Aborto legal: los primeros cuatro meses, con sobrecarga en el sistema público
Cuando el 24 de enero entró en vigencia la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada el 30 de diciembre del 2020 en la Cámara de Senadores, las personas con capacidad de gestar conquistaron un nuevo derecho: la soberanía para decidir cuándo y cómo maternar. El plazo que prevé la ley para la interrupción es hasta la semana 14 inclusive de gestación.
Profesionales de la salud que vienen trabajando en garantizar el acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos perciben que durante los primeros meses de vigencia de la interrupción voluntaria del embarazo se han sumado más espacios para acceder al aborto y que la demanda se focaliza principalmente en el sistema de salud público.
“Se sumaron muchos lugares nuevos, se amplió la red y el listado de los profesionales garantes de derecho. Había muchos que estaban en duda, que tenían miedos legales aunque no objeciones morales ni éticas, y la legalización hizo que estas personas se animen a acompañar abortos sin temer a la judicialización”, explicó Belén Carcedo, médica General y de Familia, activista feminista e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Carcedo detalló que se están realizando numerosas capacitaciones para acompañar a los profesionales que no tenían experiencia. “Hubo un aumento de la demanda institucional del aborto, no hacemos la lectura de que hay más abortos, sino que como han salido de la clandestinidad se institucionalizan, se registran, y se realizan de manera segura y cuidada”, apuntó la médica que también es docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“Hubo una reformulación de las estrategias de acompañamiento, y parte de las llamadas que llegan a las socorristas ahora se están articulando con el sistema de salud y derivando a efectores de salud pública o autogestiva”, agregó.
Carcedo, quien participa de la mesa nacional de la Red de Profesionales, puso la lupa en las coberturas de obras sociales y del sistema privado: “En todas las provincias sigue pasando que médicos que objetan en la parte pública, garantizan pero en silencio y por onerosas sumas de dinero en la parte privada”, indicó.
“Se va desarmando de a poquito la penalización social, las personas se animan a solicitarlo, pero en la garantía real vemos que las obras sociales no están funcionando bien, o cubren la medicación, o cubren alguna técnica pero no Ameu (Aspiración Manual Endouterina). Depende de la disputa de cada provincia, pero en general las obras sociales más grandes y conocidas no están cubriendo ni la medicación porque como no salió la reglamentación no está aún en el nomenclador”, detalló.
“Se sigue sobrecargando el sistema público. A nivel nacional se está triplicando la demanda en el sistema público”, resumió.
Rocío Cruz Álvarez es médica, residente en Medicina General, trabaja en el sistema público municipal de la ciudad de Córdoba, es coordinadora de Mumala Córdoba e integra también la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y la Campaña Nacional por el Aborto Legal. Coincide en que el sistema público está sobrecargado, y asegura que se receptan pacientes que tienen obra social o prepagas y que no encuentran espacios donde canalizar su decisión.
“Hemos visto casos de profesionales que mandaron a googlear a dónde ir a una persona que quería abortar, desconociendo el marco legal que si bien permite la objeción de conciencia, no habilita el abandono de persona y especifica que la derivación tiene que ser oportuna para que haya resolución en un plazo máximo de 10 días”, puntualizó Álvarez.
Y agregó que, en Córdoba, una de las grandes dificultades es el acceso al aborto en el segundo trimestre del embarazo, mientras que hasta la semana 13 las interrupciones pueden resolverse en el ámbito de atención primaria de la salud. “En muchos espacios municipales se venía garantizando ya el acceso a ILE (Interrupción Legal del Embarazo), con dificultad y muchas veces con disputas en los equipos, pero con gran convicción de personas con perspectiva de derechos y de género. Esa experiencia acumulada en los consultorios nos permite tener ahora mecanismos aceitados para poder garantizar respuestas a una demanda que se ha triplicado”, valoró.
Carcedo precisó que las barreras después de las 13 o 14 semanas de gestación se deben a que, a partir de entonces, se recomienda que la interrupción no sea ambulatoria, por lo que deben derivarse los casos a hospitales del segundo nivel.
“Sigue habiendo muchísimo maltrato en las instituciones de segundo nivel en Córdoba, hay ginecólogos y ginecólogas que siguen sin formarse y recurren a tratamientos que no son adecuados, o que implementan tratamientos farmacológicos a medias, sin la suficiente analgesia. Que por ley deba haber un médico no objetor no está siendo sinónimo de que se realicen prácticas respetadas, humanizadas, cuidadas y con los mejores estándares de calidad de tratamientos disponibles”, remarcó Carcedo.
