Ha transcurrido casi un año y medio desde el inicio de la pandemia y debimos realizar muchos cambios y ajustes en nuestros modos de hacer, en nuestras prioridades de investigación y en sobre todo en la interpretación acerca del rol que los medios de comunicación, incluidas las redes y plataformas, tuvieron como parte de la construcción de subjetividades y ciudadanías.
Una de las cuestiones que emergió como núcleo de interés fue la pregunta por los modos en que la ciudadanía en tanto públicos y audiencias ha transitado la crisis ocasionada por la pandemia. ¿Qué medios se consumieron? ¿Por cuántas horas al día? ¿En qué situaciones y modalidades? ¿Los ciudadanos contaron con conectividad para acceder a medios digitales? ¿Bajo qué motivaciones, necesidades, intereses y expectativas? ¿Qué contenidos -y, entre ellos, qué informaciones- se recibieron? ¿Quiénes produjeron esas informaciones? ¿A qué fuentes acudieron? ¿Quiénes ayudaron a procesar esas informaciones? ¿Cómo se relacionaron los consumos de medios con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación? En suma, nos preguntamos ¿Cuál fue y porque medios circuló la información socialmente relevante para enfrentar la pandemia? Tanto los medios tradicionales como los digitales, así como los comerciales, los públicos y los no lucrativos (cooperativos, comunitarios, alternativos) produjeron y transmitieron información según lógicas diferenciadas; si bien al inicio de la pandemia tuvieron algún punto consensual en términos de agenda, éstas se polarizaron rápidamente con el correr de los meses.
La inflación del uso de redes digitales conformó, asimismo, una escena inédita en la que se gestaron campañas de odio, muchas de ellas alimentadas a base de noticias falsas, fake news y campañas de desinformación. En este entorno, hecho de caos e incertidumbre, los ciudadanos y las ciudadanas no estuvieron en igualdad de condiciones para ejercer sus derechos a la comunicación. Mientras algunas personas se adecuaron rápidamente a las demandas de la excepción, muchas otras quedaron a la deriva. Desconectadas, aisladas o aún peor, sufriendo los efectos de lo que UNESCO ha denominado “desinfodemia” -esto es, una mezcla de información errónea y desinformación- que se extendió por todo el mundo sembrando discordia y confusión.
La pandemia que aún transitamos requiere producir claves analíticas sofisticadas en relación a la información que se produce y consume, a los actores y prácticas que esto involucra y al conjunto de mediaciones que intervienen, configurando, la dimensión comunicativa de la vida social.
Desde el Programa de Estudios de Comunicación y Ciudadanía consideramos, en este sentido, que era prioritario producir investigación y trabajo en red, a partir de articulaciones situadas, tanto en el ámbito local como nacional, para el abordaje de las múltiples problemáticas emergentes.
Consideramos que el contexto en el que tienen lugar esto procesos no solo debe ser leído desde la excepcionalidad que produce la pandemia. En efecto, la reestructuración del sistema capitalista en curso desde hace casi tres decenios ha dado lugar a una mayor incorporación de los conocimientos científicos y tecnológicos a la dinámica del sistema, lo que ha permitido el surgimiento de un nuevo paradigma basado en esas tecnologías, que también han contribuido a la globalización del capital y a la apertura de una nueva frontera de acumulación, en particular en relación con los activos intangibles e inmateriales y con toda la nueva dinámica económica basada en los procesos de digitalización, datificación, procesamiento inteligente de algoritmos e inteligencia artificial. El mundo del trabajo se ha reconfigurado gracias a la mediación de las plataformas digitales, que han permitido nuevas formas de explotación y precariedad. La conversación social, intensa en las redes sociales, está atravesada por campañas de desinformación que han marcado la actividad política y que ahora han sido señaladas como infodémicas. Campañas de desinformación que incluso han ayudado a elegir a políticos de extrema derecha y a sostener regímenes autoritarios. De hecho, la participación ciudadana en la política está estrechamente vinculada a su capacidad de incidencia en los medios de comunicación, en particular los digitales. Son ejemplos que ponen de relieve la nueva dinámica económica y la estructura de la mediación social que se han forjado en la actualidad.
