-¿Cuál es su opinión sobre la Ley de salud mental?
-Yo creo que hay una embestida política contra la Ley de salud mental, que forma parte de un paquete de embestida de derecha. El problema más serio de la ley es que se requiere mucha energía y transformación para implementar sus principios básicos. Después, si hay que modificar alguna cosa, revisar la articulación con el Código Penal, se puede ver. Pero los que hoy plantean que necesitan otra Ley de salud mental lo que quieren, en realidad, es volver para atrás. La ley tiene un núcleo central que parte de la suposición de que la población que está en el campo de la atención tradicional de salud mental tiene una hiposuficiencia jurídica, un término de Alfredo Krauss que me parece interesante. Es un sector que está en excepción de derecho, y lo que hace la ley es garantizar los derechos de personas en el único caso en que se la puede privar de su libertad por una razón de salud. No es verdad que la ley no habilite la internación involuntaria. No es así. Si la persona está en una crisis durante la cual se supone que no puede tomar una decisión, y esto significa, por su estado, en ese momento, un riesgo para sí o para terceros, la ley sí habilita la internación involuntaria. Para todos los que dijeron que no, mintiendo alevosamente, es sólo cuestión de leer la ley. Hay una serie de artículos que regulan la internación involuntaria, pero hay una serie de intereses que están en contra de esta ley.
-Cambiemos la pregunta, ¿qué es lo mejor que tiene la ley?
-Lo mejor que tiene la ley es que regula cuidadosamente el proceso de internación, de tal manera que antes era un lío que una persona, aún sana, pudiera salir de la internación psiquiátrica y ahora hay que rendir cuentas de por qué se la mantiene internada. Y lo otro bueno, es que crea una serie de dispositivos que no solo garantizan la participación de los usuarios con capacidad de decisión, sino también la fiscalización de los procesos en el cumplimiento de los derechos. También es cierto que hay aspectos que no se están cumpliendo. Este año deberían transformarse todas las instituciones monovalentes y los hospitales generales tendrían que tener servicios de salud mental y dispositivos comunitarios. Esto significa recursos. A la vez, este es un país federal. Existen distinta realidades en distintas provincias.
-¿Es un problema de recursos, un choque de perspectivas?
-Hay un problema de recursos. Recuerdo cuando venía al doctorado el psiquiatra Michael King, que había estado en la reforma de salud mental de Londres, explicaba que hay un momento de doble inversión cuando todavía hay grandes instituciones que son costosísimas y, mientras se desinstitucionaliza, hay que ir generando formas de asistencia alternativas. Segundo: necesitamos recapacitar al personal, porque nos hemos formado en un modelo biomédico y en el caso de los Psi, con una formación más centrada más en la respuesta clínica individual que en pensar dispositivos grupales o modelos de escucha. Y el tercer problema es el sistema mismo de salud argentino, que tiene un alto nivel de fragmentación. Cada provincia tiene sus modelos, y distintas respuestas incluso en sus municipios, y eso produce asimetrías importantes. Después, además, tenés el sistema privado y el de las obras sociales. Es un tema complejo.
-La salud mental suena indivisible de la salud general, pero muchas obras sociales, por ejemplo, no cubren ciertos tratamientos ni sesiones de terapia. ¿El acceso a la salud mental es un privilegio en Argentina?
-Mirá, depende de donde te toque. Te diría que las prestaciones de salud mental en países desarrollados no tienen la extensión que tiene en la Argentina. No sé en la Seguridad Social de España qué lugar ocupa para la mayoría el cuidado de la salud mental, por poner un ejemplo. La Ley de salud mental tuvo aquí un amplio debate acerca de las reformas curriculares en las universidades para adecuar la formación de los profesionales a la ley, pero no son procesos que se hagan de un día para el otro. Hay actores dentro del sistema de salud y no parecen tener todos, como principal objetivo, la salud de la población.
