Desde el retorno de la Democracia a esta parte, todos los gobiernos nacionales han creado, ampliado o gestionado algún tipo programa de asistencia para contener la demanda social y la falta de trabajo.
Su relación con este tipo de herramientas caracterizó a cada gestión. Inclusive los rasgos de cada uno dan cuenta de la realidad de ese momento del país y del tipo de administración que llevaron adelante.
Sin embargo, durante casi 40 años, la pobreza creció en todo el país. Y pasó del 14 por ciento en 1985 a alcanzar el 44,2 por ciento según el reciente estudio realizado por la Universidad Católica Argentina y Cáritas.
Para el investigador del Conicet, Martín Maldonado este crecimiento demuestra un problema estructural en la forma de abordaje sobre la gestión de la asistencia social, que requiere un cambio organizativo, de mentalidad y una concepción distinta sobre el nudo de los problemas.
“Desde el 2007 en adelante el gasto social ha ido creciendo y representa hoy más del 80 por ciento del Presupuesto Nacional tomando en cuenta todas sus formas. Es por lejos el gasto más significativo del Gobierno Federal y cada vez hay más pobres. Entonces más allá de la voluntad política que tenga el gobierno de turno nos enfrentamos a esta ecuación en materia social: tenemos problemas del siglo XXI, herramientas del siglo XX y mentalidad del siglo XIX. Problemas digitales y respuestas analógicas”, explica.
Historia
A modo de repaso en casi 40 años se implementaron en la Argentina diferentes tipos de asistencias con características diferentes, pero ninguno pudo solucionar el problema estructural de la pobreza.
Raúl Alfonsín impulsó el Plan Alimentario Nacional (PAN) que consistía en un programa de asistencia alimentaria y sanitaria masiva. La Caja PAN, como se conoció en ese entonces, terminó alcanzando a 1,2 millones de hogares y se cortó en el siguiente gobierno.
La asistencia social no fue precisamente una de las improntas de la gestión de Carlos Menen, que se caracterizó por una política de recorte del gasto público. Hacia 1997 más de 200 mil argentinos tenían el programa Trabajar I, la respuesta que surgió tras los primeros piquetes y el aumento de la desocupación.
Apremiado económicamente, la administración de Fernando De la Rúa contrajo las asistencias sociales a niveles únicos desde el retorno de la democracia. La crisis que devino luego dejó un tejido social desmembrado. Durante la gestión de Eduardo Duhalde se instituyó el Programa de Jefes y Jefas de Hogar que alcanzó a 2 millones de personas y que establecía una contraprestación.
Ya en tiempos más cercanos durante el kirchnerismo se implementó en 2009 la Asignación Universal por Hijo (AUH). Consiste en una ayuda monetaria para los menores de 18 años con padres bajo la línea de pobreza y sin cobertura social, que luego se fue extendiendo a embarazadas y personas con discapacidad. En 2015 este beneficio se extendía a 3,5 millones de argentinos.
El Gobierno de Cambiemos, atento a los resultados en materia social que dio este programa, continuó con esta política, amplió el alcance y también actualizó los montos.
Antes de la pandemia, el Gobierno de Alberto Fernández implementó la Tarjeta Alimentar como un aporte extra para cubrir la necesidad alimentaria. Con la llegada del Covid-19 surgió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que alcanzó a 9 millones de hogares sin cobertura social o que perdieron sus fuentes de ingreso. El debate por estos momentos es si el IFE es algo excepcional o se convierte en algo permanente.
Soluciones
Para Maldonado en los últimos 40 años “pasaron gobierno de todos los colores políticos, de centro izquierda a centro derecha, de coalición, pero la realidad es que hay más pobres hoy que hace cuatro décadas atrás”, y apunta que se tiene que dejar de ver el problema de la pobreza desde una óptica decimonónica que “romantiza o demoniza” a los pobres. “El foco está en que son personas a las que se le ha vulnerado su derecho.
“Los problemas que tenemos en el siglo XXI no encajan en ninguna de las herramientas que tiene el estado como puede ser la violencia, la migración o la falta de acceso a Internet. El Estado atiende de lunes a viernes de 8 a 6 y los problemas ahora son 24 por 7”, apunta.
