Es el sector más feminizado y, al mismo tiempo, representa la franja de mayor informalidad y los salarios más bajos de la economía argentina, con una lenta recuperación del nivel de empleo, tras el impacto de la pandemia. A pesar de contar con más políticas de protección en los últimos años, y los cambios sociales que hubo en relación al trabajo doméstico, las trabajadoras de casas particulares conviven diariamente con “paredes de cristal”.
Actualmente, el sector de casas particulares en nuestro país emplea cerca de 1,4 millones de personas. Se trata de una actividad prácticamente realizada por mujeres (99,3%) y con una alta tasa de informalidad (78,1%). Un reciente informe de Naciones Unidas (Iniciativa Spotlight) y del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indagó más allá de esos datos y registró las experiencias y percepciones de trabajadoras “domésticas” argentinas, que hoy son las más vulnerables del mercado laboral.
Trabajo para mujeres (y en negro)
Un punto central desde dónde observar el trabajo en casas particulares es partir de un escenario más macro: la desigualdad de género en Argentina es un problema estructural. Cómo está conformado el mercado laboral en nuestro país dice mucho de las barreras invisibles que impactan sobre el sector femenino: cinco de cada 10 mujeres participan del universo productivo, pero no lo hace en los sectores más competitivos y dinámicos que generan una reactivación económica. En cambio, están representadas en lo que se llama la economía del cuidado: servicio doméstico, enseñanza, servicios sociales y salud, administración pública, recursos humanos. Es lo que se conoce como “paredes de cristal”, una segmentación a partir del mito de que hay “trabajos para hombres y trabajos para mujeres”. Ese escenario no hace más que reproducir estereotipos en torno a las cualidades propias de lo femenino y lo masculino.
A su vez, la distribución de tareas domésticas en Argentina está inequitativamente distribuida dentro de los hogares. El cuidado está muy familiarizado (y feminizado). Durante el periodo de aislamiento obligatorio por la pandemia ese escenario se exacerbó, lo que llevó a las mujeres a tener “doble jornada laboral”: las horas de su trabajo productivo, en aquellos casos en que continuaron trabajando desde la virtualidad y el aumento de la carga de las tareas domésticas y de cuidado.
“No hubo una distribución equitativa, incluso, cuando gran parte de los integrantes estábamos dentro del seno familiar. Y esa situación es una de las explicaciones para la brecha de casi 20 puntos entre varones y mujeres en el nivel de participación de la tasa de empleo. El problema es justamente no tener tiempo porque te abocas a las tareas no remuneradas. A su vez, no a todas las mujeres nos impacta de la misma manera sino a aquellas que tienen niños y niñas a cargo y aquellas que están en sectores socioeconómicos más desfavorecidos”, señala Gisela Dohm, socióloga e integrante del ELA.
Fuente: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
Entre los sectores menos favorecidos se ubican las mujeres que están empleadas en el servicio denominado “doméstico”. Es la rama que percibe salarios más bajos de toda la economía argentina; el 44% son jefas de hogar; el 87% tiene hijos e hijas a cargo y el 9% son migrantes. Ante este panorama, Argentina ha adoptado en los últimos años una serie de medidas y acciones que buscan promover una mejora en sus condiciones laborales. La más relevante es el programa nacional Registradas, en el cual el Estado paga una parte del sueldo de la trabajadora durante seis meses, mientras la parte empleadora deberá registrarla y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante.
“El Programa Registradas está bancarizando, generando incentivos fiscales pero la foto de hoy es que la informalidad sigue calando hondo. Entonces, es una política necesaria porque tracciona y promueve la formalización como derecho, pero hay mucha desinformación todavía en las trabajadoras sobre la legislación que las protege”, explica Dohm a Redacción Mayo. La socióloga menciona que desde el estudio realizado junto a Naciones Unidas encontraron, además, una infravaloración de parte de los empleadores: “no la registro, pero le doy un plus, no la pongo en blanco le doy un bono, te dicen. Son mitos que todavía existen. Hay que mejorar los mecanismos de resolución administrativa para garantizar derechos”, agrega.
