Mi cuerpo ¿me pertenece? El derecho humano más debatido y violentado
Diverso en sus formas, la autonomía corporal abarca desde el derecho a no ser herido ni poner en riesgo la vida, hasta que no hagan y decidan con mi cuerpo aquello que no deseo o acepto. Es uno de los derechos humanos más cuestionados y al que se mira de reojo, cuando no es directamente ignorado y violentado, porque pega en el núcleo de capas gruesas de normas sociales, religiosas y políticas, y porque las afectadas son especialmente las mujeres y minorías.
Quizás su diversidad es, al mismo tiempo, su atributo y su complejidad. El derecho a la autonomía corporal incluye desde elegir la vida sexual y reproductiva a poder tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, sin violencia ni coerción, como ocurre con prácticas ancestrales (la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil). Tampoco son escenas del pasado la esterilización forzada, los asesinatos por honor, los castigos físicos por defender los derechos de las mujeres. Y lo que en algunas sociedades dejó de ser tabú y es un derecho firme desde hace años, como el aborto legal, en otros países está totalmente prohibido, incluso cuando corre riesgo la vida de la madre o en casos de violación.
Además de ser parte implícita o explícita de muchos acuerdos internacionales, como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho a la autonomía corporal figura como indicador 5.6.1 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, existen mitos, estereotipos fuertemente arraigados, imposiciones culturales y religiosas y la presencia activa de sectores de poder que atentan contra ese derecho, en alguna de sus formas. Incluso, se sostiene la idea de que la autonomía corporal no existe como derecho humano universal. No sólo lo es, sostienen desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), tiene el plus de ser “el fundamento sobre el que se construyen otros derechos humanos”.
La autonomía corporal incluye a niños y niñas, personas de diversas orientaciones sexuales y distintas expresiones de género. Incluye a personas de todas las razas, etnias, creencias, nacionalidades y condiciones de discapacidad. Los hombres también son blanco de la vulneración de este derecho e incluso, en algunas culturas, son duramente castigados, cuando participan de protestas o alzan su voz en defensa de las mujeres, como ocurrió con el futbolista Amir Nasr-Azadani, de Irán, un caso que se hizo público en las últimas semanas.
Pero son las mujeres, o identidades femeninas, las que más sufren el acoso y la violación al derecho de tomar decisiones sobre su cuerpo. Incluso en países con historia de equidad de género, el cuerpo de las mujeres está sujeto a mantos de normas sociales y jurídicas que no cubren a los varones. En países árabes y algunas regiones de África ese derecho es esencialmente quebrantado. Según la ONU, otros grupos vulnerables son la población adolescente, las poblaciones indígenas y las personas con discapacidad.
El último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que un total de 20 países o territorios tienen leyes del tipo denominado “casarse con su violador”, que permiten a los perpetradores escapar del castigo si se casan con sus víctimas. A una mujer no le proporcionan anticonceptivos porque no tiene el permiso de su marido. La policía acosa a un hombre por ser gay. A una niña se le niega una interrupción del embarazo que podría salvarle la vida porque el aborto es ilegal en su país o, incluso teniendo una ley, una ONG ligada a grupos católicos impide el aborto a una niña de 12 años, embarazada tras reiteradas violaciones de su padre, y como forma de coerción e impedimento de la práctica secuestra a la menor y a su madre. Esto es lo que acaba de ocurrir en la provincia de Santa Fe.
Todas esas escenas transcurren diariamente en algún rincón del mundo. Otras situaciones no tienen el mismo nivel de violencia, pero involucran estereotipos, supuestos y conceptos erróneos sobre la autonomía corporal y los derechos de las mujeres y las niñas. “Las pocas personas que han oído hablar de autonomía corporal la asocian con ideas negativas, porque afecta directamente al sistema patriarcal”, señala el informe.
La mutilación, como práctica tradicional
“Fui sometida a la mutilación genital femenina cuando tenía una semana de edad. Me han casado siendo niña dos veces en mi vida. La primera vez que me casaron tenía 15 años. Solamente en mi país, Gambia, más del 77 por ciento de las mujeres ya ha sido sometida a la mutilación genital femenina.”, cuenta Jaha Dukureh, activista, hoy Embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres para África.
