¿Es posible un ingreso universal en Argentina?
¿Se puede implementar un Ingreso Básico Universal en Argentina? ¿Es contradictorio con el derecho a un empleo? ¿Qué nivel de inversión sería necesario y cómo podría financiarse? Estos son sólo algunos de los títulos que se debaten en el último libro que publica el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA-Autónoma.
“Ingreso Básico Universal o Empleo Garantizado. Un debate central en la Argentina actual”, así se titula el nuevo libro que coordinan Noemí Giosa Zuazua, Ana Rameri, Claudio Lozano y Horacio Fernández y que condensa diferentes miradas, con puntos de encuentros y diferencias, sobre cómo abordar una problemática que es estructural en nuestro país y en la región: la pobreza y la desigualdad.
El libro inicia con un contexto histórico y actualizado sobre el escenario de precariedad y pobreza. América Latina, tras la pandemia por Covid-19, pasó a ser “la región más desigual del mundo, siendo que el 10% de mayores ingresos captura el 55% de la renta nacional y el 77% de la riqueza total de los hogares”, sostienen sus autores.
Específicamente en el caso de Argentina, el libro destaca que “desde la última dictadura militar se ha desplegado una verdadera estrategia de la desigualdad” y refuta un discurso omnipresente en algunos sectores de la política: si se resuelve la restricción externa comercial, se solucionan todos los desequilibrios del país, incluyendo el laboral y distributivo. Esa idea es combatida con datos en la introducción del libro, por ejemplo, al situar la experiencia del período 2003-2011: “con crecimiento y superávits gemelos, no se logró torcer ni el rasgo precario del cuadro laboral ni revertir completamente el sesgo regresivo de la distribución del ingreso”.
El núcleo central del libro describe y evalúa un conjunto de iniciativas que pertenecen a distintos espacios sociales y políticos, construidas durante las últimas dos décadas, y entre las cuales se destaca el Ingreso Básico Universal (IBU), propuesto por el Instituto de Pensamiento y Política Públicas (IPyPP). Así, se presentan las diferentes estrategias, sus ventajas y desventajas (Ingreso Ciudadano, Salario Universal, entre otros conceptos).
Desde la perspectiva de los autores del libro no existe ninguna contradicción ni competencia entre el derecho a un ingreso incondicional y el derecho a acceder a un empleo. En otras palabras, la garantía universal de ingresos no puede depender exclusivamente de los requerimientos productivos de mano obra. Por eso, la Renta Básica Universal se compone de tres instrumentos, según franjas etarias de la población: la asignación universal por hijo para la población menor de 18 años; el IBU para la población entre 18 y 65 años y un haber mínimo garantizado para la población de 65 años y más. “Nuestro país ha realizado avances importantes en los grupos de los más jóvenes y de los adultos mayores, pero mantiene pendiente la conformación de una red de ingresos que pueda proteger a la población en edades centrales”, justifican los autores.
La propuesta que es central en el libro apunta a buscar una solución específica para el contexto argentino y no aplicar “ortodoxamente instrumentos que fueron concebidos en y para otras realidades”. En ese punto, sostienen que para recuperar los ingresos populares no alcanza con la política salarial tradicional que incide solo en la economía formal y cubre a una proporción cada vez menor de la población. De ese modo, el IBU se concibe como una transferencia monetaria destinada a la población que no tenga garantizado un ingreso formalmente comprobable ante el Estado, o, de tenerlo, es menor al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo cual incluye a todas las asalariadas de casas particulares (registradas y no registradas). La pandemia visibilizó aquello que los movimientos feministas venían afirmando desde hace tiempo y en el libro también jerarquizan: la importancia de las tareas y trabajos de cuidado no remunerado que implican, además, asimetrías de género.
Desde el IEF, estiman en 12.1 millones de personas la población de entre 18 y 65 años. ¿Durante cuánto tiempo implementarlo? ¿Cómo solventar esa inversión? ¿Qué otros programas sociales absorben? En el libro están las respuestas a esas preguntas. Primero se propone que la forma de operar ese IBU debe ser a través de la conformación de un Área de Economía Popular, Social y Pública en la cual interactúe el Estado de forma articulada con pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las unidades autogestionadas, la economía popular y las organizaciones populares. En segundo lugar, el planteo de que los costos se deriven de un nuevo esquema fiscal que incluye la reformulación del impuesto de las ganancias, bienes personales, reimplantar el impuesto a la herencia, e incluso, sostener el aporte a las grandes fortunas. Al mismo tiempo, se plantean alternativas para ir mejorando su alcance a largo plazo.
En suma, este libro es una radiografía completa y necesaria para comprender de qué trata el Ingreso Básico Universal, como propuesta para “ampliar derechos” de los sectores más pobres y vulnerables. Y el análisis no se brinda de modo aislado, sino en contexto y en comparación con otras iniciativas de diversos espacios sociales y políticos, con los cuales la CTA Autónoma, y los institutos de investigación y formación que la componen, comparten un infausto diagnóstico: “el déficit de ingresos, a causa de la falta de empleos, que acusa gran parte de la sociedad argentina es grave, responde a un problema estructural de larga data, y no será resuelto por el mercado”. La solución, se encuentra -resaltan en el libro- en “la construcción de una propuesta amplia, consensuada y fortalecida del campo popular”.