Los datos recabados permiten un diagnóstico novedoso sobre la situación social, demográfica, país de origen y tiempo de permanencia en Argentina. El 51% de trabajadores encuestados no está registrado. Las mujeres migrantes sufrieron mayor violencia y discriminación que los varones y el doble de desempleo abierto durante la pandemia. Algunos mitos que caen: sólo el 15% recibe alguna ayuda del Estado y solo uno de cada diez con menos de cinco años en el país recibió el IFE
Ante la carencia de datos oficiales sobre la población migratoria en Argentina, un equipo de investigadores e investigadoras de Conicet realizó una encuesta representativa de la situación actual de jóvenes y adultos migrantes. La muestra arrojó información novedosa, clave para llevar adelante políticas públicas, enfocadas en revertir desigualdades, pero también para confrontar mitos y prejuicios sociales.
La primera Encuesta Nacional de Migrantes en Argentina (ENMA) se hizo de modo virtual y fue diseñada por integrantes del eje Migración y Asilo de la Red de Investigaciones en Derechos Humanos de Conicet, en articulación con colectivos, organizaciones y referentes sociales de diferentes regiones del país, que trabajan de manera directa con los migrantes. Eso permitió difundir la iniciativa y acceder a comunidades a las cuales no hubiera sido posible sin ese anclaje territorial. La muestra se llevó a cabo entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2020, en el contexto de aislamiento por Covid-19, y brindó una cifra representativa de 3.144 encuestados.
“La propuesta nació ante la necesidad de tener datos para producir conocimiento y fortalecer el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, basado en el respecto a los derechos humanos”, según explicó a Redacción Mayo, Natalia Debandi, quien coordina, junto a Verónica Trpin, el eje Migración y Asilo, una de las cuatro áreas temáticas que conforman la Red.
Situación demográfica, familiar y documentaria
La encuesta permitió observar una elevada presencia de población adulta mayor (38% señaló tener 55 años o más), especialmente proveniente de las migraciones históricas (europeas). Por otro lado, las personas adultas jóvenes (18-34 años), representan el 27% y alcanzan proporciones mayores en nacionalidades relacionadas a migraciones más recientes: Haití 85%; Ecuador, 66%; Colombia, 59%; Senegal, 58%; Venezuela, 54%.
Por otro lado, la encuesta presentó que el 70% de las personas encuestadas lleva más de diez años de permanencia en Argentina. Al separar por origen hay variedad: mientras en el caso de los europeos el 89% vive hace más de una década, entre los extra- Mercosur (no europeos) ese escenario se da solo en el 38%. Un dato interesante es que cuatro de cada diez migrantes aspira a quedarse a vivir en Argentina, sin embargo, la mitad de las personas encuestadas respondió desconocer el derecho a naturalizarse o solicitar la Carta de Ciudadanía en Argentina.
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Los motivos que originaron la migración siempre deben considerarse de manera multicausal y así lo ratifican los datos de la encuesta: el 55% de las personas indicó haber migrado, principalmente, por motivos económicos (razones laborales o no poder cubrir sus necesidades básicas en el país de origen). La migración por estudios fue seleccionada en un 22% de los casos (y asciende a más de la mitad en la franja de 18-34 años), seguida por la búsqueda de nuevas experiencias (16%), los motivos familiares (14%) y el desplazamiento a causa de violencia, persecución o discriminación (12%). Si bien esta última causa es la que menos se señala en la encuesta, “es un número alto si te tiene en cuenta que esos causales suelen ser próximos a aquellos que otorgan el estatuto de refugiado y, sin embargo, sólo hubo un 3% de reconocimiento entre los respondientes, es decir, un número mucho menor es reconocido bajo la protección internacional”, destacó Debandi.
Si se agrupan quienes cuentan con una residencia permanente (76%) o temporaria (8%) o con la Carta de Ciudadanía (entre el 7 y 8%), puede afirmarse que alrededor de 9 de cada 10 migrantes residentes en Argentina se hallan en una situación documentaria favorable. De todos modos, depende del tiempo de residencia: durante el primer año de arribo, solo un 12% de los migrantes logró obtener el DNI. Otro factor central es el país de origen y, en especial, la existencia o no de acuerdos de residencia o facilidades para la radicación, lo cual genera situaciones de inequidad. Así, mientras que en el caso de la histórica migración de origen europeo solo el 2% de las personas encuestadas carece de DNI, en el caso de la migración extra-MERCOSUR procedente de países no europeos, el porcentaje de personas encuestadas sin DNI asciende a 25%. Por último, dentro del grupo de migrantes provenientes de países asociados al MERCOSUR, el 11% no posee aún el DNI.
Los principales problemas para acceder a la regularidad documentaria y migratoria guardan relación con la obtención de turnos (23%), las barreras tecnológico-administrativas (20%), las dificultades económicas (10%) o la imposibilidad de cumplir con los requisitos burocrático-administrativos (9%). En relación con la composición del universo de personas naturalizadas, cabe mencionar, por un lado, que casi el 60% proviene de países del MERCOSUR, mientras que el 36% proviene de países extra-MERCOSUR no europeos y el 5% de Europa.
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Mitos que caen
En torno a los migrantes, sobre todo latinoamericanos, existen ciertos mitos basados en prejuicios o información falsa que acrecientan los estigmas, violencias y discriminación con la que tienen que lidiar quienes llegan a Argentina. Entre la creencia más reciente que suele tener eco, incluso entre sectores de la política, se suele plantear que los migrantes se aprovechan de los programas o prestaciones sociales.
Sin embargo, los datos que arrojó la encuesta brindan otro diagnóstico: el 67% de les migrantes no percibe ningún apoyo social o económico, ya sea de parte del Estado argentino, de organismos internacionales o de organizaciones de la sociedad civil. Solo el 15% de las personas encuestadas percibe alguna ayuda estatal, aun cuando en la franja etaria más joven (18-34) asciende a un 41%.
