“Hay que volver a encarnar los datos. Los periodistas tenemos que dar los datos pero contar también lo que significan, el detrás de escena, encarnar esas historias”, interpela la periodista Leila Guerriero, una trabajadora de las palabras y de los sentidos. Exponer no es lo mismo que contar. Decir no coincide con narrar. Mostrar no siempre es mejor que contrastar.
Hemos visto a diario en este extraño 2020, año en el que todo se puso patas para arriba, como la cifra de los muertos por la peste comenzó a difundirse de manera diaria y atroz. Aquellos comunicadores y periodistas que siempre se taparon la nariz cuando desde las noticias policiales se enseñaba el peor rostro de la sociedad, ahora a diario comenzaron a inundar los portales con cifras de miedo.
El periodismo de espanto se multiplicó y el efecto, otra vez, quedó en evidencia: comunicar sin contextualizar, sin dimensionar, sin analizar, sin contrastar no contribuye a informar, sino a paralizar.
¿A qué viene todo esto? En Redacción Mayo nos hemos propuesto un trabajo periodístico complejo, interdisciplinario, que nos interpela también a nosotros. Jóvenes, territorios y violencias, como una forma de indagar, narrar y de exponer. Fragilidades urbanas, deudas sociales que terminan por explotar, algunas veces, de la forma más brutal. Bucear en las raíces, en las profundidades de nuestras contradicciones es intentar buscar una explicación, un por qué, a aquellas noticias que nos impactan, nos paralizan y nos conmocionan.
El objetivo es amplio: buscar respuestas, variables, motivos, detectar deudas públicas pero también escapar a linealidades simplistas y superficiales, a lecturas equivocadas y estigmatizantes.
Rosario, acaso la ciudad del país que desde hace unos años más ha quedado adosada a unos de los estigmas más brutales, la del descontrol en la violencia narco, es un ejemplo claro de que las asociaciones lineales no son útiles para abordar estos temas.
El periodista Germán de los Santos, una de las voces más valientes para describir tanta sangre derramada en esa ciudad y coautor de un libro en el que explica cómo surgió el fenómeno de banda narcocriminal “Los Monos”, supo plantear la necesidad de dejar los estereotipos de lados: “El cliché de cargar las responsabilidades en la década 'neoliberal' de los '90 ya no corre. Esta nueva generación de delincuentes muy jóvenes y violentos tiene otra matriz que sus antecesores. No vivieron en la pobreza ni la marginación. Andaban con las armas y los autos de alta gama de sus padres. La herencia generacional era seguir siendo el más malo del barrio. Y nadie cortó el hilo de la historia”.
Su descripción, que surge del trabajo en el campo propio de la realidad, y no de la mera teoría, termina de completar, sin proponérselo, aquel diagnóstico que ya ONU-Habitat realizó en 2011.
“Particularmente en el mundo en desarrollo, el proceso de urbanización ha ido acompañado de un incremento en los niveles o las intensidades de fenómenos de violencia, crimen e ilegalidad urbanos. El crimen y la violencia impactan en forma negativa la calidad de vida, la habitabilidad, y la calidad de los espacios públicos. La gobernanza urbana se deteriora de manera notable en las ciudades vulnerables a la delincuencia. El desarrollo económico y la competitividad se ven afectados cuando el crimen ahuyenta a los inversionistas. La producción de bienes y servicios públicos incurre en sobrecostos por la violencia, los cuales por lo general son trasladados al usuario. Los habitantes urbanos más pobres suelen ser los más afectados por estos impactos negativos sobre el desarrollo urbano sostenible”, indica la organización.
No se trata de la mentada “ausencia del Estado”, sino de un fenómeno más complejo y profundo.
