Lejos de las grandes urbes, #NiUnaMenos duele más
Ilustración Juan Pablo Dellacha
A 10 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca, en un camino vecinal, el cuerpo de una mujer de 57 años, quien fue asesinada a golpes, era hallado el lunes 23 de marzo. Se trataba de Susana Melo, quien por esas horas se convertiría en la primera víctima de femicidio ocurrido en el período de aislamiento social preventivo obligatorio que rige desde el 20 de marzo en Argentina ante la pandemia de Covid-19. Por el femicidio de Susana Melo, detuvieron a su ex pareja, Raúl Gregorio Acosta (49), quien se encuentra en prisión preventiva.
Ese mismo día, en el barrio Itatí de la localidad de Puerto Libertad, provincia de Misiones, apuñalaron en su casa a Lorena Barreto de 32 años. Al momento de ser atacada, Lorena se encontraba junto a su hijo de 16. Por el femicidio detuvieron a la pareja de la mujer, Roberto Rivero Medina (74).
Tres días después, en el barrio Cataratas de la localidad misionera de Puerto Iguazú, Ana Clara Da Silva, una bebé de apenas dos meses, fue asesinada por su progenitor, Mario Da Silva (40). Le disparó en el pecho con un arma de aire comprimido. Por este crimen aberrante, Silva quedó detenido.
El 28 de marzo, en la localidad de Lules, a 20 kilómetros de la capital de Tucumán, Solange, con apenas dos años, era asesinada por Leandro Almirón (21), quien luego de cometer el hecho se suicidó. Se trató de un femicidio vinculado, ya que el hombre asesinó a la niña tras una discusión con la mamá de ésta, en la casa que la mujer habitaba en Las Tipas, cerca de la ruta 341. Esa tarde, un rastrillaje que se adentró en una zona de quintas de descanso rodeada de montes, dio como resultado el peor hallazgo. El cuerpo de la pequeña apareció colgado de un árbol, en una zona de plantaciones, junto al del femicida.
Ese mismo 28 de marzo, a 824 kilómetros de este hecho, en la localidad de Monte Chingolo, partido de Lanús (Provincia de Buenos Aires), Cristina Iglesias de 40 años y su hija Ada de 7, quienes estaban desaparecidas desde hacía tres días, fueron encontradas apuñaladas y enterradas en su propia casa. Por el crimen detuvieron a la pareja de la mujer, Abel Romero (25).
Durante los últimos días mayo, dos mujeres más fueron asesinadas. El 21 de mayo, la policía encontró a Victoria Luján Carballo de 25 años, asesinada en el barrio de Nueva Pompeya, Santa Fe. Por este hecho, buscaban a su pareja, quien según reportó la familia de Victoria, ya había amenazado con matarla si lo dejaba.
Lorena Zelaya de 38 años, era madre de dos hijos, vivía en barrio Costanera, en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán. A Lorena la mataron a golpes y fue hallada en unas vías del barrio Sarmiento en esa misma ciudad. Por el hecho se encuentra detenido Luis Adrián Arias (23).
Ese mismo día, en el paraje de La Florida, a 17 kilómetros de la localidad de Villa Quinteros, también en Tucumán, Felipe Oscar Robledo (52) mató a su pareja, Antonia del Carmen Rojas. Antonia tenía 43 años y era madre de ocho hijos. Varios de ellos presenciaron el femicidio.
Entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2020, al menos 124 mujeres fueron víctimas de femicidio a nivel nacional, según reporta el Observatorio Nacional de Femicidios Mumalá, y cerca de la mitad de estos casos se produjeron durante el periodo de cuarentena.
De hecho, desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio, hasta el momento de cerrar este informe, se habían registrado al menos 55 femicidios, ubicados geográficamente en distintos puntos del país, prácticamente todos en el interior.