Si bien estos cambios ya han reconfigurado la dinámica social, se han acelerado en el contexto de la pandemia de coronavirus, ya que la principal medida de protección de la salud adoptada en todo el mundo, el aislamiento social, ha aumentado la necesidad de utilizar plataformas digitales para las más diversas actividades de educación, trabajo, ocio, etc. Las desigualdades en este escenario, se han presentado de forma dramática. Como señalamos anteriormente, tener o no acceso a las computadoras y a la Internet se ha convertido -en gran medida- en el diferencial entre quienes pueden o no pueden continuar la educación escolar. En otro aspecto, las tecnologías de la información y las comunicaciones también se utilizaron en la lucha contra la pandemia, como la vigilancia de las personas mediante la localización de dispositivos móviles, mostrando los posibles usos, pero permitiendo también la expansión de la vigilancia por parte de los estados y las empresas.
La incidencia de este nuevo entorno tecno-informativo en la organización de la experiencia de los individuos en su doble condición de públicos y ciudadanos es central. En términos hipotéticos postulamos cambios significativos en al menos tres dimensiones relevantes en la modelación de la experiencia sociocultural y ciudadana: 1) la modificación de las prácticas de consumo informativo, 2) la creación de nuevas relaciones entre información, conocimiento y realidad, y 3) la producción de nuevos sentidos sobre cómo se construye y se es parte de lo común y lo colectivo.
En relación a estas dimensiones se articulan dos de las líneas de investigación que nuestra área lleva adelante y que resumimos a continuación:
Una de las investigaciones de las que participamos, se enfoca en la interrelación entre desigualdades y acceso a derechos desde una perspectiva interseccional. Se pregunta por el acceso efectivo a derechos de la población de la ciudad de Córdoba -específicamente en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, la conectividad y la información pública-, y por las acciones que lxs actores despliegan para hacer frente a los obstáculos y exclusiones en el acceso a esos derechos. La investigación es desarrollada por 13 equipos de la Facultad de Ciencias Sociales, aportando cada uno desde sus especificidades. Para el caso de nuestra área, desde los equipos dirigidos por la Dra. Daniela Monje y la Dra. Liliana Córdoba hemos integrado las variables de acceso a la conectividad y acceso a la información pública como dimensiones de indagación.
Como ya es obvio, la pandemia deja a su paso un incremento exponencial del uso de conectividad para todos los planos de la vida pública y privada, incluso allí donde aún no se alcanza de un modo adecuado, la conectividad es un imperativo que llegará a generalizarse más temprano que tarde, y la ciudadanía debe poder ejercerse en el siglo XXI desde un lugar de conciencia de las complejidades de lógicas y actores que construyen nuestras redes de interconexión, ya que es el modo de poder tomar decisiones racionales.
En Argentina, aún cuando se identifican índices de conectividad a banda ancha superiores al promedio regional (19/100 frente un promedio de 13,9/100) las asimetrías en conectividad son significativas particularmente en lo relativo a las velocidades con las que se presta el servicio y a los territorios rurales y barrios populares en los que el servicio se presta con mucha dificultad o directamente no llega. La penetración de internet de banda ancha a nivel nacional es del 66,31 por ciento tomada en su conjunto pero desagregada por provincias indica que más de la mitad está debajo de este número.
Con relación a la asequibilidad, según las mediciones comparativas realizadas por la UIT en 2019, el pago de un paquete básico de Internet, telefonía móvil y TV de pago insumía entre un 10 y un 15 % de los ingresos familiares de un grupo familiar correspondiente a cuarto o quinto quintil.
En lo relativo a educación, si se consideran los resultados de la encuesta administrada por el Ministerio de Educación en 2020 existió una gran disparidad en el acceso en tanto 3 de cada 10 hogares no contó con acceso fijo a internet, el 27% sólo accedió a la educación mediante el uso de celular y más del 50% no contó con computadoras en su domicilio para uso estrictamente educativo. Las disparidades se enfatizan en el territorio: 20 puntos porcentuales de diferencia entre Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Patagonia con relación al Noreste y Noroeste argentinos.