Al igual que Jaha, cerca del 90% de las niñas de Yibuti, Guinea, Malí y Somalia están afectadas por este flagelo. A escala mundial, en base a datos de la ONU, se estima que más de 200 millones de niñas y mujeres vivas actualmente han pasado por esa violación a su autonomía corporal. La MGF es una práctica tradicional en países en las regiones occidental, oriental y nororiental de África, en algunos países de Oriente Medio y Asia y entre migrantes de esas áreas. “Los motivos por los que se practica la mutilación genital femenina difieren de una región a otra y de una época a otra, aunque siempre responden a una mezcla de factores socioculturales vehiculados por las familias o comunidades”. Sin embargo, es consenso la idea de que la mujer tiene que llegar “pura” al matrimonio, asegurar la virginidad, y la fidelidad posterior. Es una de las formas más graves dentro de la violencia de género, no tiene beneficio alguno para la salud, pero las consecuencias inmediatas y a largo plazo son numerosas: infecciones y cicatrices anormales, dolor, o incluso la muerte, destacan desde la OMS. En muchos estados, la falta de una legislación específica y aplicable que penalice y castigue expresamente este delito dificulta que exista una investigación judicial, y eso contribuye a la perpetuación de estas prácticas, extremadamente violentas, dentro de las comunidades y en los núcleos familiares.
En el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), UNICEF denunció un retroceso en la lucha, vinculado con el cierre de las escuelas, los confinamientos y la alteración de los servicios sanitarios durante la pandemia y el aumento de las desigualdades sociales. De los 31 países donde se practica MGF, 15 se enfrentan a conflictos y a una extrema pobreza, situación que genera una doble crisis para las niñas de esas regiones.
La pobreza profundiza otra práctica de las familias en estos países: el casamiento infantil a cambio de dinero, según denuncia la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Así, cada año, más de 600 millones de niñas en todo el mundo se ven obligadas a casarse contra su voluntad. “Cuando se permite el matrimonio infantil, se da a un hombre el derecho de violar a una niña de manera continuada. Mientras viva, cada día me despertaré y gritaré al mundo que la mutilación genital femenina es nociva, y que el matrimonio infantil no es diferente de la violación”, cuenta Jaha en un discurso que brindó en Liberia a fines de noviembre.
No mostrarás tu rostro
A un año y medio de la toma de poder del régimen talibán, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y niñas de Afganistán han aumentado a paso constante: las han excluido de la vida pública al prohibirles estudiar en escuelas secundarias y en la universidad, restringirles el derecho a salir de sus casas y mostrar sus rostros en público.
En Arabia Saudita, la mayoría de las mujeres tienen que vestir en público una “abaya”. Esta indumentaria consiste en una túnica larga negra hasta los tobillos y un velo para cubrir la cabeza y el pelo que deja al descubierto solo parte del rostro. La policía religiosa del país, la “mutawa”, vigila que las mujeres vistan de “manera apropiada” en los lugares públicos, penalizando de diferentes maneras a aquellas que no lo hagan, según denuncia Amnistía Internacional.
El velo de las mujeres musulmunas (hiyab) se ha convertido en los últimos años “en la arena donde se han enfrentado islamistas y feministas seculares. Para los islamistas, este representa toda la identidad islámica y es símbolo de autenticidad religiosa. Se entiende como un mandato divino que protege a las mujeres y define su lugar en la sociedad. En contraste, para las feministas laicas, el hiyab representa la opresión de las mujeres: es un mandato patriarcal que niega a las mujeres el derecho a controlar sus cuerpos”, sostiene Asma Lamrabet, autora y feminista islámica marroquí.
Sin entrar en el debate sobre qué dice o no los textos fundacionales del Islam sobre las formas de vestir y la determinación de los cuerpos, sí hay un punto que no permite diferentes lecturas, como explica Lamrabet: “toda esta ética coránica se reduce a un comportamiento codificado sobre el cuerpo de las mujeres, dirigido solo a ellas. A cómo deben ir cubiertas, al color y grosor de la tela, la uniformidad del vestido, entre otras”.
