Quienes investigan en profundidad la narcocriminalidad que hizo base en Rosario hablan de un proceso de dos décadas, que salió a la luz hace 10 años. Hasta entonces el proceso fue sigiloso, pero en 2013 ocurrieron dos hechos determinantes: el asesinato del líder de la banda Los Monos y la balacera que hizo blanco en el domicilio del entonces gobernador Antonio Bonfatti. Dos símbolos anticipatorios de lo que vendría.
En 2013 Rosario tuvo 264 asesinatos, una cifra sólo superada una década después: 2022 cerró con 288 homicidios y con una ciudad entera en manos del desbande narco. En lo que va de 2023, hubo más de un homicidio por día, la inmensa mayoría planificados.
La muerte de Máximo, un nene de 12 años de la comunidad Qom no hubiera sorprendido a nadie si cuatro días antes otra balacera no agujereaba la fachada de un supermercado de la familia de la esposa de Lionel Messi.
Según las cifras del Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad santafesino, otros 44 chicos de menos de 15 años ya habían muerto o resultado heridos este año en balaceras que ocurrieron en Rosario desde el 1 de enero hasta la muerte del nene qom. Pero no hubo escándalo porque todo eso ocurrió antes de que el país viera la amenaza a los parientes de Messi.
Finalmente, una semana después del atentado contra el supermercado de la familia Roccuzzo y luego de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijera de todas las formas posibles que lo que ocurre en Rosario no es un problema nacional sino provincial, Alberto Fernández entendió que “algo más” había que hacer. Sólo les faltó decir que mandarían más gendarmes a pesar de que el gobernador Omar Perotti ya no reporta 100% a la Casa Rosada y de que el intendente de Rosario, Pablo Javkin, está cada vez más incorporado a Juntos por el Cambio.
Nadie en el Gobierno nacional se encargó siquiera de ocultar el desinterés, el desgano ni el fastidio por tener que ocuparse de Rosario. Aníbal Fernández acompañó a los 300 gendarmes y los 100 policías federales que fortalecerán la custodia de las zonas más violentas de la ciudad santafesina, pero en ese acto terminó insultando periodistas y retirándose ofendido por los reclamos de seguridad de la ciudad más castigada del país.
Hace 9 meses la Corte Suprema de Justicia hizo una señal simbólica en Rosario, luego de años de desatender los reclamos para la cobertura de los juzgados y las fiscalías que deben condenar a los narcos. Después de Messi, también en ese frente se decidió que “algo más habrá que hacer”: comenzarán a tratarse las designaciones en el Congreso. También se instalará una sede de la Unidad de Información Financiera (UIF), a los fines de empezar a investigar el blanqueo de los fondos del narcotráfico.
Por pedido de Perotti y de Javkin, el Presidente también anunció que el Ejército, a través de su Compañía de Ingenieros, participaría en la urbanización de barrios populares. Se trata de un atajo, dado que las leyes de Defensa y Seguridad Interior prohíben la actuación de las Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional. No obstante, el objetivo de esa decisión que alentaron el gobernador de Santa Fe y el intendente de Rosario es disuasivo mucho antes que urbanístico.
Urgido por el estallido que comenzaba a asomar tras la muerte del nene de 12 años en Empalme Graneros, Alberto Fernández decidió emprender un ensayo de militarización de Rosario. Tomó una decisión que carece de consensos mínimos en el Frente de Todos y que anticipa dudosa efectividad más allá del espasmo del corto plazo, sobre todo porque para representar una intervención eficaz frente al narcotráfico requeriría una profunda discusión en el Congreso y una consistencia en la ejecución que nadie espera del actual Gobierno, mucho menos si el objetivo a defender está en el interior.
El drama rosarino exhibe otra tragedia institucional: la de un país que empieza a perder su identidad de Nación. La de un Gobierno que no ve más allá del Área Metropolitana de Buenos Aires; al que le resulta ajeno todo lo que queda después del tercer cordón del conurbano bonaerense.
Rosario está en erupción, pero hace dos décadas que la Nación ignora las señales constantes y creciente de narcocriminalidad a gran escala. No es diferente la actitud mostrada por el Gobierno respecto de las situaciones de violencia que se suceden entorno de la Resistencia Ancestral Mapuche en la Patagonia -hay reiterados pedidos de gobernadores e intendentes para que intervenga el Estado nacional- y tampoco es distinta la indolencia frente a las muertes por desnutrición infantil en El Impenetrable chaqueño o la total desidia ante el saqueo sistemático que produce la pesca ilegal en la plataforma continental argentina. Todo ocurre en otro país para el Gobierno del AMBA.
