La oscura trama del crimen organizado que tiene en vilo a Santa Fe
El 11 de enero de 2020 Enrique Encino, gerente del Banco Nación, salió a fumar un cigarrillo a la terraza del Casino City Center de Rosario y cayó muerto al recibir una bala en la cabeza. El proyectil provenía de un tira tiros que pasó en moto y disparó al frente del establecimiento, en lo que debía ser una balacera con fines extorsivos. El caso se convirtió en la punta de un ovillo tan enredado como para unir en una misma trama a la banda Los Monos, al máximo capitalista de juego clandestino en la provincia, a sectores corruptos de la policía y la justicia y a un senador provincial, y hacer patente el funcionamiento del crimen organizado en Santa Fe (podés leer aquí la primera nota de esta serie).
La investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery comenzó por establecer los vínculos entre Los Monos y el ataque contra el casino y las relaciones de la banda con el capitalista Leonardo Peiti. Lo que en principio apareció como una organización dedicada a extorsionar a empresarios y comerciantes derivó a una causa sobre juego clandestino con protección judicial y participación policial.
El 10 de julio de 2020 la investigación escaló a un nivel todavía más complejo cuando las escuchas a un teléfono intervenido de Peiti registraron un llamado del ex diputado provincial Darío Scataglini, en nombre de Armando Traferri, senador provincial justicialista por el departamento San Lorenzo. Peiti fue detenido ese mes y en su primera declaración como imputado colaborador dijo que pagaba coimas mensualmente al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, y al fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la oficina que controlaba las órdenes de allanamiento.
Las sospechas se consolidaron con las declaraciones de Ponce Asahad y con un nuevo testimonio de Peiti al acordar un juicio abreviado por el que recibió en noviembre pasado una pena de tres años de prisión efectiva y se le impuso el pago de una multa millonaria y la confiscación de diecinueve terrenos que había escriturado con lavado de dinero ilícito. Los fiscales no pudieron indagar al senador, protegido por sus fueros, y tropezaron con el rechazo de la Legislatura provincial, que consideró insuficiente la evidencia para llamarlo a una indagatoria, aunque todavía debe expedirse la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Traferri negó las acusaciones desde un principio y mantiene inalterable su línea de defensa: la causa, dice y repite, obedeció a una persecución diseñada por el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. El argumento remite un enfrentamiento que comenzó a gestarse poco después de que la fórmula Omar Perotti-Alejandra Rodenas ganara las elecciones a gobernador de 2019 en Santa Fe con un eslogan que apuntó a los problemas de seguridad: “ahora la paz y el orden”.
Tensiones y sospechas
El triunfo fue el resultado de la convergencia de diversos sectores del peronismo, una alianza que no tardó en resentirse justamente por la agenda establecida para la seguridad pública. El ministro Sain planteó como pilares de su gestión la reforma del sistema de seguridad pública provincial, la conducción de la policía por parte de la política y la confrontación con lo que llamó “el bloque tradicional de poder”, en el que inscribió a dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, parte de la cúpula del Poder Judicial y “un sector mayoritario del peronismo santafesino”, en particular Traferri.
Sain manifestó una y otra vez el respaldo que tenía del gobernador. Sin embargo, el propósito de gobernar a la policía en vez de concederle autonomía se contradijo con la designación al frente de la fuerza de Víctor Sarnaglia, una figura de peso en la institución. Y la confrontación con “el bloque tradicional de poder” se pareció más a una cruzada individual del ministro que a una política del gobierno del que formaba parte.
Las tensiones entre Sain y Sarnaglia no tardaron en aparecer, como tampoco las resistencias al ministro del Frente de Todos y las críticas de la oposición. El jefe de policía renunció al quedar salpicado por una sospecha en la causa del juego clandestino, y el enfrentamiento se personalizó con Traferri, quien no solo había aportado los quince mil votos de diferencia con que el peronismo ganó las elecciones en el departamento San Lorenzo sino que acaudillaba a los senadores provinciales y además había impuesto la candidatura de Rodenas como vicegobernadora.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery, al mismo tiempo, acusaron a Traferri de organizar una estructura de protección en torno a Leonardo Peiti y de hacer lobby en función de sus intereses.
