En el mundo hay aproximadamente 2.300 millones de niños y niñas, casi un tercio de la población humana total. Son niños y niñas las personas menores de 18 años o aquellas que no han alcanzado la mayoría de edad en su país de nacimiento. Todas las infancias y adolescencias, al igual que las personas adultas, tienen derechos humanos que son irrenunciables e inalienables.
El 20 de noviembre de 1989 las Naciones Unidas crearon la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que define los derechos humanos básicos que deben disfrutar los niños, las niñas y adolescentes. Este documento fue firmado por 190 países, con excepción de Estados Unidos. La Argentina ratificó la CDN en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional tras el Pacto de Olivos. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 establece la aplicación obligatoria de la Convención.
En primer lugar, los niños y las niñas tienen derecho a una identidad; es decir, tienen derecho a una inscripción oficial de quiénes son, que incluya su nombre, nacionalidad y relaciones familiares. La CDN dice que el padre y la madre son los principales responsables de criar al niño/a y si este no tiene padres, la responsabilidad recaerá en otro adulto al que se conoce como “tutor”.
Cuidado integral de las infancias
Entre los derechos establecidos por la ley se destaca el derecho de interés superior de las infancias y adolescencias que refiere a la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la Ley 26.061. Esto incluye el respeto del niño, niña y adolescente a su condición de sujeto de derecho; el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; el respeto a su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.
El derecho al interés superior implica que las personas adultas tienen la responsabilidad de tomar decisiones que no afecten a las infancias que tienen a su cuidado. Sin embargo, hay evidencia de que los derechos de los niños y las niñas se vulneran a diario, entre otras causas, porque dependen de adultos y adultas. Por estar en pleno desarrollo y por su dependencia a sus padres y madres, las infancias constituyen grupo de alta vulnerabilidad social, ya que corren el mayor riesgo de sufrir pobreza, desnutrición y abusos.
Las infancias tienen derecho a la alimentación, al vestido y a un lugar seguro donde vivir, para que puedan crecer del mejor modo posible. La CDN indica que cuando estos bienes no pueden ser costeados por las familias el gobierno debería ayudarlas. Según el último informe de Unicef Argentina, en diciembre de 2020, 8.3 millones de niñas, niños y adolescentes estaban en situación de pobreza. Si bien gracias a la Asignación Universal por Hijo (AUH) 3.9 millones de niños y niñas son alcanzados por la ayuda estatal, todavía 1.8 millones no acceden a ninguna cobertura de protección de ingresos (lo que representa a un 14,4% de los niños, niñas y adolescentes del país).
Derecho al cuidado en la primera infancia
El derecho de un niño o niña a contar con la presencia de sus cuidadores durante sus primeros meses de vida está condicionado por el tipo de empleo de sus padres, y genera una desigual distribución de las tareas de cuidado entre varones y mujeres, reproduciendo la desigualdad de género.
Actualmente sólo 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras puede acceder a licencia por maternidad o paternidad, ya que están destinadas solamente a trabajadores y trabajadoras formales en relación de dependencia. Además, su duración es heterogénea, con un piso establecido por la Ley de Contrato de Trabajo de 90 días por maternidad, que incumple la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (98 días), y dos días corridos por paternidad, entre las más bajas de la región.
Derecho a la educación
Cada niño y niña en todo el mundo tiene derecho a recibir una educación. La educación es una herramienta fundamental para las infancias, ya que debe ayudarles a alcanzar el pleno desarrollo individual de su personalidad, sus talentos y capacidades. A la vez que le permite conocer sus derechos y sus responsabilidades propias de la vida en comunidad. En Argentina, la Ley 26.206 de Educación Nacional sancionada en 2006 establece que todos los niños, las niñas y adolescentes deben recibir 14 años de educación obligatoria que incluye jardín, primaria y secundaria.
Si bien en todo el país existen escuelas públicas de calidad el acceso a la educación varía según el lugar de residencia, no es lo mismo ir a la escuela en los grandes centros urbanos que en las zonas rurales. Según Unicef Argentina, cerca de 650.000 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años están fuera del sistema educativo, de los cuales aproximadamente medio millón son adolescentes. En contextos rurales, el 34% de los adolescentes de 15 a 17 años está fuera de la escuela: 93.000 adolescentes, de los cuales 65.000 pertenecen a contextos rurales dispersos.
