"Argentina es uno de los países en América Latina donde el derecho laboral ha arraigado más fuerte"

“En las ciudades me mareo un poco, tanto viviendo como haciendo historia”, dice Juan Manuel Palacio. El campo es su ámbito de investigación, y dentro de ese espacio los actores menos considerados por la historiografía, como los trabajadores rurales. Doctorado en Historia en la Universidad de California, Berkeley, ha publicado libros de referencia para los especialistas como La paz del trigo (2004), donde recreó la historia económica y social del partido de Coronel Dorrego desde 1880 hasta 1945, y La justicia peronista. La construcción de un nuevo orden legal en la Argentina (2018), referido a los orígenes del derecho laboral en el país.

Nacido en Buenos Aires en 1964, Palacio es investigador del Conicet y profesor titular de Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de San Martín. El estudio de la historia rural fue también el punto de partida para introducirse en la historia legal y judicial latinoamericana, de lo que dio cuenta, entre otros trabajos, en Desde el banquillo, escenas judiciales de la historia argentina (2021), publicación colectiva de la que fue director. Actualmente dirige el proyecto de investigación Trabajadores, experiencia de la ley y usos de la justicia. Argentina 1930-1970, que reúne a historiadores de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, La Pampa, Mendoza, Tucumán y Jujuy, y acaba de recibir el segundo premio Nacional de Historia por La justicia peronista, un tema al que le ha dedicado los últimos diez años.

“Cuando estudié en Berkeley tomé un curso con un profesor muy renombrado de historia europea, Jan de Vries, que hacía historia rural del siglo XVIII en Holanda -cuenta Palacio-. De Vries trabajaba sobre la época de la pre revolución industrial y estudiaba los patrones de consumo de los campesinos tomando como fuente los inventarios de huérfanos: es decir, reconstruía de forma arqueológica la vida material de los campesinos en base a registros de bienes que tomaba el Estado. Como siempre me interesó saber cuán prósperos fueron los inmigrantes en la Argentina agroexportadora, se me ocurrió que a través de embargos en procesos judiciales podía reconstruir la vida material de arrendatarios o chacareros”.

-¿Cómo se desplegó la investigación en el campo bonaerense?

-Empecé a recorrer como un viajante los partidos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo la zona del trigo, y fui a mirar expedientes en los juzgados de paz, donde los había. No encontré lo que fui a buscar, porque no era tanta la cantidad de embargos y porque además los archivos argentinos no son los europeos, pero lo que descubrí fue la riqueza del archivo judicial. Me empecé a familiarizar con los archivos judiciales y hasta el día de hoy no los he abandonado, son mi fuente por excelencia. Empecé entonces a ver las causas de las disputas y cómo se arreglaban, por qué iban los chacareros o los peones a los tribunales, qué problemas tenían. No había muchas leyes que regularan las relaciones de arrendamiento, porque las primeras son de los años 1921 y 1932 y ambos tuvieron grandes defectos y prácticamente no se aplicaban, y ni que hablar de los contratos laborales, que eran de palabra. ¿Por qué no se agarraban a los tiros como en otras regiones de América Latina? La hipótesis de La paz del trigo es que había instituciones como la Justicia de Paz y una cultura legal de las sociedades locales que sirvieron de base para mantener la paz social y lograr que los arreglos de palabra funcionaran y fueran validados en los ámbitos judiciales de la época, que eran ámbitos de frontera, porque los jueces no eran abogados y se dedicaban más bien a conciliar. Esas instituciones de frontera, de baja estatalidad y de fuerte impronta local, sin embargo fueron claves para el desarrollo agropecuario pampeano.

-¿Qué sucedió con ese orden ante la irrupción del peronismo?

-Hay dos grandes cambios respecto de esa época. “La paz del trigo” funcionó muy bien hasta el peronismo. En la medida en que el peronismo significa un avance claro, decisivo, drástico del Estado sobre el territorio nacional, esas instituciones locales cayeron en decadencia. La creación de la justicia del trabajo y otros fueros, durante el peronismo, cambió ese escenario de frontera: ya fue el Estado nacional el que pudo controlar y sobre todo regular las relaciones laborales en el campo.

