El domingo pasado el Cono Sur entero se estremeció con las noticias políticas que llegaban de Chile: la sociedad chilena había afirmado con su voto su voluntad de descartar completamente la Constitución redactada en 1980 por la dictadura de Adolfo Pinochet y escribir una nueva. No sólo eso, sino que le había propinado una derrota histórica al gobierno de Sebastián Piñera y a los partidos de la otrora poderosa derecha electoral chilena. “Vamos por Chile”, la alianza que representaba al oficialismo, no sólo perdió muchísimos votos, sino que no logró el objetivo de mínima que era llegar al 30% de los escaños, de manera de poder ejercer derecho a veto en las negociaciones constituyentes. El castigo de los y las votantes se extendió al Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Ellos, que fueron los protagonistas de la salida a la dictadura y que gobernaron Chile desde 1990 hasta 2010 bajo el nombre de Concertación, no pudieron tampoco capitalizar el descrédito de Piñera. La DC prácticamente no logró ingresar convencionales.
Las elecciones de ayer, sin embargo, fueron sólo una segunda fase en el extendido proceso de reforma constitucional chilena. Chile ya había votado en octubre de 2020 un rotundo “Apruebo” a la necesidad de reformar la constitución pinochetista. En esta instancia casi el 80% se manifestó a favor de llamar a una Convención Constituyente; sólo el 21 se manifestó en contra. Sólo en cinco comunas ganó el “Rechazo”. Entre ellas estaban Las Condes y Vitacura, los barrios mas acomodados de Santiago. Pero Santiago eligió el domingo una alcaldesa del Partido Comunista. El latigazo a los partidos de derecha se dimensiona mejor si se miran los resultados de las elecciones a alcaldes. La alcaldía de Santiago pasó a manos de una joven dirigente del Partido Comunista. Ciudades emblemáticas pasaron a manos de la izquierda. Evelyn Matthei, que era hasta el domingo precandidata presidencial puesta de la derecha, pudo conservar su intendencia por un pelo y perdió la mayoría de concejales; anunció que declinaba su candidatura.
Los grandes ganadores de la jornada de ayer fueron los candidatos y candidatas independientes y la alianza de partidos de izquierda liderada por un histórico (el Partido Comunista chileno), y por una analiza de nuevas fuerzas, el Frente Amplio. El mayor bloque de convencionales estará compuesto de independientes.
“¡Ohhhh, Chile despertó. Despertó, despertó, Chile despertó!” Este es el canto más repetido en las incontables manifestaciones, marchas, bicicleteadas, y performances públicas que puntuaron el período que ya lleva dos años y que los y las chilenos llaman “el estallido”. Es casi imposible ponerle fecha concreta de inicio, y mucho menos de final, a este proceso de turbulencias. Es tentador decir que el estallido comenzó en octubre de 2019, cuando estudiantes secundarios de la zona metropolitana decidieron protestar contra un alza en el precio del boleto de metro saltando masivamente los torniquetes e irrumpiendo en las estaciones sin pagar. A partir de octubre de 2019 las protestas fueron continuas y masivas; también lo fue la reacción represiva del presidente Sebastián Piñera. La plaza Baquedano de Santiago de Chile se transformó en el punto nodal de las manifestaciones, pero las mismas se extendieron por todo el país. La policía militarizada chilena, Carabineros, desarrolló una fuerte acción represiva, que culminó en varias personas fallecidas y en más de 300 casos de pérdida documentada de uno o dos ojos por el uso de perdigones. La ONU dictaminó que el Estado chileno había cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, los últimos dos años representan sólo un momento en una crisis política prolongada; en verdad puede decirse que el estallido chileno lleva al menos quince años produciéndose. Las manifestaciones estudiantiles de los llamados “pingüinos” en protesta contra el carácter privado y con fines de lucro de la educación comenzaron en el año 2006; las marchas en contra de las AFP (administradoras privadas de fondos de pensión) se repitieron durante en ese período. Hace años, además, que en las regiones del sur del país se suceden las protestas y represiones relacionadas con las demandas de la etnia mapuche. Finalmente, en 2018 una huelga de estudiantes comenzada por alumnas en contra de la rutinización de conductas de acoso sexual paralizó las universidades públicas por dos meses.
Es decir: el castigo a los partidos mayoritarios del sistema chileno no es la consecuencia de un “estallido” puntual que cayó de repente como un rayo en un día soleado. Se trata de un proceso de profunda deslegitimación y pérdida de representatividad de esas fuerzas frente a una sociedad que lleva mas de quince años diciéndole a sus representantes políticos que es necesario que las cosas cambien.
