El Gobierno proclama su intención de potenciar la (leve) recuperación económica pos-pandemia al tiempo que, en sentido contrario, promete disciplina fiscal y austeridad en el gasto público ¿Seguirá apelando a la emisión de moneda y bonos para financiar la recuperación económica?
En medio de la crisis desatada hacia adentro de la coalición gobernante tras el resultado de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado, y pese a que algunos funcionarios estuvieron en el “ojo de la tormenta”, entre ellos el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, el Ejecutivo cumplió en fecha con el envío al Congreso para su análisis y posterior aprobación del Proyecto de Ley General de Gastos y de Cálculo de Recursos de la Administración Pública Nacional para el año 2022, más conocido como Ley de Presupuesto Nacional, que contiene los lineamientos que guiarán la acciones de la gestión del presidente Alberto Fernández el año entrante.
De acuerdo con el texto, se prevé para el año entrante un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, la mitad de lo previsto para este año, con lo cual se sobrepasará el nivel de actividad de la pre-pandemia, ya que terminará de compensar la retracción del 9,9% del año pasado.
También se espera una inflación del 33%, es decir 12 puntos porcentuales debajo de la previsión para el cierre de 2020, que debió ser revisada al alza promediando el primer semestre ya que el presupuesto en curso la ubicaba en un 29%.
Las proyecciones para el próximo año se complementan con alzas en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de 9.300 millones de dólares y con un tipo de cambio nominal de 131,1 pesos por dólar para diciembre 2022.
El trabajo contempla la actualización del escenario de este 2021 que, de acuerdo a las "proyecciones presupuestarias conservadoras", preveía para este año un crecimiento de 5,5% del PBI pero que ahora se ratifica crecerá en torno al 8%, con el consumo privado de un 9%, consumo público de 5,2% y la inversión en 31,1%.
En efecto, el contexto marca que algunos sectores de la actividad ya están saliendo de lo que fue la profunda contracción desatada por las restricciones impuestas para controlar el avance de la pandemia de coronavirus.
Contextos y desempeños
De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), la actividad económica avanzó 2,5% en junio pasado (último dato disponible) hasta un nivel similar al de marzo de 2021 y 10,8% con relación a un año atrás. Asimismo, el desempeño de la industria manufacturera, si bien mostró un traspié en julio pasado en relación al mes anterior de -2,6%, exhibió un crecimiento de 11,7% en el sexto mes del año en comparación a junio de 2019; y en el primer semestre de 2021 aumentó 4,6% respecto al mismo período de dos años atrás; con 23 mil puestos industriales más que a finales de 2019.
Por su parte, la inversión creció 14% en el primer trimestre de 2021 respecto a 2019, impulsando el empleo en los fabricantes de bienes de capital (2.200 empleos formales más que en 2019, con un muy buen desempeño de la industria de maquinaria agrícola, que creó 1.200 de esos empleos).
En tanto, el comercio exterior alcanzó en los primeros siete meses de 2021 el mayor crecimiento en ocho años: Las exportaciones de julio se ubicaron entre los mejores registros de ese mes de la historia del comercio exterior; y el saldo comercial de los primeros siete meses fue superavitario en 8.310 millones de dólares. La actualización del escenario de 2021 detallado en el Proyecto de Presupuesto hace referencia también a un aumento de las exportaciones del 12,2% para todo este año, con un saldo comercial de 12.876 millones de dólares.
Sin embargo, otros sectores de la economía, tales como Transporte, Hotelería, Turismo, Ocio, Esparcimiento, Espectáculos, entre otros, siguen necesitando aún de la ayuda del Estado para sobrevivir luego de que muchas empresas y trabajadores quedaran en el camino porque no pudieron atravesar las restricciones de la cuarentena.
Esas ayudas que otorgó el Estado generaron un incremento de 40% del gasto público durante los meses más estrictos de la pandemia.
En ello coincidió la economista y analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Florencia Gutiérrez. “En el medio de la cuarentena, durante los meses más complicados, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino caía al 22% interanual. En ese contexto, el Gobierno otorgó ayudas como las del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a las empresas, o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a los trabajadores. Entonces, el gasto se expandió en casi un 40% en términos anuales”, dijo y agregó: “A medida que la economía empieza a recortar la tasa de caída, el gasto empieza a ir a niveles más normales, por decirlo de alguna manera”.
En efecto, el Presupuesto contempla para 2022 un déficit primario del 3,3% y un resultado financiero del 4,9% del PBI, algo mucho menor de lo que sería sino se hubiera concretado la reestructuración de la deuda en 2020 y que explica el nivel de reducción del déficit junto a la recuperación de los ingresos fiscales.
Sin embargo, no queda claro cómo hará el Gobierno para armonizar las cuentas y lograr que el futuro sea “con todos”, tal y como reza su eslogan de campaña.
A decir del ministro de Economía, Martín Guzmán, durante la visita que realizó a Córdoba el pasado 1 de septiembre pasado, “la austeridad fiscal” que se observó durante el primer semestre de este año se mantendrá el próximo.
