La acumulación de basura electrónica será uno los problemas ambientales más acuciantes en el mundo, en la próxima década. Lo es ahora: sólo en Argentina se calcula que se producen 465.000 toneladas de residuos tecnológicos al año y, de ese total, el 97% queda almacenado en viviendas e instituciones por tiempo indeterminado o termina en basurales a cielo abierto. Incluso, llegan a los rellenos sanitarios. Empezar a revertir ese panorama es objetivo de los y las integrantes de TecnoRAEE, la primera planta cooperativa de la provincia de Buenos Aires de tratamiento, refuncionalización y disposición final de residuos-e.
Instalada en la localidad bonaerense de Pilar e integrada por 14 personas (ocho mujeres y seis varones), la cooperativa TecnoRAEE recupera de forma mensual un mínimo de 6 mil kilos de residuos, como computadoras y televisores, y 10 mil kilos de chapa, aluminio y cobre. Son una fracción de los llamados Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), mundialmente conocidos como residuos-e (e-waste). Aunque es un trabajo que no requiere una alta cualificación profesional, aun así, precisa de la adquisición de determinadas competencias para clasificar, reconocer y manipular aparatos y diversos componentes valiosos. Fue así que Gonzalo Pérez, uno de los fundadores de la planta, y quien charló con Redacción Mayo para esta nota, comenzó su formación estando en la cárcel: como primera acción se inscribió en la carrera de Analista en Sistemas -“qué aún no terminé”, reconoce- y en distintos cursos sobre manejo de basura electrónica. Tenía dos objetivos en mente para cuando recuperara su libertad: aportar su granito de arena en materia ambiental y conseguir un trabajo decente.
En TecnoRAEE priorizan la inclusión socioeconómica de personas que estuvieron privadas de la libertad. “Quienes salen de un penal no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno y ser reconocidos como un trabajador o trabajadora. Acá, en cambio, tienen esa posibilidad y al mismo tiempo esta chatarra electrónica que tratamos no termina en un basural a cielo abierto y se recupera todo el material para que siga su proceso en la economía circular”, explica Pérez.
Los RAEE generan un impacto ambiental y sanitario urgente, porque se calcula que su crecimiento para el 2030 será del orden del 56%, unos 26 puntos por encima de lo que aumentarán los residuos sólidos urbanos (RSU) en el mismo período. La explicación se vincula con las dificultades para su gestión, los cortos ciclos de vida (la famosa obsolescencia programada) y un consumismo desmedido de ese tipo de productos, que aumenta a razón de 2,5 millones de toneladas por año. Si en lugar de medirlo por kilogramos o toneladas, las estadísticas lo hicieran por número de equipos, la escena sería más grotesca, dado que con la innovación tecnológica los aparatos son cada vez más livianos.
¿Qué tipo de RAEE reciben en la planta de Pilar? Prácticamente todo aparato a pilas, batería o que se enchufa a la corriente eléctrica, sea de consumo domiciliario o institucional. Puede ser desde una licuadora a una CPU, routers, monitores, televisores, lámparas LD, celulares. Los principales proveedores son los grandes gestores de chatarra electrónica, las empresas y los municipios, aunque también aceptan material de particulares. Según datos del último reporte del global e-ewaste monitor, cada persona que vive en Argentina descarta anualmente alrededor de 10,3 kilos de residuos-e, lo que implica un kilo por encima del promedio de América de Sur.
El circuito circular de los RAEE tiene varias etapas. Así, los integrantes de la cooperativa inician la cadena cuando van a hacer un retiro. Allí analizan el lote, separan y clasifican (por ejemplo, descartan los denominados residuos peligrosos). Una vez que recogen esa chatarra, la trasladan a la planta de Pilar, generalmente a través de los camiones verdes de los Municipios. Luego, se vuelve a separar y re-clasificar y empieza la fase de reutilización y tratamiento (la descontaminación o el desensamblado), para darle lugar a la recuperación de materiales y, por último, su disposición final. Estas etapas componen la llamada cadena de valor de gestión de los residuos-e que en la cooperativa de Pilar es completa desde junio de este año, por Resolución 269/19 y en el marco de la Ley provincial N° 14321 de residuos electrónicos.
Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) son productos complejos que incluyen numerosas partes y componentes con valor económico: piezas metálicas y plásticas variadas, plaquetas, pantallas de cristal líquido, cables, pilas, baterías, diversos fluidos, entre otros. La producción de AEE involucra bienes naturales no renovables, cuya disponibilidad es escasa. Entre estos materiales, se puede encontrar cobre, aluminio, zinc, magnesio, berilio, selenio, cromo, níquel, oro, plata, metales del grupo del platino, así como diversas aleaciones. Por ejemplo, un teléfono inteligente promedio contiene hasta 62 elementos, algunos de ellos, muy valorados en la industria electrónica por su alta conductividad.
“Todos los equipos electrónicos y eléctricos pueden refuncionalizarse, repararse o separar en componentes. La gente muchas veces piensa que cuando un electrodoméstico no se puede arreglar, no sirve más. Y si bien a veces el arreglo es más caro que comprar uno nuevo, ese equipo todavía sirve, porque algunas de sus partes pueden usarse para otro aparato o porque tiene materiales que se reciclan. Entonces, por un lado, recuperas, por otro, evitas que terminen en un basural o relleno sanitario”, detalla Pérez.
La venta de computadoras refuncionalizadas es una de las principales vías de sustento económico de la cooperativa, pero también lo es la recuperación de materiales sueltos, con alto valor de mercado. Hoy les permite vivir a 14 familias, pero la apuesta es ampliar la cooperativa: si se tiene en cuenta que los RAEE son el tipo de residuos que más crece a nivel mundial, es de esperar que el aumento de puestos de trabajo en el sector sea muy significativo también.
