Argentina, entre los países del G20 que más gases de efecto invernadero per cápita genera
La reciente Cumbre sobre cambio climático COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow y el anuncio de la inversión por 8.400 millones de dólares que realizará la empresa australiana Fortescue en Argentina para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, pusieron nuevamente en el centro de la escena a la matriz energética nacional y la responsabilidad que tiene en la carbonización de la producción económica.
¿Pero, qué es la matriz energética? Es una representación cuantitativa de la totalidad de la energía que utiliza un país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía, ya sea nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o generada a partir de combustibles fósiles tales como el petróleo y el gas (hidrocarburos) y el carbón (hidrocarburo sólido).
En el caso de Argentina, la radiografía muestra algunas luces y no pocas sombras. ¿Cuán lejos estamos de las metas comprometidas para procurar un ambiente amigable?
Una por una
Al igual que el resto del mundo, Argentina utiliza un alto porcentaje de hidrocarburos. El petróleo y el gas alcanzan casi el 90% del total de la oferta energética del país, de acuerdo con el reporte elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación y la Fundación YPF para el portal Educar.
El gas natural supera la mitad de los consumos energéticos del país (53%), y se utiliza para los hogares, la industria y la generación eléctrica. El petróleo, que es la fuente de energía predominante en el mundo y una materia prima fundamental para elaborar una gran cantidad de productos de uso cotidiano, representa alrededor del 34% del consumo en el país, una proporción cercana al promedio mundial (34,5%).
Según Educar, los desarrollos de los recursos no convencionales de gas y petróleo, shale gas y shale oil, permitirán abastecer la creciente demanda de energía. Argentina tiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo, lo que posibilitaría aumentar nueve veces las reservas de petróleo y 30 veces las reservas de gas. Además, la energía hidráulica (4%) y la nuclear (2%) han crecido en los últimos 40 años debido a que fueron usadas para generar electricidad.
Finalmente, la energía eólica y la solar fotovoltáica, según el último Despacho de energías renovables de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) de septiembre pasado, cubrieron el 12% de la demanda de energía eléctrica nacional (10,2% con energía eólica y 1,9% con solar fotovoltaica).
El uso de estas energías para la producción y el consumo provoca que el país genere un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) per cápita (8,4 tCO2e) que es 15% mayor al promedio de los países del G20 (7,3 tCO2e), según consta en el último informe que elaboró la consultora KPMG Argentina a fines de septiembre pasado para la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).
Lo prometido es deuda
El aumento de la temperatura de la Tierra generado por la creciente emisión de GEI y sus consecuencias es lo que impulsó a 196 países del mundo a firmar el 12 de diciembre de 2015 el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante.
El Acuerdo entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales.
Argentina ratificó el Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27.270 y para cumplir con los compromisos asumidos presenta regularmente sus inventarios y sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (conocidas como NDC por sus siglas en inglés), que no son otra cosa que las propuestas para alcanzar el mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible, y así contribuir con el objetivo mundial de lograr un clima neutro para mediados de siglo.
La segunda y última Contribución data de diciembre del año pasado y en ella Argentina se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e en el año 2030. Vale tener en cuenta que ello equivale a una disminución total del 19% de las emisiones en comparación con el máximo histórico alcanzado en el año 2007, y una reducción del 25,7% respecto de la establecida en la NDC anterior.
Además, se comprometió a lograr, para el mismo año, “disminuir la vulnerabilidad, aumentar la capacidad de adaptación y fortalecer la resiliencia de los diferentes sectores sociales, económicos y ambientales a través de medidas de concientización y construcción de capacidades que le permitan al país y su población responder solidariamente al desafío urgente de proteger el planeta”.
También se detalló que, hacia 2030, Argentina llevará adelante una transición energética centrando los esfuerzos en el fomento de la eficiencia energética, las energías renovables y el impulso de la generación distribuida, utilizando en este período el gas natural como combustible de transición.
El costo del plan
Todo lo anterior demandará inversiones de entre 10.000 y 14.000 millones de dólares de acuerdo con lo que especificó el pasado 1° de noviembre el Ministerio de Economía en el marco de los “Lineamientos para un Plan de Transición Energética al 2030” que aprobó la Secretaría de Energía a través de la resolución 1036/2021, publicada en el Boletín Oficial.
Allí se especificó que desde la cartera de Economía se ha venido trabajando en la formulación e implementación de seis objetivos de política económica para caracterizar una estructura productiva que sea “inclusiva, dinámica, estable, federal, soberana y sustentable”.
“Dado que la matriz energética en Argentina contribuye de manera decisiva en la configuración de su estructura productiva y así actúa como vector central del desarrollo económico argentino, la política económica y la política energética deben tener un enfoque integral y articulado”, indicó el Ministerio que conduce Martín Guzmán.
Al respecto, el Plan de Transición Energética al 2030 sostiene que el sistema energético debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los argentinos, disminuyendo progresivamente los costos de su matriz energética, y precisa que “esto implica garantizar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos y de calidad a todos los hogares, independientemente de su ubicación geográfica y de la condición socioeconómica”.
