¿Cuál es la responsabilidad del Estado en el precio final de la leche?
Ilustración por Juan Pablo Dellacha
El litro de leche fluida es, al igual que muchos otros, de los productos que mayor dispersión de precios muestra en el territorio nacional. Así, según el Reporte Mensual de Precios que elabora la Fundación Colsecor en base al relevamiento de los valores registrados durante el pasado mes de abril en 44 localidades de siete provincias del país, mientras en La Para -provincia de Córdoba- se puede adquirir un litro de leche por 119 pesos, en Dina Huapi -provincia de Río Negro- se consigue por 61 pesos. Entre medio, un sinfín de cifras que exhiben la disparidad de valores.
Esa dispersión obedece a que la cadena láctea es muy heterogénea desde su comienzo, en la producción primaria, como así también en la industria. Según explicó a Redacción Mayo Natalia Ariño, economista de la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario (FADA), “en la producción primaria y en la industria conviven y coexisten muchos sistemas de producción con sus propias características, que terminan impactando en el precio según la tecnología aplicada, la calidad de la leche recibida, la estructura de la unidad productiva, entre otros factores”.
Entre esos otros factores está la presión impositiva, que también termina variando en función de los tributos provinciales y comunales que se aplican en cada distrito productivo o comercial.
De este modo, de acuerdo con el Observatorio de la Cadena Láctea elaborado de manera mensual por la Dirección de Estudios de Costos Mesoeconómicos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo), la participación relativa del Estado en el precio al consumidor de la leche fluida fue de 17,4% en febrero y enero pasados. Esto es, considerando un precio final al consumidor de 76,21 pesos, el Estado explica 13,29 pesos por litro de leche vendida, en concepto de tributos.
Vale tener en cuenta que el Observatorio de la Cadena Láctea de IAPUCo considera la participación relativa del Estado en base a lo que recauda por el IVA, más Derechos de Exportación, menos Reintegros de Exportación, todos impuestos nacionales, aunque deja fuera del análisis la incidencia que tienen el pago de Ganancias y el Impuestos a los Débitos y Créditos que también son nacionales.
Estos tributos sí son tenidos en cuenta por FADA que, en su último informe sobre “¿Cómo se compone el precio de la leche, carne bovina y pan?” refiere que la participación del Estado en el precio final del fluido trepó por encima del 25%.
“Cuando uno analiza el impacto que tienen los impuestos en la cadena láctea, como en otras que hemos analizado, generalmente son del 25% del precio que pagamos todos los consumidores”, explicó Ariño.
Y agregó: “es decir, la participación del Estado es de un poco más de una cuarta parte de lo que pagamos los consumidores. Hasta hace poco, esta incidencia era menor porque durante la pandemia, el Estado compensaba al supermercado el IVA que trasladan a los consumidores finales, para que esa carga de 21% no fuera a precio. Este régimen de compensación perdió vigencia y entonces desde febrero se puede ver que creció mucho la incidencia de los impuestos en el precio final de la leche”.
En efecto, Ariño se refiere así a la política implementada durante los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri cuando, por decreto bajó el IVA al 0% para 13 productos de la canasta básica, entre los que se encontraba la leche. Esa medida estuvo vigente entre agosto y diciembre de 2019.
Al llegar al gobierno, el presidente Alberto Fernández no renovó esa medida, por lo cual la leche volvió a tributar un 21% desde enero último, aunque para evitar que la decisión impactara en el precio final del producto, creó también por decreto un sistema de compensaciones para hipermercados, supermercados y minimercados que estuvo vigente hasta el 30 de junio de 2020.
De esta forma, siguiendo el Observatorio de la Cadena Láctea de IAPUCo, mientras en julio de 2019 la incidencia de los impuestos por ellos considerados en el precio al consumidor final de la leche era de 16,2%, en agosto -con la entrada en vigencia del IVA 0%- ese porcentaje cayó a poco menos de 10%, cifra en torno a la cual se mantuvo hasta diciembre de ese año.
Por su parte, según las observaciones de FADA, mientras en mayo de 2019 la participación del Estado en el precio de la leche al consumidor era de 26,1%, en diciembre de 2019 (con el IVA 0%) era de 13,4%; durante la primera parte de 2020 fue de 11,6%; y ahora en mayo es de nuevo superior al 25%.
Al ser consultada sobre estas variaciones, Ariño explicó: “la incidencia de los impuestos nacionales en el precio final de la leche es superior al 70%. En el caso de FADA, allí consideramos Ganancias, el impuesto a los Crédito y Débitos, y el IVA. El IVA representa más de 60% de todo lo que paga la cadena. En menor medida participan los impuestos provinciales (18%) -de entre los cuales Ingresos Brutos representa la mayor parte- y las tasas municipales (12%)”, todas consideradas en el informe semestral.