Moda, extractivismo y desigualdad
Una práctica habitual de la industria es la de limitar la vida útil de los productos, que obligue al consumidor a renovarlo en tiempos cada vez más cortos. A esto, se lo denomina “obsolescencia programada” y tiene lugar cuando las empresas introducen fallas y desperfectos deliberadamente. En la actualidad existen países, como Francia, con leyes que prohíben esta práctica.
También aparece en escena la llamada “obsolescencia percibida”, motivada por la publicidad, la moda, y los ciclos de lanzamiento de las compañías, que incentiva a que un producto se reemplace cuando aún es completamente útil. En este caso, los fabricantes suelen cambiar el diseño de sus productos cada cierto tiempo con el fin de provocar en los consumidores la sensación de que tienen productos antiguos.
“La sociedad modernista, antropocéntrica, consumista lleva a que la naturaleza y la humanidad se conciban como dos ámbitos separados, cuando no lo son. La idea de que la naturaleza es vista como un objeto implica verla como un cuerpo de extracción, hablan muchos autores, del que la humanidad puede servirse básicamente sin límite”, señala a Redacción Mayo, Sabrina Villegas Guzmán, Dra. en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), e integrante del Colectivo de Investigación, especializado en conflictividades socio-ambientales, “El llano en llamas”.
La posibilidad de reutilizar o recuperar partes, y mantenerlos en uso por más tiempo, reduce el consumo de recursos vírgenes. Se contribuye así al ODS 12, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros adoptaron en 2015 en la ambiciosa Agenda 2030 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos en un plazo de 15 años.
Es que el problema ambiental no solo se inicia con el desecho de los RAEE; la fabricación y transporte de esos aparatos generan, incluso, un mayor impacto al ambiente: por ejemplo, si se considera el ciclo de vida de un teléfono celular, se estima que 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen en el proceso de extracción de materia prima y fabricación del equipo, 14 % en el uso del teléfono, y apenas 1 % en el procesamiento del residuo.
Otra problemática asociada a los AEE es la desigualdad en la extracción de materiales, consumo y disposición final. La fabricación se encuentra muy concentrada en pocas empresas, pero los procesos están fragmentados y algunas etapas se han relocalizado fuera de los países de origen de las casas matrices. Por su parte, los países de los que se extrae el recurso primario para la producción de aparatos, suelen ser importadores de estos productos y son los que registran menor consumo. En 2019, Noruega fue el país que más AEE consumió, con 26 kilos por habitante, diez veces más que Honduras. Lo más grave es la cadena final, cuando se convierten en residuos. Las cifras del Observatorio Mundial de los residuos electrónicos 2020 dan cuenta de que hasta el 20% de los RAEE se mueven entre países. ¿Por qué? Porque los países desarrollados trasladan residuos-e a los países más pobres, como exportaciones ilegales, o con suerte como productos de segunda mano.
Así, el modelo extractivista y dominante de la economía no ha sabido integrar en sus procesos productivos los impactos sociales y ecológicos que genera, como tampoco contabilizar en sus costos el agotamiento de recursos no renovables. En la práctica, denuncian en un informe conjunto de la OIT y el Ministerio de Ambiente de Nación “esos costos -la degradación ambiental, la pérdida de acceso y disfrute de bienes naturales comunes- terminan distribuyéndose socialmente, y los peores impactos suelen recaer en los sectores que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad social: países empobrecidos, trabajadores y trabajadoras precarizados”.
Desde la vereda opuesta, el enfoque de la economía circular, aplicado a los residuos-e, propone, en principio, maximizar la vida útil de los equipos eléctricos y electrónicos a través de estrategias de reutilización, la comercialización de equipos de segunda mano, incluso la donación, como hacen en el cooperativa TecnoRAEE con envíos de computadoras reparadas a escuelas, clubes y ONGs.
Economía circular de los residuos-e
Fuente: OIT y Ministerio de Ambiente de Nación
En busca de una ley nacional
Según datos del Ministerio de Ambiente de Nación, sólo 30 % de la población argentina tiene cobertura de sistemas de recolección diferenciada, paso clave para poder avanzar en las etapas siguientes de reciclado y valorización de residuos. Además, todavía no se ha sancionado una ley nacional de presupuestos mínimos que regule la gestión de RAEE. Se han presentado proyectos de ley en el Congreso Nacional y si bien, en 2011, uno de ellos obtuvo media sanción del Senado, el debate no logró avanzar en la Cámara de Diputados.
Ante la ausencia de una ley específica, son aplicables convenios internacionales ratificados por Argentina y otras normativas locales sobre desechos (Ley N° 25675, Ley N° 25916, Ley N° 24051). De todas formas, estas leyes no abarcan todas las cuestiones que en la actualidad requiere la gestión de RAEE. Algunas provincias y jurisdicciones sí cuentan con marco legal sobre residuos-e. Es el caso de Buenos Aires, como ya fue señalado, Chaco, Chubut, La Rioja, Santa Fe, San Juan, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ser operador o gestor de residuos-e se requieren autorizaciones del municipio y la provincia en donde se instale la planta.
Ahora bien, “la discusión más de fondo, a nivel jurídico, es si la naturaleza puede ser sujeto de derecho, y ese debate tiene que ver con un vínculo relacional entre naturaleza y humanidad, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Es un debate que se está dando cada vez más”, sostiene Villegas Guzmán, quien, no obstante, aclara que para llegar a ese punto es necesario un cambio profundo “desde lo cultural”. Es dejar atrás el modelo extractivista, de consumo irreflexivo, para pasar a un modelo de producción y consumo responsable, para lograr así un desarrollo sostenible y de respecto ambiental.
