El Presupuesto 2022 quedó atrapado en el escenario electoral. Días después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el ministro de Economía, Martín Guzmán, envió el proyecto al Congreso de la Nación que contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación del 33% y un dólar oficial a 131 pesos.
Lo hizo después de un resultado adverso para el oficialismo en todo el país. La consecuencia fue una crisis política que duró una semana y que terminó con un recambio del Gabinete del presidente Alberto Fernández.
La onda expansiva de la derrota llevó a recalcular las prioridades del gasto público. “Señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales”, dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carta al presidente, que se convirtió en el cenit de la crisis en la Casa Rosada y que torció el timón de la dirección económica de la gestión.
“Platita” y algo más
Para retomar la iniciativa electoral, el Gobierno anunció y anunciará una batería de medidas que buscan inyectar liquidez al bolsillo. Plan “Platita”, como lo denominan en la oposición. Entre ellas el blanqueo de las empleadas de casa de familias y el proyecto de jubilación anticipada para mayores de 55 años. En las próximas semanas se prevé una dosificación de nuevas medidas que apunten a revertir los rindes electorales de septiembre.
Para el economista y director de la consultora Épica, Martín Kalos, la derrota electoral le impone un significado adicional al Presupuesto 2022. “En cierta medida va a ser la primera herramienta económica que se proponga para revertir ese resultado. Además los tres desafíos que tenía Alberto Fernández cuando asumió en diciembre 2019 hoy se mantienen y se le agrega la pandemia. El primero cómo iba a ser Argentina para bajar la inflación, cómo iba a manejar su deuda y cómo iba a ser para crecer”, describe.
Antes de las elecciones la definición sobre el gasto público para el año entrante estaba limitada por variables como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la contención de la inflación, el precio del dólar y la reducción del déficit.
Una de las propuestas que tiene el Gobierno es un plan de reactivación a partir de la obra pública. A las provincias les girará 650 mil millones de pesos en cemento, un cuarto de esos fondos se concentrarán en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente de Todos (FdT) tiene su principal capital electoral. Queda la discusión entre las provincias.
“Para el 2022 lo más interesante para los gobernadores son las obras públicas que pueda financiar Nación y se concreten en el territorio de cada provincia. Esto es un eterno tema porque en el cual se mezcla el debate de la descentralización y el federalismo fiscal”, apunta Kalos. La ejecución de los presupuestos tienen una cuota de discreción política.
Por su parte el economista Franco Jular señala que en relación a la posibilidad de una reactivación a partir de la obra pública que “este año por ser electoral el Estado Nacional gastó mucho y el año que viene no podrá sostener los mismos porcentajes de obra pública, salvo que sacrifique otras partidas como gasto social o realice un brusco ajuste de tarifas que generen disminución de subsidios”. Precisamente esto deja traslucir el nuevo Presupuesto.