-La región pampeana y la Patagonia, en este caso sobre todo respecto a los latifundios, tienen mucho trabajo de los historiadores. Otras zonas del país, como el noroeste, reciben menos atención.

-Desde hace poco me interesé por construir esas historias a niveles nacionales, en otras regiones. Dirijo un equipo de diez investigadores de distintas provincias, con el cual estudiamos la aplicación del estatuto del peón en distintas regiones, en la zona de la forestal, de los viñedos de Mendoza, el azúcar en Tucumán, la yerba mate en Misiones. Efectivamente hay menos trabajo sobre algunas regiones, sobre la zona del quebracho hay estudios tanto históricos como antropológicos pero nada que ver con el volumen de trabajo que han concitado la región pampeana y algunas economías regionales: por ejemplo, el azúcar en Tucumán. Y trabajos históricos con fuentes en la justicia laboral hay mucho menos. Con el grupo queremos ver cuál fue la función de la justicia laboral y en cuánto cambió las relaciones de trabajo, sobre todo en ámbitos rurales de distintas partes del país. Creemos que cambió mucho, sobre todo en términos de la conciencia de los derechos por parte de los trabajadores y estamos tratando de ver cuánto les cambió la vida material.

-¿Pero esa conciencia de derechos es una cuestión del pasado o está presente?

-Está muy vigente. Argentina es uno de los países en América Latina donde el derecho laboral ha arraigado más fuerte. Hasta hace poco los trabajadores le ganaban sistemáticamente los juicios a los patrones, si es que todavía no sucede. Los trabajadores argentinos lo saben, por supuesto. Pero que la conciencia esté extendida no quiere decir que no haya habido retrocesos y que no haya precarización laboral porque la necesidad hace, antes como ahora, que la gente acepte cosas que están por fuera de la regulación.

-¿Por qué los trabajadores rurales no suelen recibir demasiada atención en los estudios históricos?

-Eso tiene varias explicaciones. La historia del trabajo, en la Argentina como en tantas partes del mundo, ha sido en general la historia del trabajo industrial. A partir del siglo XIX lo que acaparó la atención fue la revolución industrial y en muchos países -la Argentina es uno de ellos- sobre todo la historia del movimiento obrero. Tenemos muchos estudios sobre el anarquismo, sobre el sindicalismo, sobre la CGT, mucha historia política y sindical de los trabajadores. Sabemos muy poco en cambio de los trabajadores rurales y de sus condiciones de trabajo incluso para la región pampeana: cómo vivían, cuánto cobraban, cómo les fue en tal período o en otro por ejemplo a los peones ganaderos de las estancias, y hablamos de la producción más importante del país. El trabajador rural quedó marginado.

-Y sin embargo el trabajador rural parece ejemplar de condiciones de trabajo que suelen investigarse en las ciudades ¿no?

-En América Latina, hasta la llegada de los Estados intervencionistas en los 30 y 40 y aun después en países como Brasil, el Estado no se metió con las relaciones laborales. Un razonamiento esquemático y ya superado diría que el Estado es aliado del capital, sobre todo cuando el capital es clave para el desarrollo del país, por ejemplo en los estados cafetaleros de San Pablo o de Colombia o con los productores de cobre de Chile, y entonces el Estado trata de no imponer condiciones onerosas a los costos laborales. Ahora, también es cierto que conjuntamente con el desinterés estratégico muchas veces el Estado tampoco tuvo la capacidad de regular al sector rural, por ejemplo en Brasil, donde el Estado central no fue muy fuerte. Y hay otras explicaciones como la racial: en Bolivia, las primeras leyes laborales sencillamente excluyeron a los trabajadores rurales, en general porque eran indios.

-¿Cómo se planteó la situación en Argentina?

