Verónica Soulé vivía en Pueblo Casas, una localidad del departamento San Martín, en la provincia de Santa Fe, que según el último censo tiene 925 habitantes. Los vecinos estaban al tanto de los maltratos que padecía por parte de su pareja, el camionero Lisandro Cabral, pero no hubo intervenciones que pusieran fin a la situación. La mujer, de 31 años, falleció el 23 de marzo de 2020 después de ser rociada con alcohol y sufrir quemaduras en el 88 por ciento de su cuerpo.
La tragedia se repite cada 30 horas. Entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021 hubo 1343 femicidios en la Argentina, según un registro del Observatorio Nacional de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. La estadística revela una tendencia hasta ahora poco observada: “Con frecuencia, los femicidios ocurren en localidades del interior de las provincias”, afirma Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de la ONG.
“La violencia de género no aparece de la noche a la mañana en una relación de pareja, es un espiral ascendente. En los pueblos, como se dice, todo el mundo sabe lo que pasa. Pero por eso mismo minimiza, no actúa ante los casos”, agrega Cabrera Fasolis.
La familia Soulé es originaria de la provincia de Entre Ríos y se mudó a Santa Fe en busca de trabajo. “Verónica conoció a Cabral a los 14, 15 años. Primero andaba todo bien y tuvieron dos hijos. Después él se puso muy celoso, la apartó a ella de su familia y no la dejó trabajar. Cuando él no estaba, mi hija quedaba a cargo de la suegra, la vigilaban”, dice Graciela Ríos, madre de Verónica.
El juicio contra Cabral fue suspendido dos veces y no tiene fecha. Ríos reclama a la Justicia por la muerte de su hija y, también, por el contacto con sus nietos, que perdió hace un año y medio, cuando quedaron bajo la tutela de la familia del hombre, en la localidad de Cañada Rosquín. “Muy poca gente de Pueblo Casas nos acompaña. Nadie quiere ser testigo. Cabral pertenece a una familia conocida en la zona”, afirma.
Imaginarios
Las pequeñas y medianas localidades de las provincias construyeron tradicionalmente sus imaginarios en contraposición con el de las capitales y el de las grandes ciudades. La violencia de género y los femicidios impunes muchas veces terminan con esas ilusiones y trastornan la vida cotidiana. “En San Jorge hay mucho miedo”, dice Diego Urteaga, hermano de María Florencia Gómez, asesinada el 12 de octubre de 2020 en esa ciudad santafesina de 24 mil habitantes.
El crimen ocurrió en un camino rural vecino al casco urbano y no tiene sospechosos. “La primera reacción de la gente de San Jorge fue una gran conmoción. Somos una familia conocida, fuimos a la escuela en el pueblo, estuvimos en los ballets folclóricos, en el fútbol, en toda la vida social. Más allá de lo traumático y del shock que vivimos, actuamos lo más rápido que se puede hacer y en una semana hicimos tres marchas, acompañados por la gente que nos quiere”, recuerda Urteaga.
María Florencia tenía 35 años y dos hijos, estaba separada y militaba en el Partido Comunista. “Su vocación de servicio fue construida antes, en su familia”, destaca el hermano, veterinario y radicado en la ciudad de Santa Fe. “Ella se estaba formando en el área de la mujer. Como está todo tan enfermo con la política, estoy convencido de que si ella no hubiera pertenecido al partido habríamos tenido más apoyo”.
La desaparición y el asesinato de Andrea Castana, en Villa Carlos Paz, también movilizaron a los vecinos. Fue el 11 de marzo de 2015, cuando la mujer dejó a sus hijos de 6 y 9 años en la escuela y fue a caminar al Cerro de la Cruz, paseo turístico y escenario de las celebraciones en Semana Santa.
Castana fue hallada con signos de abuso y la autopsia determinó que había sido estrangulada. “Todo Carlos Paz se presentó para colaborar en la búsqueda”, recuerda Alicia Villafañe, la madre. Por un lado me siento agradecida y por otro pienso que fue un lío, porque se borraron pistas. La policía no hizo nada para cuidar el lugar, al día siguiente todavía subían turistas”.
El 11 de marzo una nueva manifestación reclamó por la investigación del caso. “Fuimos hasta la jefatura de policía”, dice Villafañe. “Gritamos el nombre de Andrea y el pedido de justicia. Nunca fuimos violentos, en estos siete años no hicimos más que marchar y pegar carteles. La única respuesta de la policía fue poner vallas en la calle y encerrarse en el edificio”.
Fuerzas de seguidad
Oscar Zabala es el padre de Bárbara, quien fue asesinada por su ex novio en la ciudad bonaerense de Pehuajó en las primeras horas del 6 de diciembre de 2019, el día que cumplía 20 años. “Le cantamos el feliz cumpleaños en mi casa, me abrazó, me besó y salió a tomar algo con las amigas. Al rato me avisaron que mi hija había sido apuñalada. Llegué al lugar y estaba muerta. ¿Cómo te reconstruís de algo así, de un dolor tan grande?”, se pregunta.