Cerca de 1 de cada 2 adolescentes que asisten a la escuela secundaria regular logra completarla. La deserción escolar se debe a diferentes motivos como el ingreso al mercado laboral, dificultades económicas para cursar, embarazo o cuidado de hijos o hermanos menores, o falta de interés en la propuesta pedagógica que ofrece la secundaria.
Derecho a la salud e integridad
En Argentina, niños, niñas y adolescentes encuentran obstáculos para acceder a su derecho a llevar vidas saludables. Se enfrentan a un sistema de salud fragmentado y segmentado, que presenta disparidades territoriales en cuanto a su acceso, y a la falta de servicios que garanticen calidad y confidencialidad, especialmente para la población adolescente.
La mala y deficiente alimentación es otro factor que incide en la salud en la niñez. Según Unicef Argentina, el país tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años de América Latina y el Caribe, y 3 de cada 10 adolescentes tiene sobrepeso. La situación afecta aún más a la población más vulnerable, los de bajo nivel socioeconómico tienen 31% más de probabilidades de tener sobrepeso que los de alto nivel.
También está en la agenda de la salud pública en Argentina el embarazo adolescente. “A nivel nacional, 14,7% de los partos son de madres adolescentes, cifra que llega al 25% en algunas provincias del Noreste. Es decir que 3.000 niñas menores de 15 se convierten en madres cada año, en muchos casos a causa de un abuso sexual”, indica Unicef Argentina.
Según una encuesta de Unicef Argentina, el 70% de niños y niñas de 2 a 17 años fueron sometidos a algún tipo de violencia (física, psicológica o sexual) y casi la mitad, 46,4%, de los padres y madres reconocen que recurren a la violencia física como medida disciplinaria. Aún con la existencia del Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado por la Ley 26.150, es preocupante la falta de difusión de la información sobre violencia, abandono y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como las dificultades que existen para que las infancias puedan acceder a la justicia para salir de estas situaciones.
En el país hay alrededor de 9.000 niñas y niños sin cuidados parentales, 84% de ellos y ellas viven en instituciones que no siempre se adecuan a los estándares mínimos de cuidados, con escasos recursos materiales y débiles sistemas de monitoreo estatal que permitan garantizar su bienestar mientras se encuentran en el sistema de cuidados alternativos.
Los datos provistos por Unicef Argentina evidencian que los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados con pocos esfuerzos de reparo a nivel estatal. Es el Estado quien debe hacer cumplir la ley y quien debe diseñar e implementar políticas públicas específicas para la niñez.
Derecho a la comunicación
Las infancias tienen derecho a expresar sus opiniones sobre los asuntos que les afectan y los adultos deben escucharles y tomarles en serio. La CDN establece que las infancias tienen derecho a compartir libremente con los demás lo que aprenden, lo que piensan y lo que sienten, ya sea hablando, dibujando, escribiendo, o por cualquier otro medio, a menos que perjudique a otras personas.
Además, las niñeces tienen derecho al acceso a la información a través de internet, de la radio, la televisión, los periódicos y otros medios de comunicación, mientras que las personas adultas deben velar por que la información que reciben no sea dañina.
En una sociedad administrada y centralizada en la adultez como personas laboralmente activas y como motor de la economía dentro del sistema capitalista, es importante preguntarnos por el rol que ocupan las infancias en la estructura social. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias de Argentina les afecta en su presente y en su futuro. Entender a la niñez como una etapa inicial de la vida implica respetar sus derechos y escucharlos dándole peso a sus palabras con acompañamiento y acciones que mejoren su calidad de vida.
Con la celebración del día del niño y la niña en Argentina, que se realiza cada agosto, desde la Fundación COLSECOR y Redacción Mayo proponemos una agenda periodística para profundizar en los derechos de las infancias con el objetivo de generar conciencia respecto a las responsabilidades de cuidado integral de las personas adultas hacia los niños, niñas y adolescentes.
Esta nota se enmarca en la Agenda Pública “Infancias Cuidadas”.
