La salud mental, un bien público asediado por tabúes y desatención
Nadie duda en equiparar a la salud mental como salud social. Sin embargo, a casi tres años de la emergencia por Covid-19, las secuelas de deterioro emocional se tornaron preocupantes y con tendencia a profundizarse, de no tomarse medidas urgentes. Así lo alertan la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF y otros organismos internacionales: básicamente los expertos coinciden en que la exposición constante y acumulativa a situaciones adversas globales (como lo fue el encierro y los contagios, el impacto económico, la guerra, los desastres climáticos) no sólo exacerbó el estado de quienes tienen alguna enfermedad mental grave; hoy cualquiera pueda perder la condición de bienestar mental. De hecho, las cifras dan cuenta de mayor depresión, sobre todo entre adolescentes, incremento de síntomas de ansiedad, mayor presencia del síndrome burnout, fobias y comportamientos autolesivos.
La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. De allí la importancia de emplear estrategias para reducir los efectos nocivos de un contexto que ya tiene etiqueta entre los especialistas: la mala salud mental es la nueva pandemia.
Estadísticas a nivel mundial
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y constituye la principal causa de discapacidad. Se estima que afecta a un 3,8% de la población. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión, según datos de la OMS. Afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres y es una enfermedad cada vez más prematura: la mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no son detectados ni tratados. Un informe de la OMS, que hasta ahora fue publicado en inglés, señala que la depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25%, sólo en el primer año de la pandemia.
Según el Estado Mundial de la Infancia 2021, la incertidumbre, la soledad y la tristeza fueron las emociones más intensas que se apoderaron de la vida de las infancias, jóvenes y familias. “Los niños y la gente joven podrían seguir sufriendo los efectos de la COVID-19 sobre su salud mental y su bienestar durante los próximos años”, advierte el informe de UNICEF. Esa situación fue expuesta recientemente, también por el Banco Mundial y la UNESCO para advertir que los problemas en la salud mental de los estudiantes generarán graves problemas en el aprendizaje.
A su vez, se calcula que más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años padecen un trastorno mental diagnosticado. Esto representa a 86 millones de personas de 15 a 19 años y 80 millones de 10 a 14 años. El más grave efecto de la depresión, el suicidio, ha sido un tabú para los medios de comunicación durante décadas por miedo al llamado efecto contagio y, cuando es noticia, generalmente se publica desde un encuadre dramático, con detalles en torno al hecho y no a las causas sociales y los cuidados necesarios para reducir este flagelo. Por ejemplo, es prudente comunicar el tema bajo la categoría “salud pública” y no bajo la sección de “policiales”. Para un abordaje mediático integral y responsable sobre el suicido se sugiere esta guía de la Defensoría del Público.
También la autolesión (“self harm”), como el acto de herirse o dañarse en el cuerpo de uno mismo con intención de causar daño, es una de las epidemias más impactantes de nuestros tiempos, especialmente entre jóvenes. Algunos trabajos dan cuenta de que al menos una cuarta parte de los adolescentes de 14 años ha llegado a autolesionarse, y desde Fundación de Atención de Niños y Adolescentes en riesgo (ANAR) advierten que el problema es previo a la crisis por Covid-19: sólo en la última década las consultas por autolesiones se han multiplicado por 56. El problema sería mayor, teniendo en cuenta que se trata de una conducta secreta que pasa desapercibida.
Por otro lado, el síndrome de burnout (agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta de realización personal en el trabajo), se constituye en un asunto de salud pública que conlleva un gran costo económico y social para los países. En el 2022 la OMS oficializó a este síndrome, exclusivamente ligado al ámbito laboral, pero antesala de muchas de las patologías psíquicas derivadas de un escaso control y de la carencia de una prevención primaria. El “síndrome del quemado”, como se lo conoce popularmente, es más frecuente entre médicos, psicólogos, docentes, pero actualmente da cuenta de una diversidad en las profesiones y un incremento en la cantidad de personas que lo padecen, de allí que desde el año pasado se lo reconozca oficialmente como enfermedad. Sobre este trastorno profundizaremos en la próxima nota de la agenda pública.
Por más inversión y menos estigmas
Uno de los grandes obstáculos es que la salud mental está estigmatizada. Como consecuencia, la inversión pública es insignificante: según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el gasto promedio en salud mental en toda la región es de apenas un 2% del presupuesto de salud, y más del 60% de este dinero se destina a hospitales psiquiátricos. En países de bajos ingresos, tienen menos de un trabajador de salud mental por cada 100 habitantes.
En Argentina, se estima que 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. La Ley Nacional de Salud Mental, sancionada en 2010, establece que el Poder Ejecutivo debe destinar el 10% del gasto total de Salud. Desde la sanción de la ley, sólo durante dos años se cumplió con ese mínimo presupuestario establecido. Desde 2012, el presupuesto destinado a salud mental nunca superó el 3% y recién en el presupuesto del 2022, el gobierno nacional lanzó la Estrategia Federal de Abordaje Integral de la Salud Mental que, entre otras herramientas, permitirá duplicar el presupuesto para el 2023 y cumplir finalmente con lo que dicta la norma. En lo específico a las juventudes, en diciembre del año pasado el ministerio de Salud lanzó “Diagnóstico Joven”. La última vez que el Estado Argentino había relevado información de este sector había sido en el 2014.
Un dato clave: desde hace cuatro meses funciona una línea telefónica nacional gratuita para la atención integral de la salud mental las 24 horas: 0800-999-0091. Para información preventiva y material de consulta, se puede consultar aquí.
Las medidas todavía resultan insuficientes. Organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han alertado que, además del presupuesto, no se cumple con otros puntos de la Ley y que el sistema de salud mental argentino continúa siendo hospitalo-céntrico, con una escasa atención a nivel primario. Esto último es clave para un mejor tratamiento, ya sea en trastornos graves y crónicos, como aquellos derivados de situaciones de crisis y estrés. Saber que es más frecuente de lo que suponemos es el primer paso para atender la salud mental como un problema de salud pública, plausible de más inversión y menos estigmas.