También postula “lograr el autoabastecimiento energético, mediante la utilización plena de los recursos más abundantes, disponibles y valiosos, de las cuencas onshore y offshore”, y destaca que “el desarrollo de las potencialidades gasíferas como fuente de energía principal en todo el proceso de transición, puede reemplazar combustibles líquidos en toda la región y como materia prima básica para la producción de hidrógeno azul etapa previa conveniente en el tránsito de nuestro país hacia el uso pleno de energías ambientalmente sostenibles”.
En cuanto a la oferta, se plantean dos posibles escenarios: el primero implica mayores requerimientos de petróleo y gas natural con una participación en la generación de las energías renovables del 20% en la matriz eléctrica al 2030 (REN 20).
En el segundo, supone mayor requerimiento de gas natural y relativamente menores requerimientos de petróleo junto con una mayor participación de las energías renovables en la generación eléctrica alcanzando el 30% (REN 30).
De acuerdo al Plan, el escenario REN 20 requiere una inversión cercana a los 9.924 millones de dólares; mientras que el escenario REN 30 requiere 13.970 millones de dólares.
La diferencia entre ambos se explica por la potencia instalada adicional en energía eólica (43% de la potencia incorporada en REN 20 y 55% en REN 30) y solar fotovoltaica (12% para REN 20 y REN 30).
Ambos escenarios son analizados en función de la sostenibilidad del proceso y para ellos se considera un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2% interanual de largo plazo; que la demanda eléctrica crece entre 1,7% y 2,4% interanual; la de gas natural entre 1,7% y 3,5%; y la de combustibles, 2,3%.
En tanto que la producción de gas natural para abastecimiento local crece entre 2,4% y 3% interanual de 2019 al 2030; y la de petróleo, también para abastecimiento local, entre 3,4% y 6%; el parque automotor crece en 5,2 millones de vehículos; y la participación de autos y vehículos medianos a GNC se considera en un 27% del total.
Asimismo, se estima que la participación de la generación eléctrica de fuentes térmicas pasa del 61% en el 2019 al 40,3% en el escenario REN 20 y al 30,7% en el escenario REN 30.
El panorama actual
Luego de 17 años de intentos de promoción de las energías renovables en Argentina desde el primer marco regulatorio aprobado en 1998, la Ley 27.191 sancionada en 2015 con el apoyo mayoritario del Congreso Nacional, logró sentar las bases del desarrollo del sector de generación eléctrica de fuentes renovables en el país.
De acuerdo con el informe que elaboró la consultora KPMG para la cámara empresaria, denominado “Desafíos y Oportunidades en el contexto de la transición energética global”, en 2018 la Ley 27.424 de generación distribuida complementó el marco necesario para impulsar la transformación del sistema eléctrico nacional.
En 2015, al momento de la aprobación de la Ley 27.191, Argentina contaba con una capacidad instalada de energías renovables cercana a 800 MW, equivalente a menos del 2% de la matriz eléctrica.
Según CAMMESA, durante el año 2020, la oferta de energía renovable se incrementó un 63,7% en comparación con el año 2019, motivado por un aumento del 9,5% en la potencia instalada y un incremento de la participación promedio de las fuentes renovables en la generación hasta llegar a un 10%.
Sin embargo, según KPMG y CADER, “las deficiencias en la regulación y el acceso limitado a fuentes de financiamiento hicieron que sólo unos pocos proyectos pudieran llevarse a cabo hasta entonces”.
Así, desde 2015 se adjudicaron 244 proyectos localizados en todo el territorio nacional, sumando más de 6,3 GW de energías renovables.
“A la fecha, se han instalado más de 4 GW, pero todavía restan cerca de 6 GW para cumplir con el objetivo del 20% fijado a 2025”, alertó al tiempo que se especificó que desde la crisis financiera de Argentina iniciada en 2018, existen alrededor de 2.000 MW de proyectos que están a la espera de que se normalicen las condiciones macroeconómicas para estar en condiciones de acceder al mercado financiero y completar los cierres financieros a un costo de capital razonable”.
Tres factores críticos
Sabido es que Argentina posee recursos renovables que se encuentran entre los más competitivos del mundo, lo cual le permiten obtener una alta productividad para generar energía. Sin embargo, según señala el informe de KPMG y CADER, existen una serie de “factores críticos que son necesarios para el aprovechamiento pleno de la oportunidad que ofrecen las energías renovables al país”.
Según detalla, el primer factor es el equilibrio macroeconómico que permita restablecer los precios relativos de la economía y del sector energético reflejando adecuadamente los costos reales de producción. “Esto es necesario para dar señales que orienten las decisiones de consumo racional y las decisiones de inversión en el sector”, indicó.
El segundo factor, relacionado con el primero, es el acceso a las fuentes de financiamiento a un costo de capital competitivo. “El financiamiento de los proyectos renovables es un desafío en Argentina dados los riesgos percibidos por el mercado respecto del desempeño financiero del país. A la hora de evaluar los proyectos, resulta difícil para las entidades financieras asumir el riesgo soberano”, evalúan.
El tercero es la restricción de la capacidad de transporte del sistema eléctrico nacional. “Las líneas de transmisión disponibles para continuar incrementando la matriz de generación están al borde de la saturación. Dado que los mejores recursos renovables se encuentran en zonas alejadas, el aprovechamiento del potencial de generación eléctrica de fuentes renovables requiere de nuevas líneas de transmisión para evacuar la energía hacia los centros de consumo del país”, finalizó.