La cifra es contundente. En un año casi un millón de hogares argentinos se incorporaron a la asistencia social. Durante ese tiempo recibieron algún tipo de subsidio o ayuda en dinero estatal -ya sea nacional, provincial o municipal- para afrontar sus necesidades básicas.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el Indec -la fotografía estadística más nítida sobre la realidad social y económica argentina- en el último trimestre del 2020, con la cuarentena alcanzando su primer pico de contagios y con las restricciones más severas aún vigentes, 2.363.411 hogares debieron recurrir a la asistencia estatal.
Se trata de un 72 por ciento más respecto del 2019, cuando 1.368.549 familias estaban en esta situación. Y del 25 por ciento de los hogares que mide la EPH en 31 aglomerados urbanos de todo el país con más de 50 mil habitantes.
No obstante, si se toman el conjunto de programas que incluye el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la tarjeta Alimentar y la batería de programas no monetarios que distribuyen las provincias -principalmente bolsones de comidas o programas de alcance masivos como boletos gratuitos- hay estimaciones que sostienen que casi el 80 por ciento de los argentinos reciben de manera directa o indirecta algún tipo de beneficio estatal.
En paralelo y a pesar de las prohibiciones a los despedidos. Creció el índice de desempleo y la cantidad de personas cuentapropistas aumentaron. Según el Indec, la tasa de desocupación para el cuarto trimestre del año pasado era del 11 por ciento.
Con este escenario surgen una serie de preguntas. ¿Cómo se puede revertir esta ecuación? ¿Qué impacto tienen las leyes laborales? ¿Cómo se puede generar trabajo de calidad? ¿Cuáles son los sectores que pueden ayudar a recuperar el mercado del trabajo?
Consecuencias
De acuerdo con un estudio de la consultora Idesa en 2020, la cuarentena arrasó con 200 mil empleos formales -inclusive con la imposición de la doble indemnización y la prohibición de despidos luego- y 700 mil empleos no formales.
Para Virginia Giordano, economista de esa entidad, el confinamiento ha traído una serie de distorsiones “gravísimas” en el mercado laboral tales como que el índice de desempleo prácticamente no bajó pero la inactividad alcanzó valores récord.
“La batería de planes sociales desalientan el trabajo formal. No es que la gente no quiera trabajar porque con las asistencia sola no le alcanza, entonces tiene que buscar un empleo informal para completar ese ingreso, que tampoco está consiguiendo”, apunta la economista y agrega que este contexto está acompañado de una disminución del salario real y del aumento de la inflación y el costo de la canasta básica.
“Este escenario -aumento de la informalidad- tiene consecuencias en el corto y en largo plazo, sobre todo en el sistema previsional ya que después hay gente que se suma con moratorias o que no hizo aportes. Esto afecta a todo el sistema y lo desfinancia”, señala.
El informe de Idesa concluye con una observación sobre el contexto político y las leyes laborales. “Un mercado laboral con más gente en la inactividad, en el desempleo y en la informalidad pone en riesgo el funcionamiento de la democracia. Más que prohibiciones a despidos, se debe reenfocar la política laboral haciendo hincapié´ en la creación de empresas y empleos registrados en el sector privado”, sostiene.
Alternativas
Para la economista del espacio Avancemos por el Progreso Social (APPS) Luciana Romero una de las grandes preguntas de la economía argentina que se debe responder de cara al escenario postpandemia es precisamente cómo incorporar al mercado del trabajo formal al sector informal o a quienes reciben algún tipo de asistencia.
“La asistencia social no deja de ser la otra cara de una insuficiencia de absorción del mercado de trabajo sobre la población económicamente activa. Entonces el Estado viene a cumplir un rol de asistencia para los ingresos”, remarca.
Y agrega: “La crisis de empleo está relacionada directamente con la capacidad productiva del país. Argentina hace 10 años que no crece, eso genera una crisis de empleo y a partir de ahí el Estado comienza a estar presente en lugares de la economía que son bastante frágiles, como es el financiamiento de pequeños productores. Ahora bien ¿eso crea empleo de calidad? La respuesta es no. Lo que te da es una economía con muchísimos más agentes y unidades productivas que son de muy pequeña envergadura”.
Sobre la posibilidad de una recuperación Romero señala dos tipos de posibilidades, por un lado, el sector tecnológico y por otro, el de la construcción y la industria, que requiere mano de obra menos calificada. “La clave está en llevar al segmento más bajo proyectos productivos con movilidad ascendente”, apunta.
Críticas
El licenciado en economía Franco Jular apunta que no alcanza con la asistencia del Estado para suplir la ausencia de desarrollo del sector privado.
“Ni la asistencia monetaria ni el complemento con ayudas no monetarias han permitido disminuir los niveles de pobreza, por el contrario este enfoque tiende a aumentarla en el largo plazo. Párrafo aparte merecen las consecuencias de financiar con emisión monetaria dicha asistencia”, apunta el economista.
Según su entender uno de los problemas es que en “los últimos 10 años en Argentina sólo crecieron sostenidamente el empleo público y el cuentapropismo y cayeron el empleo privado registrado y la cantidad de trabajadores autónomos”.
“La situación expone el fracaso por parte de quienes gestionan el Estado en dos aspectos. Por un lado la incapacidad de proveer condiciones para la creación de empleo privado a partir de la falta de reglas claras y sostenibles a lo largo del tiempo. Argentina es un país casi inviable para abrir una empresa nueva a partir de la elevada presión impositiva y el ítem incertidumbre”, sostiene y apuntar que se deben conjugar los esfuerzos del Estado y sector privado para que no haya una “nueva década perdida”.
Cuentrapropismo
De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo de la Nación durante el primer trimestre de este año se observó una leve recuperación del empleo en el sector privado que se volvió a contraer con la llegada de las nuevas restricciones en abril.
Según el informe mensual sobre la situación y evolución del empleo registrado en la Argentina hay 11.980.700 trabajadores distribuidos entre el sistema privado, la administración pública de todos los niveles o que se corresponden con la categoría de autónomos, monotributistas o monotributistas sociales.
La cifra es un 0,3 por ciento más baja que el año pasado. No obstante, los especialistas señalan que este rebote muestra una realidad más compleja, que es la modificación del mercado del trabajo y los nuevos tiempos.
Siguiendo los números oficiales, en el sector privado esa caída interanual es del 1,6 por ciento, inclusive en un sector que estuvo impedido de despedir durante gran parte de la pandemia. Mientras que los monotributistas aumentaron un 3,2 por ciento y el monotributo social un 0,4 por ciento.
Acompañando a estos datos desde Idesa remarcan que la única forma de empleo que creció es el cuentapropismo.
“El caso típico en el último año fue el empleado en negro que perdió su empleo, pasó a la inactividad y, al reabrirse la actividad, buscó trabajo como cuentapropista” explicaron desde la consultora. La mayoría de estos trabajos requieren de baja calificación: elaboración de alimentos (16%), construcción (13%), peluquería y belleza (12%), tiendas de alimentos (4%) y jardinería (4%).
