“El desafío de mi gobierno será que todos los brasileños y brasileñas sin excepción puedan comer tres veces al día. Si logramos eso al final de mi mandato podremos decir que cumplimos nuestro cometido”. Con estas palabras, Luiz Inácio Lula da Silva sintetizaba cuál sería el eje central de sus primeros cuatro años al frente del Palacio del Planalto. Era el último lunes de octubre de 2002 y, un día antes, el carismático líder del Partido de los Trabajadores se había convertido en el primer presidente de extracción obrera y sindical elegido en Brasil. Lula nos reunió a corresponsales extranjeros y enviados especiales de otros países en San Pablo y nos anticipó que su prioridad sería atender la deuda social con sus miles de compatriotas excluidos, para los que su plan “Hambre Cero” y la reformulación del programa “Bolsa Familia” serían claves.
Las políticas sociales cimentaron la popularidad del gobernante pernambucano, reelegido en octubre de 2006, gracias en buena parte a una gestión que permitió -entre 2003 y 2011- sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza.
Pocos años después, y a escasas horas de ganar en las urnas la presidencia de Uruguay, José Pepe Mujica aludiría a aquella promesa inicial del ex tornero mecánico que ahora retorna al poder. “A muchos les pareció muy poca cosa o algo insignificante que quien se aprestaba a gobernar Brasil dijera que su ambición mayor era que cada uno de sus habitantes tuviera tres comidas al día. Habría que ver qué opinan al respecto quienes no tienen garantizada a veces ni una de esas comidas”, nos deslizó en un mediodía de Montevideo el veterano líder del Frente Amplio, luego ungido como sucesor de Tabaré Vázquez.
Hace apenas dos meses, en la antesala de un reñido y tensionante balotaje frente al ultraderechista Jair Bolsonaro, Lula repitió la promesa de tres comidas diarias para todas y todos en su país. Veinte años pasaron desde la primera vez que la pronunció. Los vaivenes políticos, económicos y sociales del mayor y más influyente país de Latinoamérica y de la región toda explican la vigencia de cuestiones que, como la pobreza o la desigualdad, reclaman atención urgente.
El péndulo continental
Al cabo de los dos mandatos de Lula y el primero de su sucesora, Dilma Rousseff, Brasil se posicionó como la sexta economía del mundo y el ex líder sindical se fue del poder con una popularidad que orillaba el 80 por ciento. La ola de gobiernos progresistas, de izquierda o cuando menos de “no derecha” marcó una primavera en índices sociales, de empleo y crecimiento en casi toda una Sudamérica que se asomaba al nuevo milenio con otras expectativas.
A ese tiempo de bonanza, que desde usinas de pensamiento conservador o neoliberal atribuyeron más a una coyuntura económica o “viento de cola” global que a méritos de los gobernantes de turno, siguió un viraje continental hacia la derecha y en algunos casos a la ultraderecha tras interrupciones institucionales o golpes blandos, y no tan blandos… Según la óptica de quien realice el racconto, los cambios se sucedieron en medio de denuncias de corrupción que socavaron la credibilidad de gobiernos, o a través de una remozada herramienta para limar adhesiones populares y destruir liderazgos que enfrenten al poder real: el Lawfare.
Una ola de profundo descontento y demandas insatisfechas produjo hacia fines de la segunda década de este siglo movilizaciones callejeras, represión y estallidos que, como en las piezas de un dominó, encadenaron reacciones y marchas preanunciando un nuevo cambio de época. Para entonces, un viejo conocido de la periferia global volvía a ganar protagonismo con sus recetas impopulares y sus exigencias de ajuste: el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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El cuerpo de la pobreza (y las desigualdades)
La reacción ante la suba de combustibles y el rechazo a recortes sociales requeridos por el FMI, contra el que se levantaron las poderosas organizaciones indígenas de Ecuador, puso contra las cuerdas al recién asumido gobierno del ex banquero Guillermo Lasso. Los conflictos sociales atizados por el imperio del Fondo hicieron también eclosión en Haití o Guatemala y tuvieron otras connotaciones en Puerto Rico, Venezuela o Nicaragua.