No es casual tampoco que en la misma semana en la que Chile veía obliterado el orden partidario que había regido durante treinta años, la política colombiana también se demostrara profundamente sacudida. Las protestas contra el proyecto de reforma impositiva del presidente Iván Duque (al cual no hace falta calificar de “derecha”, ya que en sentido estricto no hay ninguna fuerza política de peso que pueda calificarse como “de izquierda” en su país) llevan ya más de una semana en todo el país y no parecen estar en vías de acallar. La disputa política colombiana tiene contornos muy diferentes a la chilena, y no hay que forzar paralelismos. Pero hay algunas cuestiones en común: sociedades civiles que, aún viviendo en países largamente alabados por su estabilidad económica, sienten que los beneficios económicos no se han derramado hacia abajo; sectores de clases medias que demandan participación en sistemas en los cuáles la política es una actividad de y para la élite; movimientos indigenistas y feministas que protestan contra el control masculino y blanco de los puestos de decisión en todos los ámbitos de la sociedad.
Es notable escuchar cantar a la sociedad civil chilena “Chile despertó”. En este cantito callejero parece sintetizarse un juicio: la reputada solidez del sistema partidario chileno encubría más bien un estado de adormecimiento y sopor, una falta de respuesta, una incapacidad de procesar demandas.
Es realmente difícil, sino imposible, conocer cuál será el destino final del proceso constituyente chileno. No será fácil conducir una Convención constituyente en la cual el 40% de los participantes serán candidatos y candidatas elegidos de manera independiente, sin partidos que los nucleen, y con una diversidad de agendas. Los convencionales del piñerismo sin duda harán lo que hicieron hasta ahora, que es arrastrar los pies y tratar de boicotear el proceso constitucional. La unidad de las fuerzas de izquierda, siempre precaria, será puesta a prueba. No hay que olvidar que, si se redacta efectivamente una nueva constitución, la misma tiene que ser refrendada en otro plebiscito futuro.
Interesa, sin embargo, sacar algunas conclusiones.
La primera conclusión es de Perogrullo: los partidos políticos deben representar, y para hacerlo no deben estar demasiado lejos de la sociedad, de sus grupos de interés, de sus dolores, deseos, y enojos. En particular, es crucial que, luego de cuarenta años de democracia, los partidos políticos se den a sí mismos la tarea de representar a los mas pobres, a los excluidos, a las nuevas clases medias que sostienen con el borde de las uñas, a los grupos étnicos, a las mujeres. La política de las calles es compleja, desprolija, no sigue las reglas del decir y el actual “apropiadamente”. Pero al mismo tiempo resulta sencillamente innegable.
La segunda conclusión es polémica: es que los “estallidos” actuales no configuran un momento antipolítico. Al contrario, configuran un momento de repolitización de la política, de apropiación de la política, de demanda de más política. Es cierto que en Chile ganaron candidatos y candidatas independientes, pero también lo hizo el histórico Partido Comunista chileno, uno de los más antiguos del continente y que fuera por décadas el más importante de la región. Daniel Jadue, el alcalde de Recoleta, es uno de los ganadores provenientes del PC. Pero también se afianzaron dirigentes como Gabriel Boric, que entraron a la política como “pingüinos” hace más de una década. Y, por sobre todo, estas elecciones estuvieron marcadas por el apoyo social a jóvenes y mujeres, emergentes de procesos de movilización que ya llevan más de una década. La sociedad chilena no premió el discurso antipolítico del “que se vayan todos”; al contrario, premió el compromiso de mujeres, de jóvenes, de ciudadanos “comunes” que decidieron ir de afuera hacia adentro.
La tercera conclusión es desconcertante para alguien que escribe del lado Este de la cordillera: ¿Puede un estallido similar suceder hoy en Argentina? No es probable. Puede suceder, por supuesto, pero el sistema partidario argentino luego del 2001 se reconfiguró de tal manera que los partidos políticos hoy representan mejor de lo que lo hacían entonces. En las últimas elecciones la inmensa mayoría de los y las votantes se inclinaron por el FdT o por JxC. De un lado y del otro del espectro ideológico, el peronismo y el macrismo tienen un ida y vuelta con sus sectores de apoyo: en las últimas décadas se incorporaron jóvenes, dirigentes piqueteros, sindicalistas, dirigentes agrarios, dirigentes religiosos, feministas (y antifeministas) al Congreso. Los debates políticos son vigorosos, como quedó de manifiesto en la votación de la ley de legalización del aborto. Paradójicamente, la polarización del sistema político argentino hoy es un signo de salud.
Para no estallar, la política debe asumir la tarea de representar. En los días que siguieron al estallido de octubre de 2019, circuló un audio de la esposa de Sebastián Piñera en el que decía que las imágenes de las personas protestando en la calle le recordaban a “alienígenas”. Es tentador para la política intentar enterrar la cabeza en la arena por el mayor tiempo posible. Pero no se trata de alienígenas: se trata de ciudadanos y ciudadanas, votantes, sujetos de derechos políticos, exigiendo ser vistos.
