Ilustración de Juan Pablo Dellacha
“Si liberamos la potencia del campo y las economías regionales, podríamos producir 150 millones de toneladas, llegar a sumar 100.000 millones de dólares en materia de exportaciones y crear 700.000 puestos de trabajo”, aseguró Daniel Kindebaluc, secretario de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), una de las entidades del agro que, amén de las heterogeneidades y particularidades de cada una de las actividades agroindustriales y los desafíos macroeconómicos que enfrentan, se encuentra abocada -junto a otras instituciones productivas y empresariales- a elaborar proyectos y propuestas que permitan incentivar la producción, el empleo y la inversión en el sector agropecuario y agroindustrial, para colaborar así con la reactivación del país.
Se trata del Plan Coninagro, un Acuerdo para la Inversión Productiva y el Empleo, que fue presentado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a la Cancillería, a otros funcionarios del Gobierno, a gobernadores y a dirigentes sindicales y de cámaras empresariales.
El programa que pretende frenar la caída del PBI y generar un rebote productivo que sea capaz de motorizar la movilidad social ascendente, “con equidad y empleo”, según detalló Kindebaluc.
Vale destacar que el plan fue lanzado como una plataforma inclusiva, con una convocatoria de carácter multisectorial, que incorporó propuestas de otras entidades y que derivó en la gestación del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) que llegó a reunirse con el propio presidente Alberto Fernández a principios de agosto pasado.
A través de estas propuestas es que los involucrados en la actividad agropecuaria y agroalimentaria buscan solucionar los inconvenientes que a su entender, frenan el crecimiento y desarrollo del país. “Necesitamos políticas diferenciales por ubicación geográfica y tamaño de la unidad productiva”, ejemplificó Eduardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), integrante de la Cámara Regional de la Producción Tabacalera de Salta, y agregó: “Nosotros, que somos productores tabacaleros y estamos en el norte, estamos a 1.660 kilómetros de distancia. En el sur, las peras y las manzanas sufren otro tanto con la logística y los costos de los fletes”.
“Creemos que el Gobierno nos tienen que dar certidumbre, primero a través de algunas leyes que logren reactivar la producción. Necesitamos créditos a tasas razonables, pagables. Si al campo se le da una pequeña señal, el campo responde inmediatamente ¿Quién va a querer invertir en una actividad que no tiene rentabilidad?”, cuestionó.
Por su parte, el economista, consultor y también director de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Raúl Hermida, sentenció: “Es sabido que Argentina, por más que declare ser un país federal, dista mucho de serlo. Es un país unitario y en función de ello las economías regionales están cada vez más castigadas por la necesidad que tiene el Gobierno central de recaudar recursos para sostener una situación que, en el largo plazo, es insostenible: el financiamiento de un sector público con una enorme burocracia”.
A su entender, muchas de las provincias resultan ser “agencias de colocación de empleo, porque frente a la crisis, se necesita, casi desesperadamente, crear puestos de trabajo que permitan atenuar los efectos de la desocupación. Pero indudablemente eso significa una carga administrativa y burocrática tremenda, con bajo nivel de productividad, que hace que se perjudique el conjunto del país, que debe destinar gran parte de su gasto a mitigar la situación social deteriorada del AMBA, consecuencia de una economía que viene decayendo desde hace décadas y que hace que Argentina pierda posición a nivel internacional respecto a la mayoría de los países de la región y del mundo”.
En consecuencia, Hermida cree que Argentina “tiene que ir pensando en abrir su economía para integrarla inteligentemente al mundo a través de un plan a largo plazo. Medidas pensadas para los próximos seis meses no sirven demasiado. Debemos empezar a pensar en quinquenios o décadas. Hay que tomar medidas estructurales, de fondo, con menor presión impositiva, con un sector público más ágil que aumente el apoyo a las actividades productivas mediante mayor calidad de regulación de los mercados”.
