Ilustrado por Juan Pablo Dellacha
En el mes de marzo el gobierno nacional estimó la inflación para este año en un 29%, siendo este indicador el utilizado durante los últimos años por empresarios y sindicalistas para discutir las paritarias.
El año pasado, los operadores de pulverizadoras dedicados a la aplicación de productos fitosanitarios obtuvieron un aumento del 58,5%, logrando la paritaria más alta del 2020. Este año, quien lleva el porcentaje más elevado es la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícola y Afines con un incremento salarial del 57%, y en segundo lugar, luego de 20 días de cortes en las rutas de la provincia del Neuquén, un grupo de “autoconvocados” de la Asociación de Trabajadores del Estado (Neuquén) obtuvo una recomposición salarial del 53,9%.
Lejos de estos porcentajes se encuentra la estimación inflacionaria prevista por el Gobierno Nacional. La administración de Alberto Fernández se ocupó de dejar en claro que para las paritarias “no hay techo”, y al parecer los representantes de los trabajadores avanzaron en esa línea.
Lo cierto es que el guiño político de la Casa Rosada terminó generando tensión en varios sectores industriales que aún no perciben un crecimiento sostenido de la economía real. Entre el cepo laboral impuesto el año pasado por el gobierno, la abrupta caída de la demanda en muchos productos y servicios y la actual incertidumbre económica, los empresarios consideraron que acuden a las paritarias debilitados política y económicamente.
En este contexto, la administración central suma nuevas medidas de aislamiento y restricciones para sostener el debilitado sistema de salud, convirtiendo a las reuniones paritarias en una maratón de pretensiones sectoriales.
Para el Dr. Julián De Diego, fundador del estudio de abogados De Diego & Asociados y profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica Argentina y la Universidad Austral, consideró en marzo de este año que las aspiraciones sindicales están centradas en la reconstrucción del salario básico perdido, la pauta salarial que deberá oscilar entre el 29 y 32%, la incorporación de una cláusula de revisión y el ajuste de los conceptos adicionales y no remunerativos.
Sin embargo, del otro lado también existen pretensiones. El sector empresario, según la actividad económica, viene acordando con el sector sindical aumentos graduales con inflación vencida, incrementos en cuotas sin cláusulas de revisión y la exclusión de cualquier porcentual que incluya la inflación adeudada y/o pedido complementario que pueda distorsionar el resultado de la paritaria.
Si bien estos escenarios se fueron dando en función de las diversas actividades económicas, hubo gremios a principio de año que marcaron el rumbo de las paritarias y quedaron lejos de la estimación inflacionaria prevista por el ministerio de Economía; como así también, se celebraron acuerdos sectoriales que marcaron el techo más alto en las actuales paritarias.
La Federación de Empleados de Comercio cerró a fines de enero de 2021 un aumento que comprendió un 21% no remunerativo dividido en tres cuotas de 7% en los meses de enero, febrero y marzo. El mismo acuerdo establece incorporar el incremento a partir de abril de 2021.
En cambio, la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) obtuvo un 57% de aumento salarial. El acuerdo establece que los trabajadores percibirán durante el año un 47% en los conceptos remunerativos y el 10% restante se aplicará a los conceptos adicionales y/o no remunerativos.
Si bien cada paritaria tiene la facultad de cerrar los incrementos que mejor representen a cada sector, la pauta salarial del 21% para los empleados de comercio y el aumento del 57% para los obreros vitivinícolas son solo un ejemplo de la disparidad que existen entre las diferentes actividades económicas del país.
Esta heterogeneidad laboral podría convertirse en fortaleza si existiera un desarrollo industrial y agropecuario que fomenta las economías regionales. Mientras tanto, la actual disparidad registrada en las paritarias son una señal de alerta para quienes administran las relaciones laborales de los sectores más importantes del país.