-En Argentina el problema es que las leyes laborales son de aplicación provincial. Si el Estado nacional sanciona la jornada de 8 horas, para ser aplicada en Mendoza la provincia tiene que sancionar una ley o una reglamentación. Y de hecho las leyes laborales demoraron en llegar a las provincias. Una ley tan importante como la de accidentes en el trabajo recién se aplica para los trabajadores rurales a partir de 1940, cuando la ley es de 1915. Por eso fue tan importante el peronismo. Perón se definió además como enemigo de la oligarquía terrateniente, por lo que se preocupó especialmente por ganar el favor de los trabajadores rurales y de los chacareros arrendatarios. Políticamente él tenía proyecto de intervenir en el sector rural, cosa que no pasó con Getúlio Vargas en Brasil.

-En Desde el banquillo analizás el reclamo de un jornalero jujeño en 1951: un caso donde la historia rural vuelve el archivo judicial. El libro, por otra parte, recorre la historia argentina y al mismo tiempo la historia de la Justicia.

-Fue uno de los objetivos del libro: mostrar distintos momentos de la historia argentina a través de la lente de un juicio, desde la colonia hasta el siglo XXI.

-¿Qué continuidades observarías en la historia de la Justicia en la Argentina?

-Contrariamente a lo que dice Carlos Nino, y que declara el título de su libro Un país al margen de la ley, los juicios muestran que Argentina es un país lleno de ley. “Al margen de la ley” puede decir dos cosas, que hay ley y no es respetada o que no existe ley. En el segundo caso, creo que no es así. Argentina es un país que tiene una larga tradición de conciencia de la ley por parte de la sociedad y de habilidad y gimnasia en el uso de la ley. Me animaría un poco más y diría que también tiene una tradición de confianza en las instituciones jurídicas. Puede parecer paradójico mirado desde hoy, pero se puede ver por ejemplo en los casos de juicios por lesa humanidad o en la causa Mendoza, por delitos ambientales en la cuenca Matanza-Riachuelo, que sigue abierta. El hecho de que la gente vaya a la Justicia es muy significativo. Si la justicia, como diría una postura marxista, fuera solo un instrumento de dominación, como en general lo es la ley laboral también, un instrumento para prevenir males mayores y para el control social, sería normal que la gente desconfiara. Si la gente estuviera convencida de que es un instrumento hecho para perjudicarla, no lo usaría tanto. No niego los problemas que tiene la Justicia al día de hoy, pero esa constante me parece una interesante paradoja si tengo que señalar un rasgo común a largo plazo.

-En general se manifiesta una desconfianza arraigada en la Justicia.

-Por supuesto, pero ese tipo de cosas también ocurría en el pasado. No digo que el desprestigio actual de la Justicia sea una cosa inventada ni que la gente piense hoy bien de los jueces. Quizá los índices de confianza en la Justicia sean hoy mucho peores. Pero las críticas sobre los jueces y el sistema judicial se pueden encontrar en cualquier época. La justicia del trabajo que creó Perón y sus jueces fueron por ejemplo muy criticados, sobre todo por la oposición, había un desacuerdo general.

-En los juicios no solo hablan los jueces y los abogados. Hay una especie de conversación social en la que la sociedad expresa sus demandas y sus expectativas respecto a la Justicia, como sucede con procesos actuales. ¿Qué destacarías al respecto?

