Las TICs volvieron a ser un servicio público
A cinco meses de iniciadas las políticas de aislamiento y distanciamiento social aplicadas para combatir la propagación de coronavirus en Argentina, el decreto presidencial 690/2020 repuso la condición de “servicio público en competencia” a las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
Las TIC ya habían sido declaradas de interés público a través de la Ley Argentina Digital aprobada en el Congreso de la Nación en 2014, pero el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás y eliminó por decreto dos artículos de aquella normativa en 2015.
El DNU 690/2020 del presidente Alberto Fernandez declaró "servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia" a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga, al tiempo que suspendió "cualquier aumento de precios o modificación de los mismos" hasta el 31 de diciembre de 2020.
De este modo, el Estado, que participa activamente de los procesos de innovación ganó una herramienta para intervenir en materia de precios y tarifas, en vistas de evitar el impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables, facilitando la universalidad del acceso en un escenario en el que aumenta la pobreza y las desigualdades socio económicas se profundizan.
Ahora bien, su aplicación abre una serie de interrogantes en relación a la letra chica y el alcance del decreto. Una de ellas es si la condición de servicio público en competencia para el “servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades” alcanza a la TV paga y a la TV satelital
Otras de las cuestiones a resolver tiene que ver con la situación de las entidades del tercer sector, que proveen de servicios de comunicación en diversas localidades del país en un escenario de convergencia atravesado por profundas desigualdades. En vistas de la reglamentación del DNU, la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR) -entidad que reúne a más de 200 asociadas- manifestó su “importante preocupación” ante la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional.
“Las razones se fundan en la incertidumbre que genera la formalización de los servicios públicos de telecomunicaciones en la que no aparece aún, una suficiente explicación práctica de la configuración que se pretende del modelo de actividad”, señalaron mediante un comunicado.
En esa línea, COLSECOR destacó que particularmente “en el cooperativismo, el usuario de los servicios es asociado; es decir, hay una auto prestación producto de la pertenencia de las personas a la entidad que se estructura bajo los principios y valores de la economía social”.
De todos modos, la entidad cooperativa reconoció que es “razonable en términos de equidad e igualdad, que haya políticas públicas que construyan las condiciones de accesibilidad a la conectividad” y que avancen en la resolución de las asimetrías y desigualdades que atraviesan al sector.