“La juventud de hoy goza de más acceso a educación, pero menos acceso a empleo. Las cifras muestran signos evidentes de ampliación de la cobertura que alcanzan los sistemas educacionales en la región (...) De igual manera, dicha oferta educativa, al no otorgar la calidad esperada, impide a las y los jóvenes una posterior inserción a los mercados laborales. Más bien, lo que tiende a ocurrir es que ellas y ellos, a pesar de contar con más años de estudios que las generaciones mayores en sus familias, tienen pocas posibilidades de inserción digna en los mercados de trabajo. Las tasas de desempleo para las poblaciones juveniles en la región son más altas que para el resto de la sociedad -al igual que en otras regiones del mundo-, llegando por lo general a ser el doble o el triple de la media nacional. Por otra parte, este fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes de sectores empobrecidos, donde la tasa de desempleo para ese sector es cinco veces mayor a la de los adultos de más de 45 años”, advierte la ONU-Habitat.
Los contrastes son llamativos: los jóvenes tienen más acceso a información, pero menos acceso al poder; mayor acceso y manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo que les otorga mayor acceso a información, mejores canales de comunicación y agrupación, mejor manejo de los fenómenos globales y locales, nuevos espacios de socialización, de aprendizaje, pero todo esto no ha mejorado en términos prácticos su posición ni sus posibilidades de participar y decidir en nuestras sociedades.
“Además, hoy en día tienen dificultades para institucionalizar sus iniciativas, darle continuidad, e insertar sus demandas en el sistema político -a diferencia de décadas pasadas-, puesto que se siguen lógicas adultocéntricas de participación”, continúa el informe internacional.
El sociólogo Javier Auyero insiste en la misma línea de análisis: la pobreza puede llegar a ser una explicación simple y veloz, pero no alcanza.
“Hay una relación muy débil entre pobreza, carencias y violencia. La relación entre violencia y pobreza no es directa, no es que a mayor pobreza mayor violencia. Hay otras causas externas al espacio del barrio marginal que hacen que esa zona se transforme en violenta. Esto implicaría otro nivel de análisis, pero, por ejemplo, los niveles de desigualdad, de informalidad, la forma de intervención del Estado, están relacionados con más violencia. Si el Estado monopoliza el uso legítimo de la fuerza de una manera, independientemente de una mayor o menor pobreza, va a haber una violencia en una zona. Si no logra monopolizarla, hay otra. De hecho, hay zonas en América latina que no son más pobres que otras pero sí tienen un mayor nivel de violencia. No son los niveles de carencia materiales y simbólicos los que determinan el nivel de violencia. En muchos casos de zonas marginadas de Argentina, no sufren la violencia por ser carecientes sino por otro conjunto de factores: tiene que ver con la informalidad y también con el avance pronunciado y la localización del tráfico de drogas”, destacó el autor de La violencia en los márgenes, libro escrito a cuatro manos con la maestra Fernanda Berti y en el que se persiguió la idea de desmontar algunos prejuicios relacionados a las juventudes y las violencias en el conurbano bonaerense con la idea de que aflore un análisis más enriquecedor y realista.
“Cuando vendedores y consumidores se pelean por pagos, faltantes o calidad de las drogas, su violencia pública puede migrar al interior del hogar, convirtiéndose en una brutal pelea entre hermanos. Estas violencias disuelven las distinciones entre calle y hogar, esfera pública y privada; se conectan en una sola, que se expande continuamente”, concluyeron en este libro.
Porque, supo subrayar Auyero, la violencia no es una sola. “La violencia es parte de un repertorio de acción, de una manera de resolver conflictos en ausencia de otras maneras. Así, se utiliza la violencia para disciplinar a un chico, para evitar que este caiga en malas compañías, o para resolver un conflicto con un vecino que quiere avanzar con su medianera sobre mi terreno, o un puestero que quiere avanzar sobre otro en la feria. No quiere decir que esté tomando una posición moral, como algo bueno o malo, sino que esto es así. En Argentina, hace 30 años no era muy normal para hacer un reclamo cortar una calle; hoy sí lo es. Podemos especular por qué se ha consolidado, pero es parte del repertorio de acción colectivo. Insisto: no es una posición moral, sino un hecho social. Me parece que el hecho de que la violencia en algunos barrios marginales sirva para intentar resolver conflictos interpersonales también es un hecho social. Y, en tanto hecho social, hay que explicarlo por sus causas sociales, no se lo puede explicar por la psicología de la gente”, añadió.