Peiti se propuso lograr un convenio entre la Lotería de Misiones -donde sus actividades son legales- y la Lotería de Santa Fe para desarrollar el juego on line en la provincia; según sus cálculos, el negocio reportaría una recaudación mensual de 1.200 millones de pesos. Con ese fin, según sus declaraciones, entregó 200 mil dólares a Traferri como contribución a la campaña electoral de 2019, pagó una coima mensual al secretario legislativo del Senado santafesino y sobornos puntuales a otros dos senadores del radicalismo, al jefe de la policía provincial entre 2016 y 2018 y a un juez de la ciudad de Reconquista.
Al mismo tiempo, Peiti enfrentaba una causa en el departamento General López a raíz del funcionamiento de casinos clandestinos. La intervención de Serjal y Ponce Asahad habría sido dispuesta por Traferri con la finalidad de proteger al capitalista, que necesitaba ostentar una conducta intachable para aspirar a los negocios con la Lotería de Santa Fe.
Hagan juego
Pero las denuncias sobre la connivencia de la política con el delito no son una novedad en Santa Fe. En 2017, la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario inició una investigación por enriquecimiento ilícito contra senadores en ejercicio -entre ellos Traferri- y con mandato cumplido en la provincia. Las sospechas apuntaron a la distribución de subsidios, una facultad de los legisladores habitualmente reservada del conocimiento público.
Los senadores provinciales respondieron entonces con una denuncia contra sus investigadores, los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack. A partir de abril de 2017, cuando fue elegido fiscal regional de Rosario por la Asamblea Legislativa, Serjal archivó esa causa, disolvió la Unidad de Delitos Económicos y castigó a Narvaja y MacCormack con destinos alejados de las investigaciones complejas.
Si bien Perotti manifestó que su gestión quería “cortar los vínculos con el delito”, cuando comenzó a surgir la trama que conectaba a la política con el juego clandestino, Sain llevó adelante ese enfrentamiento prácticamente en soledad. El estilo personal del ministro, directo y descarnado, contribuyó a la visibilización del problema pero también a su estigmatización pública por parte de los opositores mientras se agravaban las cuestiones de seguridad. El proyecto de reforma de la policía llegó a la Legislatura provincial recién en octubre de 2020, nunca fue tratado por los diputados y los senadores y en el contexto actual de acercamiento entre el oficialismo y la oposición parece destinado al olvido.
Poder en bloque
Sain renunció al ministerio el 19 de marzo de 2021, después que trascendiera el audio de una conversación privada, editado a los fines de su difusión pública, en el que se manifestó con fuertes términos despectivos hacia la policía provincial y hacia los propios santafesinos. Se dispuso a reasumir como director del Organismo de Investigaciones -al que accedió por concurso en 2018-, pero los legisladores lo acusaron por supuesto proselitismo desde la función pública y en el mes de octubre lo destituyeron, con la prohibición de ejercer otros cargos en Santa Fe en los próximos diez años.
El 24 de noviembre, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anunció la incorporación de Sain como asesor especial en criminalidad compleja, para lo cual reivindicó su experiencia en Santa Fe. Dos días después, un procedimiento ordenado por dos fiscales santafesinos instaló la sospecha de que Sain había ordenado tareas de espionaje sobre empresarios, jueces, policías y periodistas. Pasado el impacto inicial las evidencias al respecto no aparecen y crecen, en cambio, las sospechas de una nueva operación político-judicial.
Debilitado por el resultado de las últimas elecciones, jaqueado por el incremento de los homicidios y las balaceras, sin mayores iniciativas aparte de recurrir al pedido de fuerzas federales (por sexta vez en la provincia desde 2014), el gobierno de Perotti busca el diálogo con la oposición y designa funcionarios en Seguridad celebrados por Patricia Bullrich, como el ex comandante de Gendarmería Claudio Brilloni. El “bloque tradicional de poder” parece gozar de buena salud.