Aspiración Manual Endouterina, una de las deudas
La Aspiración Manual Endouterina (Ameu) es una de las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrumpir embarazos de hasta 14 o 15 semanas, pero muy poco practicada en el país y en Córdoba.
“La Ameu es una opción para el primer trimestre en vez del tratamiento farmacológico, debería poder ser elegido por cualquier persona porque eso dice la ley de los derechos de los pacientes, pero sólo se está usando en algunos lugares de la salud pública”, explicó Carcedo.
En el Consultorio de Salud Integral, un espacio autogestivo en Córdoba, desde hace ocho años están capacitados para realizar esta técnica de interrupción de primer nivel que es ambulatoria, que no requiere internación ni anestesia. “Sólo se necesita una camilla ginecológica, un equipo esterilizador, el aspirador manual y una persona capacitada en la técnica, que según la Organización Panamericana ni siquiera hace falta que sea un médico, pero eso también es foco de las disputas profesionales de cada disciplina”, apuntó.
Álvarez coincidió: “Es sumamente importante para mejorar la calidad de las IVE poder garantizar la Ameu, que actualmente no se realizan en los hospitales de Córdoba salvo en el Príncipe de Asturias. Hay instrumentales pero pareciera no hay voluntad de brindar esta técnica mínimamente invasiva que es el gold standard (de máxima fiabilidad) de la OMS y que destierra técnicas obsoletas como el legrado”.
El Ministerio de Salud de la Nación recepta, a través de un formulario online reclamos de personas que hayan tenido dificultades para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Faltante de anticonceptivos, otro gran problema
La provisión de diferentes métodos anticonceptivos en los centros de salud se ha convertido en un problema frecuente, antes y durante la pandemia del coronavirus. “No hay implantes subdérmicos, no hay anticoncepción hormonal inyectable, por la pandemia ha sido casi nula la anticoncepción quirúrgica. Sabemos que la situación sanitaria es preocupante y está desbordada, pero en estos meses tampoco el sistema de salud pudo priorizar esa demanda cada vez más creciente”, advirtió Rocío Álvarez.
“Lamentablemente muchas de las mujeres y demás identidades sexo genéricas que pueden gestar y abortar, vieron su derecho vulnerado a acceder a un método anticonceptivo efectivo y oportuno”, resumió la médica que ve a diario tanto la demanda como los faltantes.
En el caso de los inyectables mensuales, estiman que no habrá disponibilidad hasta el año próximo por una dificultad en la fabricación. “Y en el resto de los métodos tenemos faltantes muy graves, faltan desde hace meses pastillas, inyecciones, incluso la inyección trimestral, implantes no hay desde el año pasado. “El 94% de los centros de salud del país no cuenta con inyección mensual, el 50% con pastillas ni con DIUs”, apuntó Carcedo.
“La pandemia por Covid se acompañó de una pandemia de embarazos no intencionales por falta de recursos, por falta de métodos anticonceptivos y de servicios de salud disponibles. Hay que retomar el lema de la Campaña: Educación Sexual (integral, laica, científica, actualizada) para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto Legal para no morir. Es necesario seguir profundizando en estos aspectos, que son pilares fundamentales para el acceso pleno a la salud integral de las personas”, finalizó Álvarez.
Cómo proceder para solicitar una IVE
Las profesionales de la salud recomiendan primero consultar el recursero de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir el lugar más cercano en el que hay profesionales o equipos que garanticen el acceso; llamar a las Socorristas en Red para recibir orientación de a dónde acudir; sacar un turno en el Consultorio de Salud Integral de Córdoba; o bien recurrir a cualquier hospital público o centro de salud.
Luego del primer turno, se puede solicitar ecografía o no, y en función del cálculo del tiempo de gestación se acuerda el procedimiento óptimo para cada caso. “Las opciones disponibles son Ameu o tratamiento con misoprostol, son procedimientos ambulatorios en los que se realiza un seguimiento que puede ser telefónico, se brindan pautas de alarma, y lo recomendable es hacer un control posterior y buscar un método anticonceptivos para continuar luego del aborto”, precisó Carcedo, y aclaró que por la pandemia muchos procedimientos se acompañaron de manera telefónica.
En el caso de requerir misoprostol, en algunos casos hay stock disponible pero en otros es necesario solicitarlos al programa provincial. “Es una burocracia que está generando dilaciones, pero se consigue”, apuntó.
“Si hay un equipo interdisciplinario para acompañar es mucho mejor, pero si no lo hay y sólo se puede hacer con un profesional, la falta de equipo no es una barrera”, finalizó Carcedo.