Durante todo su análisis surge, como un fantasma siempre latente, la sombra narco. El desparramo del tráfico de drogas que en los barrios suele mostrar su cara más superficial, que es, al mismo tiempo, su rostro más brutal.
“En la Argentina, de acuerdo con la gente que ha estudiado esto, se ha consolidado en las últimas décadas el tráfico de drogas ilegales y se ha territorializado en zonas más marginadas que son aptas para la producción, el almacenamiento y luego la distribución de drogas a otras zonas. La economía de las drogas produce violencia en distintas formas. Por un lado, la propia violencia que produce la condición psicofarmacológica de alguien que está bajo los efectos de las drogas y quiere asaltar a alguien, algo que captura la mayor atención de los medios pero que suele ser la que menos violencia vinculada con las drogas produce. Buena parte de la violencia que se relaciona con las drogas viene por el tema del comercio, por el hecho de ser un mercado ilícito”, apuntó Auyero.
El propio carácter ilegal de este comercio trae aparejada una violencia implícita. “En la economía de las drogas, al ser una economía informal de un producto ilegal, no hay una tercera parte a la que se puede reclamar porque la otra parte le vendió un mal producto o porque no le pagó. Entonces, las disputas dentro de esa economía ilegal se tienen que resolver de otra manera. Es una violencia que se llama 'sistémica'. El mercado ilegal e ilícito genera violencias por su propia ilegalidad. No se necesita estar bajo los efectos de una droga para generar violencia. Lo que aparece como una disputa territorial, 'en esta esquina o barrio mando yo', 'este flujo lo manejo yo', o, también, 'no me pagaste y ahora me vas a pagar', o 'me vendiste un producto adulterado y ahora me las vas a pagar', así se resuelven los conflictos.
La droga, la violencia, la inseguridad anidan junto a toda una bomba social mucho más profunda, en la que la deserción escolar temprana asoma como la hipoteca más importante que este país parece enfrascado en agigantar cada vez más.
Jóvenes sin horizontes, que mañana no podrán ser ni empleados ni consumidores. Biografías que parten desde muy atrás en la carrera de la meritocracia.
“Los chicos acá no saben jugar”, trazó hace ya un tiempo una madre, en otro barrio librado a su propia intemperie en la ciudad de Córdoba. Allí donde la calle, el vecindario, se había convertido en un peligro.
“Fue una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención; que no estábamos preparados para ver y que nos tomó mucho trabajo para determinar de qué se trataba. Ver a una mamá pegándole a un chico, y esa misma tarde observar una pelea a los tiros en la calle, en un principio aparecían como fenómenos separados. Sin embargo, cuando comenzamos a indagar un poco más (con las limitaciones que tiene poder indagar de manera etnográfica la violencia, porque no siempre estás presente cuando suceden los hechos sino que los reconstruís a partir de relatos), se ve la secuencia más larga, por qué esa mamá le pegó al hijo o por qué ese chico se peleó con el otro. Se puede ver en algunos casos, aunque es muy difícil cuantificar, cómo esos elementos están relacionados unos con otros. Entonces, un chico se peleaba con otro porque no le había pagado la droga; llegaba a la casa y se peleaba con su hermano que le decía que ahora iban a venir los dealers y le iban a pegar a la familia y entonces la mamá lo castigaba al hijo. Parecía violencia pública por un lado y violencia privada por el otro, porque cuando hablamos de violencia urbana no miramos lo que pasa dentro de los hogares”, describió Auyero en el conurbano bonaerense.