-Ese es otro elemento fuerte de continuidad: la participación de la sociedad en los juicios. Se ve ya en el juicio de residencia del virrey Pedro de Cevallos. En la época colonial, cuando un funcionario terminaba sus funciones, se sometía a un juicio en el que se revisaba su desempeño en el cargo. En el de Pedro de Cevallos, como lo ha mostrado Darío Barriera, el procedimiento era que venían funcionarios de España y parte de la evaluación del funcionario se hacía con testigos que formaban parte de la sociedad: comerciantes, vecinos. La gente también intervino en el juicio a los asesinos de Facundo Quiroga sobre todo al final, de una manera cruenta, participando del castigo en la plaza pública. El caso Castruccio, un inmigrante que concibe un plan maquiavélico para matar a su criado y cobrar una herencia, fue seguido como demostró muy bien Lila Caimari por un público ávido de noticias judiciales en 1890. Desde la colonia podemos trazar entonces una línea de continuidad en la gimnasia judicial de la sociedad. Ahora, tampoco me parece que sea el antecedente de lo que pasa en el mundo de hoy donde es muy fácil hacer una campaña en favor de la pena máxima. A fines del siglo XIX había ya una prensa y un público en torno a los casos judiciales, pero eso no tiene nada que ver con el nivel de masificación que puede adquirir un juicio mediático. Hay una cuestión de escala distinta.

-¿Qué es lo que se ha agudizado, de entonces hasta ahora?

-La toma de partido tan generalizada, que hoy se puede construir de un día para el otro. En principio uno no sabe nada sobre un caso y de repente no solo sabe sino que tomó partido.

-El juicio a las Juntas Militares, otro proceso relevante en la historia judicial argentina, vuelve a actualizarse a partir de la película de Santiago Mitre. ¿Cómo lo analizás?

-Más allá de que la película no se hizo con propósitos altruistas y de las críticas que pueda merecer, hace bien retomar el tema para las generaciones más jóvenes. También le hace bien a la Justicia saber que en un momento hubo un juicio que fue bastante prolijo y que se llevó adelante en momentos difíciles. El juicio a las Juntas mostraría las continuidades, tanto de la participación de la gente como de mostrar una confianza en la cultura legal del país y en que la Justicia puede resolver cosas, aun las más graves.

-En un artículo planteás que “los historiadores de la ley y la justicia no podemos evitar hacer historia política”. ¿Cómo interviene la política en la construcción del pasado y en relación a la búsqueda de la verdad histórica?

-En la historia, y sobre todo en el ámbito judicial, lo que podemos investigar es la verosimilitud más que la verdad. Las verdades se revisan, son relativas al contexto histórico. Lo que vale, para los historiadores, es la interpretación. Una verdad, aunque sea una verdad como una roca, decir “San Martín cruzó los Andes” por ejemplo, no quiere decir nada sin una interpretación. Y en el fondo, para que se sostenga en una ciencia blanda como la Historia, un argumento tiene que ser verosímil en el contexto. Como decías antes, y no te contesté, en los juicios no hablan solamente los jueces y los abogados: también hablan los acusados y los defensores, discuten la ley, discuten circunstancias, condiciones agravantes o atenuantes de la pena. Ese juego tiene un límite, que es lo verosímil. Y lo verosímil es absolutamente histórico. Cuando digo verosímil quiero decir que pertenece a un lenguaje y a un tiempo. En ese sentido los juicios hablan de lo que se entiende como verdadero en cada momento. Ante un gesto que hoy puede ser considerado un acoso laboral, por ejemplo, no importa si la verdad es que también era acoso hace cuarenta años. Está igual de mal hoy como hace cuarenta años, pero lo importante para nosotros es si esa situación merecía una condena social o una condena judicial. El historiador no puede indignarse. Si los trabajadores no ganaban los juicios antes del peronismo no era porque no tenían razón o porque no los explotaban: era porque no había leyes. No importa que sea verdad que fuera una explotación. Y detrás de la obtención de los derechos hay una lucha política que se expresa en las calles, con trabajadores movilizándose, huelgas, muertes de trabajadores, disputa parlamentaria, eso va construyendo leyes y por lo tanto va construyendo nuevas verdades: los trabajadores tienen que ser protegidos por el Estado. En el siglo XIX primaba el Código Civil donde el trabajo era un contrato entre iguales y no había problemas si alguien quería trabajar de sol a sol. El gran cambio del derecho laboral del siglo XX es que el contrato laboral ya no es considerado entre iguales sino entre alguien que es poderoso y otro que es débil frente al patrón y al que el Estado debe proteger. Por eso los derechos laborales son irrenunciables.