Ilustración Juan Pablo Dellacha
Argentina es de los países de mayor presión tributaria de Latinoamérica y el mundo.
De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), luego de que la incidencia de los impuestos bajara del 33,8% al 30,9% del Producto Bruto Interno (PIB) entre 2015 y 2019, la presión tributaria en Argentina subió a 32,4% en 2020 y apunta a 33,1% para este año, retomando así una tendencia alcista que había exhibido entre 2002 y 2015.
Según el instituto que pertenece a la Fundación Mediterránea, en una comparación internacional de presión tributaria, Argentina y Brasil aparecen al tope del ranking en Latinoamérica, y superan además a muchos países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Corea del Sur. “Sólo en Europa se observan guarismos mayores, con algunos países superando el 45% del PIB”, aseguró.
No obstante, el instituto aclaró que se trata de una comparación de presión tributaria “efectiva”, esto es, la que surge de computar el cociente entre la recaudación y el PIB. “Por ende, es una medición fuertemente contaminada por los niveles de evasión existentes en cada país”, alertó el Ieral.
Por este motivo, asegura que para comparar presión tributaria entre países que presentan tasas de evasión muy diferentes, “resulta más conveniente estimar la carga tributaria legal o teórica que recae sobre los contribuyentes formales de cada país”.
En ese sentido, toma lo que hace el Banco Mundial, que en colaboración con Price Waterhouse & Co, mide el peso de los impuestos sobre las utilidades brutas de una empresa mediana en la mayoría de los países del mundo, trabajo denominado Doing Business.
Los resultados de su última medición ubican a Argentina en segundo lugar, luego de Islas Comoras, con pagos de impuestos equivalentes a 106% de las utilidades brutas de una empresa mediana.
La presión tributaria subió así 11 puntos del PIB en dos décadas en Argentina, para financiar un gasto público que también aumentó en ese período de 30 a 47% del PIB. “Dado que la fuerte suba de impuestos no resultó suficiente para financiar tal incremento en el gasto público, se generó además un elevado déficit primario, que en 2020 resultó 6,5% del PIB (para este año el presupuesto prevé 4,2%), con sus conocidas consecuencias en términos de inflación y endeudamiento”, indicó el Ieral.
Asimismo, puso énfasis en destacar que a pesar de que el sector público argentino gastó 17 puntos extras del PIB en las últimas dos décadas, “no logra exhibir una mejora notoria en algunas variables claves sobre las que el Estado influye, como educación, seguridad o tasa de pobreza”. Por caso, en las últimas dos décadas, “la tasa de pobreza pasó de 32% a 42% de la población, a pesar de que el gasto de la administración nacional en asistencia a las familias (a través de planes sociales) aumentó un 290% en términos reales, pasando de 0,6 a 1,8% del PIB”, detalló.
Según el análisis del Ieral, desde 2019, Argentina retomó una senda creciente en la presión tributaria, “ubicando al sector privado en un rol secundario en el funcionamiento de la economía”.
Así, enumeró que se produjeron “subas en los Derechos de Exportación (retenciones a las ventas externas), en el impuesto a los Bienes Personales, se creó el impuesto PAIS, se introdujo un anticipo del 35% de Ganancias para compras en el exterior y se rebalanceo el impuesto a las ganancias, con subas para empresas medianas y grandes y reducciones para empresas pequeñas y personas. Adicionalmente, se congeló la reducción gradual de impuestos aprobada por la reforma tributaria de 2017, que más probablemente redundará a futuro en subas de algunos impuestos, como Ingresos Brutos de las provincias, al igual que ocurrió en el pasado reciente”.
Hacia adelante, el Ieral indicó además que existe “incertidumbre respecto a qué va a ocurrir”, dada la “nueva tendencia y visión sobre el papel del estado en la economía”, lo que a su entender afectan “la competitividad y viabilidad de muchas actividades económicas”.