Más expuestas
Tomando los datos del Observatorio Ahora que sí nos ven la provincia de Buenos Aires es donde hasta el momento se produjo la mayor cantidad de femicidios, con un total de 26 casos, seguida por Tucumán, con 7; Misiones con 6 y Santa Fe, con 4 casos. Además, Córdoba y Entre Ríos también registraron 2 casos cada una; mientras que en Santa Cruz, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Chaco, Salta y Jujuy ocurrió al menos uno en cada provincia.
La mayor parte de estos hechos ocurrieron en localidades o en barrios alejados de los grandes centros urbanos, donde las mujeres se encuentran aún más expuestas a convertirse en víctimas de la violencia machista. Pensar en el eje ciudades seguras es un imperativo para poder profundizar en acciones que den respuesta a las distintas vulnerabilidades que atraviesan las mujeres e identidades diversas en sus territorios.
La falta de acceso a la conectividad y las dificultades socio culturales para identificar las situaciones de violencia son algunos de los condimentos que dificultan el acceso a las líneas de emergencia implementadas por el Estado, en sus distintos niveles. Según datos del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) correspondientes a 2019, los accesos a Internet fija es de 62,92 cada 100 horas; pero 17 provincias no alcanzan la media nacional. Las conexiones móviles, sobrecargadas en medio de la pandemia que implicó el traslado de las actividades al entorno web, terminan siendo un recurso sobre saturado y menos confiable ante una situación de emergencia.
En los territorios
Si bien las recomendaciones sobre políticas de género del Estado a nivel nacional hacia las provincias y municipios en cuarentena son claras, en concreto, las mujeres que se encuentran en situación de violencia, atraviesan serias dificultades a la hora de romper el silencio para pedir ayuda.
“Sobre todo en el interior, las mujeres están limitadas en lo económico, en lo tecnológico. A veces no tienen para trasladarse, aunque el Estado abrió la posibilidad de permiso cuando hay causa de violencia: ¿Cómo sale la mujer de la casa para denunciar? ¿Con quién deja a lxs niñxs? Si bien las políticas son buenas, hay realidades que las políticas no están resolviendo. Por eso estamos intentando acompañar en comunidades pequeñas, a las organizaciones que trabajan en territorio y se desconocen”, amplian desde la Asociación Civil Con Voz
Por su parte, Betiana Cabrera Fasolis de la organización Mumalá, destaca el trabajo que desarrollan lxs promotores territoriales, que a partir de ahora integrarán una Red a nivel nacional. “Es el esquema que utilizamos siempre: aprovechar la proximidad de tus vecinxs, de tus referentes comunitarixs, para tener el primer contacto, para contener, ayudar, derivar y hacer que lleguemos a los lugares específicos del Estado donde tenemos profesionales de equipos interdisciplinarios capacitados”, explica. También advierte de que esta Red “sólo sirve si tiene respaldo institucional y si va a acompañada de reconocimientos y de recursos para cada une de esos promotores”.
Precisamente, para intentar llegar a las poblaciones críticas, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) creó el Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a Nivel Comunitario mediante el cual proyecta fortalecer la promoción comunitaria y territorial en materia de género y diversidad en todo el país.
De esta manera el organismo que dirige Gómez Alcorta a nivel nacional busca “reconocer y coordinar acciones con los miles de personas que cotidianamente, en los lugares donde viven o trabajan, promueven los derechos y autonomía de las mujeres y personas LGBTI+, y que acompañan, asisten y contienen a nivel comunitario a quienes atraviesan situaciones de violencia y desigualdad por motivos de género”.
Justicia y rol policial
Según se informó desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Córdoba, desde que inició esta cuarentena hasta el 15 de mayo, a través de la modalidad de teletrabajo del personal de Justicia, ingresaron 2383 denuncias a los juzgados del interior provincial que tienen competencia en materia de violencia familiar y de género.
En este período, los tribunales del interior cordobés adoptaron 1754 medidas de protección a víctimas de violencia familiar y de género; esto incluye medidas de exclusión, prohibición de comunicación y restricción de acercamiento e incautaciones de armas. Además, se ordenaron 77 entregas de botones antipánico, se realizaron 17 constataciones y se requirió la intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en 96 causas.