Las calles, nuevamente
Un aumento en la tarifa de transporte público, que fue desafiado de inmediato por estudiantes secundarios, catalizó en octubre de 2019 muchos años de reclamos contenidos y desatendidos contra las desigualdades de un modelo que el neoliberalismo ponía siempre como ejemplo a exportar en la región. “Es como una invasión alienígena”, afirmó Cecilia Morel, esposa del entonces presidente chileno Sebastián Piñera y “primera dama” de un país que por esas horas asistía a las mayores movilizaciones populares desde el regreso de la democracia, el 11 de marzo de 1990. “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, se sinceró Morel en una conversación con amigas que se filtró como tantos mensajes privados hoy en el mundo.
A esa altura de la crisis, su esposo, Piñera ya había dicho que su país estaba en guerra y sacado el ejército a la calle, dando pie a una represión que retrotrajo los relojes al otro lado de la cordillera a los tiempos de la dictadura que por casi 17 años encabezó Augusto Pinochet. En verdad, lo que desnudaba el estallido era un reclamo postergado de quienes nunca disfrutaron de ese “modelo”, espejo de desigualdad en el más desigual de los continentes.
Solo la salida pactada hacia una nueva Constitución, la fecha de elecciones en un horizonte no tan lejano y las medidas de confinamiento que comenzaba a imponer la pandemia del Covid 19 apaciguaron el clamor de las calles de Santiago y evitaron a Piñera una prematura salida por la puerta de atrás del Palacio de La Moneda.
Un proceso parecido sacudió a Colombia, donde rediseños tarifarios y de presupuesto, con recortes en salud y educación, más incumplimiento de puntos clave de los acuerdos de paz firmados en 2016 por el ex presidente Juan Manuel Santos y las FARC fueron un cóctel pesado que no tardó en detonar. El gobierno de Iván Duque y con este las fuerzas encolumnadas tras el expresidente Álvaro Uribe comenzaban a ceder espacios y protagonismo a la alianza de centroizquierda liderada por Gustavo Petro.
Realidades paralelas
La pandemia y su estela de contagios y muertes desnudó las penurias y diferencias que la región nunca terminó de atacar en sus raíces ni erradicar de cuajo.
“En Perú el que tenía dinero se salvaba, el que no, esperaba la muerte”, le dijo con crudeza a Redacción Mayo el periodista Javier Romero, quien reflejó en su momento las consecuencias de la falta de oxígeno para hacer frente al Covid en su país, uno de los de mayor cantidad de víctimas fatales en el mundo, en proporción a su cantidad de habitantes.
Pero ni esa dramática constatación de brechas sociales, ni las disputas políticas y entre poderes que se saldaron con siete presidentes en los últimos seis años y una inestabilidad institucional que intercaló destituciones, vacancias y renuncias de mandatarios o disoluciones de un desprestigiado Congreso parecen importar a quienes ponderan o se jactan de los números de la macroeconomía peruana. Es como si hubiera dos realidades paralelas en las que por un lado quienes detentan el poder real (entre ellos las poderosas mineras transnacionales) se ufanan del crecimiento y la fortaleza del sol, que no es precisamente el astro al que rendían culto los incas hasta la llegada de los conquistadores españoles.
La caída del maestro rural Pedro Castillo, vacado semanas atrás por el Congreso que horas antes él quiso disolver para convocar a nuevas elecciones y propiciar otra Constitución para el país, tiene muchos puntos oscuros. Tantos como las intenciones y el futuro de Dina Boluarte, la vice que asumió el mando y no vaciló en reprimir con el ejército las protestas del Perú profundo que denuncia un “golpe” y exige reponer al presidente depuesto.