El funcionario sostuvo ante un centenar de dirigentes empresariales, empresarios y políticos que su objetivo es “tranquilizar la economía”, para lo cual anunció un descenso de la inflación interanual y mensual en agosto. “Será menor al 3%”, dijo anticipándose a lo que finalmente fue 2,5% según el Índice de precios al consumidor (IPC) del Indec.
A decir de otros funcionarios nacionales, el “Presupuesto de la post pandemia” -según lo definió el ex jefe de Gabinete, Santiago Cafiero- estará “orientado a la reactivación económica” y a la generación de empleo -de acuerdo con declaraciones del todavía ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En efecto, el Informe de Avance del Presupuesto 2022 de la Oficina Nacional de Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, refiere que el año que viene “se buscará consolidar el sendero de crecimiento económico”, para lo cual será “imprescindible contar con un esquema macroeconómico que brinde los incentivos adecuados para estimular la agregación de valor, la creación de empleo y la sostenibilidad del sector externo”.
“Hitos como la reestructuración de deuda en moneda extranjera, la reconstrucción progresiva del mercado de deuda en pesos y el impulso de las exportaciones como fuente genuina de divisas son pasos fundamentales en la restitución de la estabilidad. Durante el año 2022 se deberá seguir avanzando en el proceso de normalización macroeconómica iniciado en 2020 y la profundización de la agenda de estímulo a la producción y el empleo. En el plano presupuestario, estos objetivos suponen una política fiscal progresiva, anti cíclica y sostenible”, reza el informe.
¿Qué implica una política fiscal progresiva, anti cíclica y sostenible? Según su definición, la política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación.
Por su parte, el principio de progresividad, en derecho tributario y hacienda pública, implica que el tipo de gravamen es función creciente de la base imponible. Esto es, a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, crece el porcentaje de su riqueza y lo que el Estado le exige en forma de tributo.
En cuanto a lo anti cíclico o contra cíclico, consiste en el conjunto de acciones gubernamentales dedicadas a impedir, superar, o minimizar los efectos de los ciclos económicos marcados por las oscilaciones en las que a una fase de expansión (crecimiento) le sigue otra contracción (crisis) y otra de expansión y así sucesivamente.
Finalmente, una política fiscal sostenible hace referencia a la suficiencia de ingresos presentes y futuros con los que cuenta un Estado para hacer frente a los gastos actuales y los esperados, sin incurrir en un continuo incremento de la deuda pública en relación con el Producto Bruto Interno (PIB).
Parte de la solución o del relato
Estas definiciones por parte del Gobierno de lo que consta en el Proyecto de Presupuesto son, a decir del doctor en economía y candidato a senador por la provincia de Córdoba por el partido demócrata, Roque Fernández, “parte del relato” del Kirchnerismo.
“Parte de su relato político es que le va a cobrar más impuestos a los ricos, pero cuando uno ve que las obras, en realidad, se financian emitiendo dinero y bonos, lo que queda al descubierto es que quienes pagan la cuenta son precisamente los más pobres, quienes más sufren la inflación y el endeudamiento del Estado”.
Seguidamente, agregó que “los programas anti cíclicos los pueden tener aquellos países que tienen reservas internacionales de sobra y pueden salir a aumentar el gasto indiscriminadamente para estimular la demanda. Pero un país que está al borde del default, que no tiene acceso a mercados internacionales y del que no sabemos cuándo va a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no tiene margen para una política anti cíclica”, refirió en relación a Argentina.
Muy por el contrario, la economista y analista Florencia Gutiérrez, consideró que “el Gobierno apuesta a hacer una política fiscal más contra cíclica después de haber llevado adelante una expansiva, a fin de mantener el nivel de recuperación que se viene dando”. Del mismo modo, -indicó- que la progresividad se refiere a un presupuesto que marque una “fuerte impronta” a estimular la mejora en la actividad económica “que se está dando tanto en el sector industrial, como en el que tiene que ver con la obra pública y la inversión social”.
Esos sectores están mencionados en el Informe de Avance del Presupuesto, en donde se refiere también que, durante el 2022, el Gobierno nacional orientará los recursos hacia políticas que procuren “el dinamismo productivo, la inversión pública y privada y la generación de empleo”.
Para ello, “se impulsarán las sinergias productivas con el sector privado y se fortalecerán los programas de promoción para la productividad y competitividad de las empresas, con prioridad en las MiPyMEs. El fortalecimiento productivo y la inversión se traducen en mayores niveles de producción y exportaciones, condiciones necesarias para el desarrollo sostenible e inclusivo”, se indica allí.
Así, el texto del Ministerio de Economía marca como prioridades, en líneas generales, un refuerzo en el gasto en obra pública y en proyectos de inversión, el financiamiento en dólares a través de préstamos de organismos internacionales de crédito y bancos de desarrollo. También se compromete a mantener hasta fin de este año las medidas de asistencia para sectores aún impactados por la pandemia, políticas para la reconversión de los planes sociales en empleo, y mantener un presupuesto con perspectiva de género.
Entre los organismos internacionales nombrados para conseguir financiamiento están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (Intal), el Grupo de los 24 (G24) y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII).
¿Será el Presupuesto 2022 la síntesis dicotómica entre la austeridad y un Estado presente?