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En relación con la pandemia, es destacable que el 82% de las personas migrantes no accedió al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): a un 23% le denegaron el subsidio; 20% manifestó que no cumplía con los requisitos reglamentarios y el 13% directamente no pudo registrarse. Entre quienes sí lo recibieron, la mayoría corresponde a personas que están hace más de cinco o diez años en el país, siendo uno de cada diez arribados hace menos de cinco años beneficiario del subsidio, lo cual se vincula directamente con las exigencias documentales que tuvo el IFE. Esto reveló una situación de inequidad, durante el contexto de aislamiento por Covid-19, en tanto el programa Alimentar implementado desde el Estado resultó una red de protección en un marco de empeoramiento general de la situación socioalimentaria, tal como revelan los datos presentados ayer por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA).
Discriminación y violencias
Según el informe de la ENMA, el 65% de las personas encuestadas ha experimentado, al menos una vez, una situación de discriminación en Argentina a causa de su condición de migrante o su aspecto físico. En relación con el género, las mujeres migrantes han sufrido en mayor medida (71%) situaciones de discriminación, en comparación con los varones encuestados (59%). Las migrantes encuestadas más jóvenes, de 18 a 34 años, indicaron en mayor proporción (38%) haber sido víctimas de violencia de género que sus pares mayores, en relación a las mujeres de más de 55 años (22%). La discriminación se encuentra asociada también a rasgos fenotípicos, como lo indica la incidencia étnica: es mayor en colectivos de ascendencia asiática (86%), africana (83%) u originaria amerindia (76%), que entre quienes no se reconocen en ninguna de las anteriores categorías (66%).
Teniendo en cuenta los espacios donde se experimentaron las situaciones de discriminación, se relevaron “en la calle” (37%), “en los medios de comunicación” (29%), “en el trabajo” (29%), “cuando realizo trámites en alguna oficina del Estado” (26%) y “en grupos sociales” (24%). Por otro lado, el 13% de los migrantes indicaron haber atravesado alguna experiencia de violencia por parte de la policía o fuerzas de seguridad durante el 2020. Los varones manifestaron sufrir estas situaciones en una proporción que duplica a la de las mujeres.
Dentro del colectivo LGTBI+ migrante encuestado, una alta proporción de personas indicó haber experimentado, al menos alguna vez en Argentina, distintos tipos de discriminación y violencia (8 de cada 10 personas). En relación con la identidad autopercibida, el 37% indicó haberse sentido discriminada, y el 11% respondió que tal vez sufrió situaciones de discriminación. Estos porcentajes representan más del doble de aquellos que se observan en la muestra general y evidencia que estas personas se ven expuestas, en muchos casos, a una triple vulneración, debido a su pertenencia sexo-genérica, nacional y étnico-racial.
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Trabajo, carencias y pandemia
En relación al trabajo, un 37% de los migrantes señaló que su situación laboral es inestable, distribuyéndose en changas o trabajo informal esporádico (16%); trabajo estacional (4%), no remunerado (6%) o desempleada (11%). Del restante, 22% trabaja de forma independiente y 37% en relación de dependencia. Además, el 51% de la actividad laboral realizada por migrantes no pareciera estar registrada, principalmente para personas que no cuentan con una situación documentaria favorable (76% de las personas sin DNI no trabaja de manera registrada).
Los datos obtenidos sobre la situación laboral de migrantes arrojan que las variables de situación documentaria y de género inciden en condiciones de estabilidad laboral. Entre las mujeres existe una mayor propensión al trabajo no remunerado (14% contra el 0% entre los hombres encuestados) y, complementariamente, una menor inclinación al trabajo independiente (17% y 34% respectivamente). También se encuentran el doble de afectadas por el desempleo abierto (9%) en comparación a los varones (4%).
En el contexto de pandemia, el 53% de las personas migrantes perdió parcial (17%) o totalmente (36%) sus ingresos ante la llegada del Covid 19. Un tercio de migrantes no vio interrumpido su trabajo y mantuvo sus ingresos, al tiempo que un 9% logró mantener sus ingresos, aun cuando su trabajo se vio interrumpido.
Por otro lado, el relevamiento de la situación habitacional de las personas migrantes arroja que el 51% no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios mínimos: agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%). A su vez, el 89% de quienes están hace menos de 5 años en el país deben alquilar, formal (45%) o informalmente (36%) mientras que solo el 25% de las personas que están hace más de 10 años lo hace. “Esta distribución y cantidad de años en el país se condice con las nacionalidades de migraciones más recientes: los venezolanos y haitianos alquilan en un 92% de los casos y les senegaleses en un 93%”, señala el informe derivado de la ENMA.
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Respecto al acceso a la educación, la muestra da cuenta de que el 35% de los hogares con niños en situación escolar no cuenta con internet. Ante la virtualización por la pandemia, el 10% no pudo mantener la escolaridad y del restante, seis de cada diez señalaron que sus hijos han enfrentado dificultades por limitaciones para acompañarlos en la realización de las actividades (26%), falta de dispositivos o conectividad (22%), ausencia de motivación de sus hijos (16%) o falencias de la propuesta docente (12%).
Los resultados completos de esta primera edición de la ENMA pueden encontrarse en: https://redderechoshumanos.conicet.gov.ar/encuesta-nacional-migrante-enma/. La idea que tienen las investigadoras a cargo es que se constituya en una encuesta de aplicación periódica que permita producir información actualizada, representativa y específica sobre las personas que migraron a nuestro país, teniendo en cuenta que “hay una escasez importante de datos oficiales sobre los migrantes”, finalizó Debandi.
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