“En el Perú coexisten un país del siglo 21, en los distritos limeños más acomodados, como Miraflores o San Isidro, con otro postergado y sumido en el siglo XIX, en Huancavelica y otras regiones del interior”, le dijo algunas vez a este cronista el analista político peruano César Hildebrandt.
Pobreza y desigualdades son asignaturas pendientes de esta parte del mundo. Las cifras macroeconómicas que alimentan los títulos de “milagro”, “crecimiento” o “prosperidad” a menudo se chocan con escenarios de informalidad y precarización a los que el año más duro de la pandemia y sus daños colaterales pusieron al desnudo.
Sin que pudiera hablarse de modo formal de “postpandemia”, la guerra en Ucrania planteó otro escenario conflictivo para la economía global, con impacto en el alza de una inflación atizada por la suba en los costos de la energía, los hidrocarburos y el precio de los alimentos.
Revertir tendencias
A pesar de una leve disminución en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantuvieron en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, según indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe “Panorama Social de América latina y el Caribe 2022”, presentado a fines de noviembre pasado en Santiago de Chile.
“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, señaló el documento de la CEPAL.
Traducido en cifras contundentes, en 2021 la tasa de pobreza de América latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (lo que supone una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos menos que hace dos años). Para este final de 2022, en tanto, la CEPAL proyectó que la pobreza afectará a un 32,1% de la población, es decir, unos 201 millones de personas. A su vez, la pobreza extrema alcanzará un 13,1%, que equivale a 82 millones de seres humanos, entre latinoamericanos y caribeños.
Pasando en limpio, el informe da cuenta de una leve disminución del nivel de pobreza y un pequeño aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, “debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación”. Las cifras implican que al cerrarse este año habrá 15 millones de personas más que estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia, y que el número de personas en pobreza extrema tendrá 12 millones más que el de 2019.
Otros datos y números preocupantes que arroja el relevamiento de la CEPAL son:
- Los niveles proyectados de pobreza extrema para 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región.
- Más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza.
- La tasa de pobreza de mujeres de entre 20 y 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países de Latinoamérica y el Caribe.
- Indígenas y afrodescendientes son el segmento más pobre por lejos.
- En 2021 la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini se redujo de manera leve y se situó, con 0,458 en guarismos similares a los de 2019.
- La desocupación proyectada para fines de este 2022 implica un retroceso de 22 años y afecta de manera especial a las mujeres: 9,5% en 2019, y 11,6% en el año que ya se va.
“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, sostuvo José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, al presentar el documento. “No se han logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, advirtió Salazar, al tiempo que llamaba a los países a invertir y transformar los sistemas educativos.
Tras repasar lo que supuso el “apagón educativo” en países o zonas sin conectividad o con escaso margen para llevar adelante una enseñanza virtual la CEPAL alertó sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región.
Por más inversión social
Según el organismo de las Naciones Unidas, el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada en América latina y el Caribe aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020. Las mujeres jóvenes afectadas por esta realidad representan un 36% de ese universo, frente a un 22% de los varones.
Alguna vez el chileno Sergio Bitar, quien se desempeñara como ministro de diferentes carteras en los gobiernos de Salvador Allende, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, le dijo a este cronista que admiraba al sistema educativo argentino entre otras cosas por su transversalidad y la posibilidad de que compartieran primarias, secundarias o universidades estudiantes que provenían de diferentes orígenes sociales, económicos o políticos. Ponderaba esa interacción como forma de achicar brechas y fortalecer una democracia.
Mantener ese tipo de sistemas, como herramienta de progreso y superación de desigualdades incluye tal vez tomar conciencia de que lo que algunas doctrinas describen como “gasto” o “costo social” apenas es una inversión con miras a mejorar el futuro o descomprimir el presente.
“No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas”, insistió el secretario ejecutivo de la CEPAL antes de exhortar a “nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región”.
Una larga deuda que traspasa fronteras y debiera ser de atención prioritaria para todos.
