendo gobernada desde una perspectiva que parece marchar a contramano del declamado federalismo. En los hechos, lo complica y lo contrae generando un clima de pesadumbre, provocando saltos al vacío y rompiendo las fortalezas de proximidad de organizaciones locales que componen COLSECOR.
Es larga la saga de intentos realizados desde nuestra entidad para alcanzar la comprensión de los funcionarios sobre los actos sin fines de lucro de las cooperativas que generan capital social en las comunidades. Con pesar, avizoramos la evidencia del desinterés por el trabajo que desempeñan las asociadas que tienen el compromiso y la responsabilidad entre el conjunto de sus ciudadanías que se integran y pertenecen al proyecto colectivo.
Padecemos la dificultad de las autorizaciones regulatorias para las importaciones, que finalmente llegan de manera tardía y en cuentagotas, que no permiten modernizar las infraestructuras para brindar servicios sociales y culturales. La conectividad, hoy transversal a la productividad en todos los espacios de acción de las personas y familias, se encuentra en un estado de involución y restricción ante las crecientes demandas de consumos de banda ancha.
Siendo el sector de licenciatarios que no ha judicializado las demandas reparatorias de justicia, vivimos un momento límite. La vigencia del decreto más allá del contexto de emergencia por la pandemia durante el que fue concebido requiere de manera urgente un replanteo de fondo. Si ello no sucediera, la mezquindad política estaría ocupando el lugar del bien común.
Consejo de Administración de COLSECOR
Diciembre 2022