En Córdoba, como en otras provincias, la asistencia jurídica de las víctimas de violencia de género se puso en marcha a través de un sistema informático que, si bien permitió la atención durante la emergencia sanitaria, no fue suficiente en los casos de aquellas mujeres privadas de conectividad o de aquellas que no pudieron salir del espacio doméstico compartido con el agresor. El rol de las Asesorías Letradas distribuidas en los territorios cumplen un papel clave, ya que son éstas las encargadas de contactar a las víctimas para asesorarlas en términos legales.
Sin embargo, según reconoció públicamente la Ministra de la Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta, las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país, mientras que las consultas a la Línea 144 --donde se brinda asesoramiento-- se incrementaron al menos en un 40 por ciento. Según pudo confirmar Redacción Mayo, el 25% de estas consultas fueron por whatsapp.
Al *144 se sumó el WhatsApp. Enviando la palabra “Hola” al +54 9 11 2771-6463 también es posible realizar un pedido de ayuda frente a una situación de violencia de género. Las personas que atienden las consultas están capacitadas para brindar respuestas inmediatas para asesorar a la víctima ante una emergencia.
Durante el primer mes de la cuarentena obligatoria, los pedidos de ayuda registrados a través de las líneas oficiales a nivel nacional superaron las 10 mil llamadas, entre el 20 de marzo y el 20 de abril, lo cual representa un promedio de 345 por día. En un 73 por ciento de los llamados denunciaban situaciones de violencia física. En el 48 por ciento de los pedidos de ayuda, el agresor era la ex pareja y en un 44 por ciento, la actual pareja de las mujeres.
En Córdoba, según informaron desde el Ministerio de la Mujer, la línea telefónica habilitada para pedir ayuda 0 800 888 9898 pasó de recibir en promedio 59 consultas diarias a más de 300; y hasta el 10 de mayo se habían tomado 1450 denuncias efectivas. En Provincia de Buenos Aires, el promedio de llamadas diarias al iniciar la cuarentena era de 180 y la cifra fue in crescendo.
Estos datos de algún modo revelaron que, por diversas razones relacionadas al aislamiento, las mujeres en contextos de violencia de género no están pudiendo llegar a pedir medidas cautelares y de protección en la Justicia. En Misiones, por ejemplo, las denuncias de mujeres en situación de violencia disminuyó 4,5% con relación al año pasado, mientras que el número de femicidios registrados en ese territorio durante estos últimos meses resulta a todas luces preocupante.
No es fácil denunciar, porque las mujeres se enfrentan no sólo a sus propios temores, sino también al señalamiento social, que a veces comienza en la misma comisaría al querer realizar una denuncia. A estos factores limitantes, se suma el contexto de pandemia. Recientemente, los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD); de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad de la Nación junto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación elaboraron un nuevo protocolo de actuación para intervenir en los casos de violencias por motivos de género en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia del COVID-19.
La posibilidad de que personal policial tome la declaración en el lugar en el que se encuentre la persona en situación de violencia, en caso de que ésta no desee o no pueda asistir a los organismos especializados, que se aparte del domicilio al agresor y la convocatoria de personal especializado para garantizar el acompañamiento de la denunciante son algunos de los puntos centrales que fija la nueva guía, creada para garantizar la salud pública y el acceso a la justicia por parte de la persona en situación de violencia en el contexto de la emergencia sanitaria.
Vale recordar además que, durante la cuarentena, excepto en La Pampa y Corrientes, se renovaron automáticamente todas las medidas de protección que se encontraban vigentes previamente, que incluyen: restricciones perimetrales, prohibiciones de acercamiento y contacto, cese de actos de perturbación, exclusiones del hogar y botón antipánico.
En cuanto al permiso para circular es importante destacar que, según establece la Resolución15/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, son consideradas como supuestos de fuerza mayor todas aquellas situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTBI solas o junto a sus hijos e hijas salgan de sus domicilios para denunciar penalmente hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate con la línea nacional y gratuita 144, que funciona los 365 días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" por Whatsapp +54 9 11 2771-6463.