Inseguridad Alimentaria
El derecho a la alimentación no solo implica una protección contra el hambre sino también el derecho a tener alimentos adecuados y accesibles, física y económicamente, en todo momento, y en cantidad suficiente para llevar una vida saludable. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) define a la seguridad alimentaria como aquella situación en la que “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Cuando esto no se cumple se origina el problema de la inseguridad alimentaria.
Hay dos tipos de inseguridad alimentaria: moderada y grave. Las personas que padecen inseguridad alimentaria moderada son aquellas que por falta de dinero o recursos se ven obligadas a reducir su consumo de alimentos durante un periodo de tiempo que puede extenderse a un año, se reduce la calidad o la cantidad de productos de manera tal que se alteran los hábitos alimentarios. En el caso de las personas que afrontan una inseguridad alimentaria grave es probable que se hayan quedado sin alimentos, hayan experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, hayan pasado varios días sin comer poniendo en grave riesgo su salud y bienestar.
En Argentina, la situación de inseguridad alimentaria en la población de niños/as y adolescentes entre 2010 y 2020 se incrementó en 12,5 puntos porcentuales, tomando los años de punta del período, según indica el documento estadístico "Nuevos retrocesos en las oportunidades de desarrollo de la infancia y adolescencia. Tendencias antes y durante la pandemia de Covid-19" del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA aborda entre sus dimensiones los derechos a la alimentación y a la educación de niños, niñas y adolescentes en sus diferentes ciclos vitales: 0-4 años, 5-12 años y 13-17 años. Su último informe realizado en 2021 indicó que la inseguridad alimentaria se incrementó casi 4 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. El incremento de la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos en el contexto de la crisis reciente ASPO - COVID-19 se registró especialmente en los niños/as en edad escolar y de modo particular en los adolescentes (36.4% y 35.4%, respectivamente).
Los efectos de la inseguridad alimentaria pueden permanecer en el tiempo afectando la calidad de vida. La OMS y UNICEF advierten que la ausencia de una alimentación saludable durante la infancia, incide en el crecimiento psicofísico, cognitivo y el desarrollo integral de niñas y niños a futuro. Las consecuencias son preocupantes: una mala o escasa alimentación puede generar enfermedades crónicas; puede ocasionar retrasos en el crecimiento como por ejemplo, no alcanzar el peso y la altura que corresponde a su edad; puede reducir su rendimiento escolar por fatiga, desinterés y cansancio.
Con hambre no se puede estudiar
La Ley de Educación Nacional 26.206 sancionada en 2006, establece que la educación es un derecho garantizado por el Estado desde los 4 años hasta la terminación del nivel secundario.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondiente al primer semestre de 2021, un 31,2% de los hogares está por debajo de la línea de la pobreza: 2.895.699 hogares, que incluyen a 11.726.794 personas. El informe "Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en Argentina" de UNICEF Argentina advierte sobre la infantilización de la pobreza. Los datos del primer semestre de 2021 encontraron al 54,9% (7,2 millones) de las niñas, niños y adolescentes residiendo en hogares con ingresos insuficientes, es decir, en situación de pobreza monetaria; mientras que 2,2 millones (el 16,8%) viven en situación de pobreza extrema monetaria. Para los niños, las niñas y adolescentes que viven en estos hogares, estudiar es el primer paso para salir de esa situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Por la inestabilidad económica, la escuela pública argentina tiene una doble función: garantizar los procesos de enseñanza - aprendizaje y proveer gratuitamente de una buena alimentación a sus estudiantes. En Argentina, la cobertura alimentaria gratuita en el espacio escolar alcanza a casi el 50% de los chicos/as en la primaria y al 30% en la secundaria (según datos del Observatorio de Deuda Social de la UCA). Esta situación se replica en toda América Latina y el Caribe, donde se estima que 85 millones de niños/as reciben alimentos de los Programas de Alimentación Escolar (PAE), tal como señala un informe de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo.
El programa de alimentación escolar argentino tiene un alcance federal, en cada ciudad donde hay una escuela pública los alumnos y las alumnas pueden alimentarse, al menos con una comida por día, de lunes a viernes. Pero en el marco de la pandemia por Covid - 19 la deserción escolar también impactó en la alimentación, una encuesta realizada por UNICEF Argentina en 2021 marca que “el 6% de los hogares afirmó que algún niño, niña o adolescente que vive en el hogar abandonó la escuela durante 2020 (al menos 357 mil chicos y chicas) y el 19% de los que abandonaron, afirmó no haber retornado en 2021 (al menos 67 mil)”.
La vinculación entre alimentación y educación es clara: con hambre no se puede estudiar, y sin estudios no se puede salir de la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año.
La educación alimentaria puede transformar prácticas
Para superar la inseguridad alimentaria es imprescindible no solo tener el acceso a los alimentos sino también tener control de la producción y el comercio. Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. La propuesta de la FAO apunta a integrar la producción local a las políticas alimentarias escolares, esta incorporación generaría beneficios para la economía local al “proporcionar una demanda estructurada, mercados estables y oportunidades de ingresos”.
La escuela es una institución que tiene la función y la capacidad de formar ciudadanos/as. Los programas y las políticas escolares pueden prevenir y combatir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, de la misma manera que pueden alentar a las familias a apoyar a los agricultores y a los mercados locales que producen en el marco de un modelo sustentable y sostenible contemplando el cuidado del medio ambiente.
La FAO considera que desde la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) es posible transformar los entornos alimentarios de la sociedad en su conjunto. “El entorno alimentario escolar comprende todos los espacios, la infraestructura y las condiciones dentro de las instalaciones escolares y fuera de ellas en que se encuentran, se obtienen, se compran o se consumen alimentos (pequeñas tiendas, quioscos, comedores, vendedores de alimentos, máquinas expendedoras), así como la composición de esos alimentos. También incluye la información disponible sobre los alimentos, y la promoción y el precio de los mismos (comercialización, publicidad, marcas, etiquetas de los alimentos, envases, promociones, etc.). El entorno alimentario determina el grado en que ciertos alimentos están disponibles, son asequibles y convenientes y resultan deseables” (FAO, 2020).
Un entorno alimentario escolar saludable permite y alienta a la comunidad escolar (niños, adolescentes, familias, personal escolar, etc.) a tomar decisiones que contribuyan con una mejor alimentación. Con una educación alimentaria las comunidades pueden lograr cambios en la vida cotidiana. En todos los espacios donde se consumen alimentos hay socialización, por lo que los momentos de alimentación en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en los clubes y lugares similares, son instancias de aprendizaje colectivo donde pueden afianzarse las buenas prácticas alimentarias.