Zabala escribió un libro, Femicidios, vivencias y características, publicado en abril de 2021 y concebido con un perfil educativo para concientizar sobre la violencia de género y discutir prejuicios. “He chocado con hombres que se sienten afectados por lo que digo. Me gustaría tener el apoyo más de hombres que de mujeres en esta lucha”, dice Zabala.
El asesinato de Bárbara Zabala expuso factores reiterados en los femicidios: la ineficacia de las restricciones perimetrales de los violentos cuando no son controladas, la negligencia policial en las tareas de vigilancia, la minimización de los hechos por parte de los funcionarios judiciales. “Cinco días antes del asesinato, la jueza de paz de Pehuajó levantó la custodia porque dijo que perro que ladra no muerde”, agrega Zabala en referencia a las amenazas y el acoso del femicida, Brian Dirassar, un policía de 21 años.
Dirassar fue detenido poco después del crimen y el 14 de junio será llevado a juicio en los Tribunales de Trenque Lauquen. Según la estadística de Mumalá, el 9% de los femicidas del período 2017-2021 pertenece a fuerzas de seguridad y en algunas provincias la tendencia es todavía más pronunciada (en Córdoba, el 16 %). “Los miembros de las fuerzas de seguridad tienen un acceso diferencial a la información, a las armas y a la violencia. Esas fuerzas no abordan la violencia de género como una situación particular e incluso tienen protocolos de actuación que desalientan las denuncias cuando afectan a sus integrantes”, señala Cabrera Fasolis.
El libro de Oscar Zabala fue precedido por la canción “No es amor”, de cuya letra había realizado un bosquejo (https://www.youtube.com/watch?v=ykwzJBfo_Ww&ab_channel=Urban985Pehuajo). “Todos pensamos que algo así no nos va a pasar. La vida familiar se derrumba”, comenta el padre de Bárbara. Diego Urteaga comparte esa reflexión: “Es devastador, y la gente no entiende que le puede pasar a cualquiera. Mi hermana fue asesinada un día que salió a caminar. Hay que trabajar en la educación, somos una sociedad machista y tenemos que hacernos cargo de lo que significa”.
Los femicidios descubren una y otra vez las defecciones de la policía y de la justicia y su impacto en el tejido social “no se puede dimensionar, por sus múltiples consecuencias”, advierte Cabrera Fasolis. La estadística de Mumalá registra un dato abrumador: 1.439 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre en los últimos cinco años como resultado de la violencia machista.
Las familias del dolor
Las fallas de las investigaciones y la impunidad agravan el deterioro social y el padecimiento de las familias. No obstante, las actitudes solidarias y el acompañamiento mutuo con personas que atraviesan la misma experiencia generan lazos de contención y de impulso en la búsqueda de justicia.
“Nos dimos cuenta que lamentablemente no estábamos solos”, dice Urteaga: “Había otras familias con el mismo dolor. De los afectos, del acompañamiento, uno saca las fuerzas para seguir”.
En las marchas donde se reclama por el esclarecimiento del crimen de María Florencia Gómez está también presente los nombres de Andrea, Verónica y otras víctimas de la violencia de género. En la última movilización realizada en Villa Carlos, a la vez, se difundió un mensaje grabado de los padres de Cecilia Basaldúa, una mujer porteña asesinada en Cruz del Eje.
“Somos las familias del dolor”, dice Alicia Villafañe, que trabaja como médica en Villa Carlos Paz. “No quiero tener rencores, porque no podría dar amor a mis nietos, a mis hijos, a mis pacientes. Esa es la enseñanza del día a día, e insistir en saber qué pasó: una trata de vivir lo mejor que puede, pero la incertidumbre se mantiene”.
El registro del Observatorio Nacional Mumalá es parte de la campaña #EmergenciaNiUnaMenos, que aboga por políticas de Estado y mayores asginaciones presupuestarias para enfrentar la violencia. “En Córdoba, el 75% de los femicidios se dan en localidades del interior de la provincia. No es que sean retrógradas: hay desigual distribución de los recursos y de la información entre las capitales y los pueblos y ciudades medianas, por ejemplo de los equipos de abordaje de las situaciones violentas y de la prevención, y a esto se suma la dificultad de presentar denuncia en un lugar donde todos se conocen y de aplicar órdenes de restricción en un espacio geográfico acotado”.
La coordinadora de Mumalá destaca la necesidad de trabajar en prevención de la violencia y asistencia de víctimas “en cada localidad, en cada pequeña ciudad”, en el marco de “una política de cercanía” que no encuentra en las gestiones de gobierno. “Respetemos a las mujeres”, exige Zabala. “No olvidemos a las víctimas. Y cambiemos como sociedad”.
