En julio último, Uruguay cumplió cuatro años en haber legalizado la venta de marihuana en las farmacias. No obstante, lejos de ser una comercialización libre, se trata de una actividad que está fuertemente regulada por un Estado que no se hizo el distraído tras aprobar aquella ley. El asunto fue encarado con todos los lineamientos de una política sanitaria y, de hecho, son las autoridades las que fijan las estrictas condiciones en que se permite cultivo y la comercialización para consumo recreativo, y hasta el precio venta al público, que debe estar registrado como usuario para poder acceder a la sustancia, en dosis también estipuladas por mes, por persona.
“Fue en el marco de una política de salud y para evitar la represión contra los consumidores. Fue una solución, porque la venta sigue siendo ilegal y el cultivo también, salvo que estés autorizado. Es un sistema estricto, donde los consumidores se tienen que registrar, como así también los productores. Si estás registrado, vas y comprás el cannabis en algunas farmacias. No es el país de la marihuana libre. Si venís de afuera no tenés manera de comprar marihuana, salvo que estés registrado o algún amigo o amiga, que estén registrados, vayan y te compren; pero si te compran para vos se quedan sin su parte”, amplió el funcionario.
“El tema fue enfocado como política de salud, entendiendo que finalmente la gente iba a consumir marihuana, como consume otro tipo de sustancias psicotrópicas, y que era mucho más ventajoso generar un marco legal antes que perseguirla inútilmente”, resumió Gerardo Sotelo, director de medios públicos de Uruguay en una extensa entrevista con Redacción Mayo.
Precios "cuidados"
El asunto recae en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) que define tres aspectos claves en la legalización de esta droga: el cultivo doméstico, los clubes de membresía con habilitación vigente y los adquirientes en farmacias.
Siguiendo los protocolos del IRCCA, son 14 farmacias las que están adheridas a la venta de marihuana recreativa en todo el país. Cada usuario registrado no puede superar los 40 gramos de compra por mes. Para el cultivo propio, el techo es de un máximo de seis plantas de cannabis psicoactivo hembra por cada domicilio y el producto de la recolección no puede superar los 480 gramos al año. Para los clubes también existen limitaciones, con un máximo de 99 plantas por club y el acopio tampoco podrá superar los 480 gramos por socio.
El organismo define también los precios de venta al público y, cada vez que son actualizados, la noticia se publica en los principales medios del país, algo que en la Argentina sonaría insólito: “A partir del lunes 1° de febrero, se establece en 350 pesos uruguayos (791 pesos argentinos) en su presentación de cinco gramos de flores secas”. El incremento fue de 10 pesos con respecto al precio que se había fijado en noviembre 2020
Los números del negocio
Frente a un negocio multimillonario a nivel mundial, el control estatal de la producción de cannabis representa la posibilidad de que el país reciba significativos ingresos, tanto en la formación de empresas como así también en infraestructura, tecnologías e investigación en un campo que de a poco comienza a salir de las sombras (y de los bolsillos de los narcos).
A fines del 2018, la empresa canadiense Aurora Canmabis Inc. adquirió las acciones de una de las empresas que cultivan cannabis legal en Uruguay para uso recreativo. La operación que superó los 200 millones de dólares, según se conoció en aquel momento.
Cabe destacar que, sin autorización legal, la producción de cannabis psicoactivo aún se considera un delito penal en ese país.
