El inframundo de la droga dejó de ser cosa de hombres
Ilustración Daniel "Pito" Campos
El juicio se celebró en 2017 en los tribunales de la ciudad de Córdoba y hubo que disponer dos filas de bancos para sentar a las 10 mujeres imputadas y dos sillas más para los dos varones, todos vecinos de un popular reducto conocido como Chaco Chico, acusados de integrar una banda que fraccionaba y vendía porros y marihuana al menudeo a toda hora del día. El debate concluyó con fuertes condenas para todos, superiores a los 6 años de prisión, dado que a los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes -que tienen un mínimo de 4- se les sumaron agravantes por el número de personas involucradas y porque se comprobó que hubo menores de edad entre los que acudieron al lugar a comprar cigarrillos.
Al fundamentar la sentencia, el juez de la Cámara 3° Gustavo Ispani bregó porque la Policía Federal y la Fuerza Provincial Antinarcóticos (FPA) se esmeren en compartir datos e información de sus investigaciones para poder avanzar en toda la cadena del narcotráfico. “De lo contrario, habremos de conformarnos con sólo haber atrapado personas sin instrucción, sin trabajo, componentes -en definitiva- del estrato inferior de la sociedad que por unos pesos arriesgan su libertad so pretexto de conseguir alguna salida a su paupérrima condición vital y, cuando no, utilizar esta 'actividad' para el consumo personal”, declaró.
No es la primera sentencia que describe el caldo de cultivo social y económico donde se cocina el narcomenudeo, último eslabón del narcotráfico que desde 2005 en Buenos Aires y desde 2012 en Córdoba (además de Salta, Chaco, La Pampa, Entre Ríos) salió de la órbita de la Justicia federal para quedar a cargo de las Provincias. Pero sí fue un fallo muy ilustrativo sobre los efectos concretos de una política criminal que, en este caso puntual, confirmó la estadía de las 10 mujeres en la penitenciaría femenina de Bouwer.
Demasiadas penas sin gloria
En Argentina, las mujeres representan aproximadamente el 5% de la población carcelaria. Sin embargo, si se analiza la ecuación específicamente en los delitos de drogas, ellas superan el 30% del total de detenidos. En la actualidad, la violación a las leyes de estupefacientes constituye la principal causa de encarcelamiento femenino, generalmente por tareas de guarda, traslado o venta directa al consumidor.
El último informe de la Defensoría Adjunta del Pueblo de Buenos Aires confirma que son apresadas por roles que tienen que ver con el narcomenudeo y destaca que generó un “aumento exponencial de la cantidad de mujeres presas (ya sea en cárceles o bajo el régimen de prisión domiciliaria) en territorio bonaerense: 90% en los últimos cinco años”.
La situación se replica también en Córdoba donde casi de cuadruplicó la cantidad de mujeres presas por este tema en los últimos 10 años. “En el año 2011 había 48 mujeres detenidas por drogas sobre un total de 226 internas, y hoy sobre una población total de 469, hay 184 detenidas por drogas, de las cuales 112 están por narcomenudeo”, precisó Cecilia Lanzarotti, secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, quien apuntó que en los últimos años se observa además un aumento de la problemática de consumo y adicción. Al asumir el cargo en marzo de 2019, tras los suicidios de dos internas y en medio de fuertes reclamos de las presas que llegaban a los tribunales en forma de hábeas corpus, la funcionaria, que fue 10 años directora del Patronato de Liberados, planteó la necesidad de una nueva mirada sobre la prisionalización de las mujeres que observe con perspectiva de género las demandas específicas de esta población vulnerable. Consultada por REDACCIÓN MAYO, señaló que actualmente trabajan en la contención a través de distintos programas educativos y culturales, y que elaboraron junto con el Ministerio de Justicia un protocolo de documentación para facilitar las visitas de estas mujeres, muchas de ellas madres o a cargo de otros familiares. “Además reforzamos la atención psicológica y física con guardias médicas las 24 horas”, agregó.
Una respuesta ineficaz
“El uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas (...). A pesar de que llevan la peor parte de las políticas punitivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad.
La mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo, como una manera de enfrentar la pobreza o, a veces, por la coacción de una pareja o familia”. La conclusión es parte de un documento titulado Mujeres, políticas de droga y encarcelamiento, elaborado en conjunto por la entidad WOLA, el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, una guía de 50 páginas con ideas para implementar reformas más humanas y eficaces en las políticas de drogas. “El encarcelamiento de estas mujeres poco y nada contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública. Por el contrario, la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa un círculo vicioso de pobreza, vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento”, agrega, al tiempo que alerta sobre las consecuencias devastadoras que la prisión tiene para el entorno de estas mujeres que, además de pobres, son madres y cuidadoras, en su amplia mayoría.
En Argentina, documentos con enfoques similares son materia de capacitaciones del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación, en procura de abordar estos delitos con perspectiva de género, en sintonía con convenciones internacionales como la de Belem do Para o las Reglas de Bangkok.
Sacarse la venda
Para Mercedes Crespi, defensora pública oficial en los tribunales federales de Córdoba, la situación se agravó con la desfederalización del narcomenudeo, ya que las Provincias encararon el asunto con fuerte sesgo punitivo y altos niveles de prisionalización para congraciarse políticamente con reclamos de la gente. En su opinión, el problema de fondo es que la ley 23.737 establece para el delito de comercio una pena de 4 a 15 años sin discriminar tareas, cantidades, usos, roles. “La ley no prevé de un modo distinto, propiamente, el narcomenudeo. Y mucho menos aún la situación de necesidad en el narcomenudeo, algo que en un país con 50% de pobreza va a haber que empezar a tener en cuenta”.
En la misma sintonía, en su último libro Investigación y prueba de Narcotráfico, 600 páginas que se leen con la facilidad de una novela, el fiscal federal cordobés y docente de la UNC Maximiliano Hairabedian destaca las injusticias que puede generar el Estado cuando descarga su peso punitivo sobre sectores muy vulnerables que encuentran en la venta de droga al menudeo un sostén económico. Y concluye en que, frente a esas inequidades, los fallos que por la vía jurisprudencial perforan el mínimo previsto o cambian la calificación hacia figuras penales más benignas “son válvulas de atenuación permitidas que, bien aplicadas, pueden significar que la justicia se saque la venda de los ojos en beneficio del débil”.
NOTAS
“Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en Latinoamérica”
Evolución de la cantidad de mujeres detenidas por drogas en Buenos Aires.
https://waltermartello.com.ar/mujeresynarcotrafico/