Con la pandemia, más de 400 mil empleadas en casas particulares perdieron su trabajo y sólo 280 mil lo recuperaron durante el curso del año 2021. “Dejaron de percibir salario, se la despidió sin justa causa, se les redujo el salario, con lo cual vemos que cayó mucho más el empleo en este sector que en otros, y la reactivación también tardó mucho más”, indica Dohm.
Violencias y mitos
El estudio puso el acento en las condiciones de trabajo precarizado y en las características específicas que asumen la violencia y el acoso en el sector del trabajo de casas particulares. En ese punto, una de las conclusiones del informe es que casi la totalidad de las mujeres entrevistadas experimentó una situación de violencia o acoso en algún momento de su trayectoria laboral.
“Teníamos la hipótesis de que con las violencias extremas no había dudas de la identificación, pero quizás el maltrato verbal o las violencias más sutiles iban a estar naturalizadas. Y no. Encontramos una fuerte identificación de las violencias y de las conductas indebidas, pero con pocas posibilidades de encontrar caminos y respuestas. Ellas perciben que no van a ser escuchadas por la Justicia, que pierden tiempo o no tienen recursos económicos para solventar sus demandas”, sintetiza Dohm en su charla con Redacción Mayo.
Es importante destacar que el rasgo de la informalidad del sector limita su capacidad de reclamo. Aquellas mujeres cuyas relaciones laborales no están formalizadas infieren que no podrían acceder a ningún organismo donde denunciar situaciones de violencia y acoso laboral, ya que tendrían que comenzar demostrando que existe una relación laboral por más que no esté registrada. En igual medida, el informe señala que predomina un desconocimiento sobre la existencia de los sindicatos. Por otra parte, un condicionante para realizar una denuncia es el sistema de recomendaciones que les permite a las trabajadoras obtener nuevos trabajos entre allegados y familiares de las y los empleados. Esto suele desalentar la denuncia porque puede llegar a obturar la posibilidad de conseguir trabajo en un futuro. Por último, muchas señalan la pérdida de ingreso en las jornadas en las que tienen que tramitar sus reclamos.
Dohm enfatiza que, si bien hubo mejoras en los últimos diez años y cambios sociales de cómo se concibe socialmente a estas trabajadoras, todavía falta mucho por hacer. “En sus inicios, el trabajo doméstico se lo vinculaba a la idea del servicio, la servidumbre, y era servidumbre en cierta forma porque muchas trabajaban sólo por techo y comida. Esa concepción va tomando distintas formas en el tiempo, ahora es 'la chica que me ayuda, es como de la familia”, hasta que adquiriendo formas de empleo recién en 2013 cuando aparece el régimen de casas particulares. Ahora bien, todo ese avance social y de políticas públicas son muy necesarios, pero no suficientes”.
Hay tres líneas en las que desde Naciones Unidas y ELA recomiendan fortalecer para erradicar las “paredes de cristal” que caracterizan al sector y la ausencia de denuncias y reclamos por las condiciones laborales que transitan las trabajadoras de casas particulares:
1. Lubricar desde el Estado mayor información sobre la legislación y procesos de registración en el mercado de trabajo.
2. Mejorar los mecanismos de resolución administrativos.
3. Trabajar en los mitos que sostienen la informalidad del sector.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género es una asociación civil, que trabaja desde distintas líneas de abordajes, especialmente en derechos sexuales y reproductivos, violencias y trabajos de cuidado, como factores de reproducción de desigualdades por razón de género. Muchas de sus investigaciones se llevan a cabo con el apoyo de otras instituciones, como Naciones Unidas. En este caso, el estudio de la Iniciativa Spotlight incluyó 57 entrevistas semi-estructuradas y en profundidad, y 15 grupos focales, a trabajadoras de casas particulares del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre mayo y agosto del 2021. También se entrevistó a empleadores e integrantes de organizaciones vinculadas con la problemática.
Para ver el informe completo, acceder a este enlace: https://www.ela.org.ar/a2/objetos/adjunto.cfm?aplicacion=APP187&cnl=87&opc=53&codcontenido=4437&codcampo=20