Identificamos en esta investigación una distinción significativa entre acceso y asequibilidad: el primero enunciado en términos de un derecho que debe garantizarse y cierta provisión de infraestructura disponible, el segundo en cambio vinculado a las reales condiciones de oferta y demanda de un servicio de determinadas características y un costo justo y razonable para acceder a él.
Por otra parte, la demanda de información para la medición del cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos económicos, sociales y culturales es creciente por su necesidad de articulación con el campo de las políticas públicas. Son evidentes los déficits en la producción de información certera, amplia y empática en nuestra realidad. Es clara la dependencia que tenemos de plataformas comerciales para la distribución de información de interés público. El Estado y las instituciones públicas han perdido terreno frente al mundo comercial, al tiempo que hoy afrontan una oportunidad y urgencia ineludible de retomar la producción de información socialmente relevante para el diseño de políticas públicas, al tiempo que de mecanismos y medios que permitan asistir con información imprescindible para la vida de la población en estas circunstancias. Esta investigación se encuentra actualmente en curso y ha llegado a relevar datos novedosos en la ciudad de Córdoba que se encuentran en la etapa de procesamiento.
La segunda línea de investigación en la que trabaja nuestra área vincula comunicación y educación en tiempos de pandemia. Como hemos señalado durante la pandemia se identifica un incremento significativo en el uso de redes lo cual indica una marcada modificación en los modos de vinculación y participación de la vida social signada por la pérdida de la co-presencia. Esto se evidencia en diversos ámbitos de nuestra vida, entre ellos -y este fue uno de los focos de nuestro interés- el educativo. Pero este desplazamiento de la educación desde el espacio físico de la escuela hacia el hogar se ha realizado sobre la base de determinadas condiciones (tecnológicas, comunicativas, culturales, educativas, entre otras) y particulares mediaciones (espacialidades, hábitos, representaciones, afectos, entre otros). Al respecto, identificamos como una preocupación central la existencia de dificultades para continuar con la escolaridad por falta de equipamiento y de conectividad a internet en el hogar, a lo que se suman las limitaciones experimentadas por los/as adultos/as responsables para poder acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los/as niños/as y adolescentes.
En este escenario, hemos podido observar cómo se fueron desarrollando acciones transitorias que, recurriendo a los medios de comunicación tradicionales (Radio y Televisión), se propusieron continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niveles educativos obligatorios. Entre ellas, existe el programa Seguimos Educando (propuesta emprendida por el Ministerio de Educación de la Nación y el Sistema Nacional de Medios Públicos), como así también otras acciones desarrolladas por los medios no lucrativos (comunitarios, cooperativos, populares, entre otros) las cuales han desempeñado un rol estratégico para acompañar los procesos educativos de manera solidaria y complementaria con la institución escolar. En este marco el proyecto “Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social: relevamiento, diagnóstico y orientaciones para repensar la comunicación, la educación y la conectividad en Argentina” resultó una gran iniciativa que nos permitió focalizar el análisis y la comprensión del rol de estos medios en nuestra sociedad atendiendo a la situación de pandemia actual. Este proyecto, del cual participamos como área en una red de 70 investigadorxs de Argentina se propone indagar sobre las experiencias educativas desarrolladas a través de las radios públicas y las radios comunitarias, populares, alternativas, cooperativas y de pueblos originarios (CPACyPO, en adelante) en el contexto de ASPO y DISPO por la pandemia de Covid-19, como una herramienta eficaz para el diseño de políticas públicas cuyo propósito sea garantizar condiciones, procedimientos y prácticas que potencien este tipo de experiencias y sus actores protagonistas, promoviendo el ejercicio de los derechos a la educación y la comunicación de la ciudadanía argentina. Los resultados de esta investigación se compartirán progresivamente a lo largo del segundo semestre de 2021.