No elegirás tu salud sexual y reproductiva
“Mi cuerpo mis derechos” es una campaña global de Amnistía Internacional para poner fin al control y la criminalización de la sexualidad y la reproducción, basado en el reclamo de miles de mujeres y diversidades, y con la base de los protocolos internacionales que protegen ese derecho. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Uno de sus indicadores es la “proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva”.
Este indicador, el 5.6.1 de los ODS, hace hincapié en que las tasas de embarazos no intencionales son un reflejo del desarrollo social general y en que unos niveles más elevados de toma decisiones reproductivas, informadas, forman parte de un ciclo positivo que estimula otros avances en el desarrollo. Los datos más recientes de mujeres en edad reproductiva que viven en pareja de 64 países, muestran que el 23% no puede negarse a mantener relaciones sexuales, que el 24% no puede tomar decisiones sobre su propia atención médica y que el 8% no puede tomar decisiones específicas sobre la anticoncepción. En conjunto, esto significa que solo el 57% de las mujeres están en situación de tomar sus propias decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos (Naciones Unidas, 2022). Por ejemplo, el Mundial de Fútbol en Qatar expuso parte de las normas sociales que el país impone a las mujeres, como el permiso que ellas requieren de los hombres para casarse, acceder a muchos empleos gubernamentales y recibir algunas formas de atención de la salud reproductiva. No es decisión de las qataríes decidir sobre la maternidad y las formas de anticoncepción.
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
En el mundo tienen lugar 121 millones de embarazos no intencionales por año. Más del 60% terminan en aborto. Por eso, la OMS considera que la situación es una emergencia de salud pública. En todo el mundo, cerca de 7 millones de mujeres al año son hospitalizadas como consecuencia del aborto en condiciones de riesgo y es el aborto inseguro e ilegal una de las principales causas de las más de 800 muertes maternas que se producen al día en el mundo.
El acceso al aborto sin riesgos no es un derecho que pueda ejercerse de forma aislada. Depende de la protección y el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho a la información, a la salud, a la igualdad, a la intimidad y a vivir sin sufrir violencia, estereotipos de género ni discriminación (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2018). Lo que ocurrió con la niña de 12 años en Santa Fe, con la ONG Grávida, vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina y más de 69 sedes en todo el país, da cuenta de que aún en contextos con normativas que protegen, se vulnera el derecho a la autonomía de los cuerpos, y otros derechos humanos, incluso en situaciones extremas.
El aborto es legal en la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, aunque en muchos casos se imponen restricciones. En el 96% de los 147 Estados Miembros de las Naciones Unidas que presentaron datos, el aborto es legal en cualquier circunstancia o por algunos motivos, por ejemplo, para salvar la vida de una mujer, para preservar la salud de la mujer, en casos de violación y en casos de malformación fetal. Sin embargo, en el 28% de dichos países, las mujeres casadas necesitan el consentimiento de su marido para poder acceder a este servicio. Además, las mujeres que abortan ilegalmente podrían ser objeto de acusaciones penales en casi el 63% de estos países (Naciones Unidas, 2022).
En Argentina en octubre de 2002, se sancionó la Ley Nacional N º 25.673 que originó la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en octubre de 2006 se aprobó la Ley Educación Sexual Integral (Nº 26.150). En diciembre del 2020 los movimientos feministas lograron reinstalar el debate del aborto legal, seguro y gratuito en la agenda pública y, con ello, convertir en ley el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo. Sin embargo, diferentes estudios muestran que el estigma sigue arraigado: además de los grupos religiosos, ciertos sectores políticos, sociales y mediáticos trivializan el tema, lo ubican desde la polémica y la polarización, lo subestiman como derecho humano y violentan y discriminan a quienes defienden el derecho a la plena autonomía sobre los cuerpos. Organismos como Naciones Unidas, la OMS y UNICEF advierten que sin el respeto integral al derecho de autonomía corporal no será posible lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.