IVA: la exención o alícuota reducida que no llega a la leche
La ley del IVA data de 1997. Allí se exime de este impuesto a “la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos” sólo en la venta al consumidor final, al Estado, entre otras personas jurídicas. La reglamentación de esa ley aclara que esa excepción del impuesto se refiere a las leches entera pasteurizada, entera seleccionada pasteurizada, descremada, parcialmente descremada, con crema o en polvo. El problema es que, según explicó Ariño, hubo mejoras tecnológicas en la producción de leches en los últimos años que generaron que ciertos tipos, como las ultrapasteurizadas que son las más consumidas, no estén incluidas en esa exención y, por ende, paguen un 21%.
“Siempre recalco que los consumidores estamos pagando por la leche el 21% del IVA cuando es un producto de primera necesidad y por ello -como otros alientos- debería estar exceptuada. Sólo que hay una cuestión legal en la cual no se considera la leche ultrapasteurizada como exenta. Tiene que ver con un cambio de tecnología que hubo y que el sistema legal no se adecuó a eso. Yo creo que una forma de aliviar a la cadena, y sobre todo al consumir final, sería poder reducir o eliminar ese IVA. Por ejemplo, la carne paga el 10,5% de IVA, el pan también, al igual que otros productos que son considerados de primera necesidad. ¿Por qué la leche paga 21% entonces? “, cuestionó Ariño.
Distorsiones
Más allá de la incidencia de estos impuestos reales, está la inflación, a la que muchos economistas consideran como otro tributo, en función de la pérdida constante del valor que tiene el dinero en el tiempo. Eso lleva así a que el consumidor tenga cada vez menos chances de acceder a los mismos bienes, a no ser que se actualicen sus ingresos en igual proporción.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el aumento general de los precios -inflación- fue de 48,6% entre febrero de 2019 e igual mes de 2020; en tanto que fue de 38,3% entre entonces y el segundo mes de 2021.
En tanto, según el mismo Indec, los precios de los productos lácteos se incrementaron 59,8% entre febrero de 2019 e igual mes de 2020, y 17,3% entre entonces y el segundo mes de 2021, lo que refleja que en la primera comparación se encarecieron por sobre la inflación, en tanto que en la segunda muestra un retroceso.
Por su parte, los salarios registrados crecieron 33% durante 2020, de acuerdo al Índice de Salarios que monitorea el Indec, lo que evidencia a las claras la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los consumidores.
Ello tiene su correlato en la caída en el consumo que, si se mide en función de las ventas de leche fluida al mercado interno, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en enero y febrero de este año fue 5% menor a las de iguales meses de 2020.
Consultado por Redacción Mayo, Nicolás Torre, economista del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea coincidió: “El mercado interno de la leche se deprecia porque la gente no tiene dinero. El poder adquisitivo de los consumidores ha caído mucho durante el último tiempo”.
Y todo ello pese a la vigencia de programas nacionales tales como Precios Cuidados y Precios Máximos, iniciativas oficiales que -aunque generen distorsiones hacia adentro de la cadena productiva- buscan establecer precios de referencia y asegurar el acceso de los consumidores a los productos más representativos de la canasta de alimentos.
“Los programas Precios Máximos y Cuidados generan problemas hacia adentro de la cadena, porque sirven para contener sólo los aumentos del precio final. El tema está en que la variación de esos precios no va de la mano con muchos costos, lo que provoca un gran desfase. Es decir, los costos han aumentado en un ritmo más vertiginoso, o por encima de los precios finales autorizados, entonces se genera un desfase. Cuando uno analiza el tambo por ejemplo, si bien ha tenido un aumento en el precio que recibe, tiene márgenes negativos. La industria está muy complicada, no sólo por la leche sino por otros productos que tienen mayor valor agregado. Y el supermercado también está complicado porque la leche es considerada como un producto de venta masiva o 'gancho' que permite la comercialización de otros productos, con lo cual el comercio muchas veces termina generando ganancia por otra venta y no por la leche que es la que genera un margen negativo”, aseguró Ariño.
Mejora incierta
El último informe sobre “Coyuntura de la Cadena Láctea” del Ieral, cuya coautoría es de Torre, indica que en relación al consumo interno, se espera una recuperación económica este año, aunque “existen dudas respecto de la posibilidad cierta de lograr recomposición del poder de compra de los salarios”.
“El gobierno impulsa una discusión de paritarias con cláusulas de ajustes en torno a 30% - 32% que lucen insuficientes para los niveles de inflación que se esperan en el mercado (más de 40% según los más optimistas)”, se indicó.
Y agregó. “Si bien parece inevitable un reacomodamiento en los precios de los lácteos en los próximos meses”, lo que podría mejorar la ecuación hacia adentro de la cadena productiva, “el cuándo y el cuánto dependerán de la escasez relativa de productos y de la mejora que terminen mostrando finalmente los ingresos generales de la población”, concluyó.