Oficialismo y oposición coinciden en la necesidad de que exista un Código de Defensa y Protección del Consumidor
El oficialismo y la oposición en el Congreso Nacional parecen haber encontrado un tema en el que podrían estar de acuerdo. Al menos así se desprende de la presentación que realizaron, por separado, el Frente de Todos en el Senado y Juntos por el Cambio en Diputados, de sendos proyectos de ley que contemplan la creación de un Código de Defensa al Consumidor.
El lanzamiento en la Cámara Alta contó con la presencia del secretario de Comercio, Matías Tombolini.
La iniciativa para la creación del “Código de Protección de las y los Consumidores de y Usuarios de la Nación”, que originalmente le dio entrada en 2021 el actual legislador provincial de Mendoza José Luis Ramón, llegó al Congreso esta vez a través de la senadora Anabel Fernández Sagasti.
De acuerdo con el texto, la normativa busca estimular las acciones individuales y colectivas, así como los mecanismos de participación ciudadana en la defensa de derechos.
También impulsa el consumo sustentable y pone en debate la obsolescencia artificial programada, junto con la verdadera durabilidad de los productos.
Además, se ocupa de regular diferentes formas y tipos de publicidad comercial engañosas y situaciones contractuales abusivas, así como también busca prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar en los casos de abuso financiero.
Por otro lado, propicia el acceso real e igualitario a los servicios públicos esenciales y promueve la participación de las y los consumidores en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Vale destacar que la iniciativa tiene un alcance federal, ya que invita a las provincias a ampliar este tipo de mecanismos tomando el Código como un piso mínimo de derechos.
Sobre el proyecto, la legisladora describió que su propuesta ofrece un conjunto de "soluciones efectivas" para resolver problemas en las relaciones de consumo actuales.
En ese sentido, detalló que, según la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, los rubros que lideran la lista de reclamos son: Servicios financieros y seguros (34,8%); Telecomunicaciones (29,5%); Electrodomésticos (12,8%); Rodados y automotores (11,6%); y servicios de administración de pagos (11,3%).
A su vez, los datos describen que, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, las tres provincias que reúnen mayor cantidad de reclamos son Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
Tombolini valoró el código como herramienta que le da al sector público la capacidad de penalizar a quienes lastiman los derechos de los usuarios y los consumidores.
Por su parte, Ramón indicó que la presentación y la puesta en debate de este proyecto representa un hito importante para que los usuarios y consumidores cuenten con una herramienta que permita el ejercicio del derecho con la protección del orden público.
Proyecto de la oposición
Por otro lado, la propuesta de Juntos por el Cambio en Diputados es impulsada por Jimena Latorre, aunque cuenta con las firmas de un grupo de legisladores encabezados por Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Ximena Garcia; Gabriela Lena; Juan Martin; Fabio Quetglas; Soledad Carrizo; entre otros.
Según indican, con esta iniciativa, “se amplía la noción de relación de consumo y en su aplicación práctica significa más consumidores y usuarios amparados por la norma", ya que el texto "tiende a la jerarquización" de los siguientes principios: Orden Público; Principio protectorio; Situaciones de Hiper vulnerabilidad; Acceso al consumo; Transparencia en los mercados; Consumo sustentable; Respeto de la dignidad de la persona humana; Principio antidiscriminatorio; Progresividad y no regresión; Principio de prevención de riesgos; y principio de precaución.
"La conveniencia de esta jerarquización de principios radica en que la norma regula una situación concreta, pero el paso del tiempo y la evolución social pueden generar vacíos normativos. En cambio, cualquier situación aún no reglada puede resolverse por aplicación de los principios", fundamentan los opositores.
Finalmente, el proyecto también impulsa la creación del Consejo Federal de Consumo cuya finalidad es el análisis e intercambio de información entre sus miembros, relacionada con la protección del consumidor en las Provincias, Regiones y Ciudad de Buenos Aires.